El 4 de diciembre, 14 estados presentaron un recurso ante la Corte Suprema en apoyo de la iniciativa de la administración Trump de reiniciar las ejecuciones federales.
Todos los estados permiten la pena capital, algo que en otros estados ya no se permite ni siquiera para los crímenes más atroces.
«La firmeza en las sentencias penales es esencial para promover el imperio de la ley y para proteger a las víctimas de delitos capitales de mayores daños», dijeron los estados en el informe, según The Hill.
Cinco de los estados —Arizona, Georgia, Idaho, Missouri y Texas— le dijeron al alto tribunal del país que los funcionarios habían utilizado pentobarbital en las ejecuciones.
La administración Trump anunció a principios de este año que programó las primeras ejecuciones federales después de una pausa de 16 años. Los funcionarios decidieron utilizar una sola droga, el pentobarbital, para llevar a cabo las ejecuciones, en lugar de una mezcla de varias drogas que era cada vez más difícil de conseguir.
Pero un juez federal impidió que se llevaran a cabo las ejecuciones.
«Los demandantes han demostrado claramente que, en ausencia de medidas cautelares, sufrirán el daño irreparable de ser ejecutados bajo un procedimiento potencialmente ilegal antes de que sus reclamos puedan ser adjudicados en su totalidad», escribió en el fallo la magistrada Tanya S. Chutkan, nombrada por Obama. Dijo que el gobierno necesita utilizar todos los métodos que los estados utilizan para las ejecuciones en virtud de la Ley Federal de Pena de Muerte.
Una corte de apelaciones dictaminó el 2 de diciembre que la juez procedió correctamente.
El procurador general Noel Francisco presentó una apelación al día siguiente.
«La decisión del tribunal de distrito no tiene mérito. Durante prácticamente toda la historia de Estados Unidos, comenzando con la Ley de Delitos de 1790, se ha entendido que las referencias legales federales a la ‘manera’ de imponer la pena de muerte se refieren solo al ‘modo de ejecución'», escribió Francisco a la Corte Suprema.
«Según el razonamiento del tribunal, un estado podría vetar efectivamente una ejecución federal simplemente haciendo que no hubiera funcionarios estatales o recursos disponibles que son requeridos por la ley estatal para la ejecución. Incluso un estado que cooperara de otro modo podría evitar una ejecución federal al negarse a revelar ciertos procedimientos de ejecución o proveedores de drogas», agregó.
Los estados que apoyaron al presidente Donald Trump fueron Arizona, Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Texas y Utah.
«Tenemos la obligación de defender el imperio de la ley y garantizar el cumplimiento de las sentencias de muerte», dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en un comunicado. «No podemos concentrarnos demasiado en los criminales convictos y perder de vista a las víctimas inocentes. Una ejecución no puede traerlos de vuelta, pero puede ayudar a proporcionar paz y cierre a sus seres queridos y a nuestra comunidad. El crimen final merece el castigo final porque es lo que exige la justicia».
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