Texas y otros 13 estados han presentado una solicitud de emergencia, ante la Corte Suprema, pidiendo que se les permita defender la llamada regla de carga pública en los procedimientos judiciales. La petición se presentó después de que la administración Biden decidiera no defender la regla en los tribunales.
La regla de carga pública, que requiere que los inmigrantes potenciales puedan mantenerse económicamente, ha sido muy litigada en los tribunales federales. La Corte Suprema suspendió la orden judicial de un tribunal inferior contra la regla, en enero de 2020, lo que permitió que se hiciera cumplir, mientras se espera la resolución de la apelación del gobierno en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.
Tras una vigorosa oposición de la izquierda, la administración Trump revivió la regla cuya aplicación había caído prácticamente en desuso en los últimos años. Los críticos dicen que la regla pro-contribuyente es xenófoba y discrimina a los extranjeros pobres.
El principio de carga pública, es decir, la idea de que los inmigrantes deben demostrar que pueden salir adelante sin convertirse en pupilos del gobierno, ha formado parte de la experiencia estadounidense durante siglos.
Las disposiciones sobre carga pública han sido parte de la ley de inmigración de EE.UU. desde, al menos, 1882. Una de las primeras leyes de carga pública conocidas se promulgó en 1645, en el Massachusetts colonial. A fines del siglo XVII, muchas colonias estadounidenses examinaron a los posibles inmigrantes y exigieron pagos a los que consideraban que podrían convertirse en cargas públicas
El caso del Tribunal Supremo se llama: Texas contra el condado de Cook, Illinois, expediente judicial 20A150. La solicitud de 308 páginas para intervenir y suspender una sentencia del 2 de noviembre de 2020 del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois se presentó ante el Tribunal Supremo el 26 de marzo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ordenó a los demandados, incluido el gobierno federal, que presenten una respuesta a la solicitud ante la Corte Suprema antes del 9 de abril.
Los fiscales generales estatales republicanos que presentaron la solicitud ante la Corte Suprema dicen que el gobierno de Biden es negligente en sus deberes y decidió dejar que un fallo adverso a la regla se mantenga, sin considerar los intereses de sus estados.
“Los intereses de los estados en este asunto estuvieron adecuadamente representados por los Estados Unidos durante la Administración anterior. Pero el 9 de marzo, y sin avisar a los estados ni a otras partes interesadas, la Administración Biden acordó desestimar voluntariamente” la defensa a la Norma, señala la solicitud presentada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
“Al no haber recibido notificación de este dramático cambio de posición, los estados actuaron rápidamente para reivindicar sus intereses. Apenas dos días después de las desestimaciones voluntarias, presentaron todas las mociones necesarias para intervenir en este asunto con el fin de defender esos intereses y la regla de carga pública. El Tribunal de Apelaciones denegó esas mociones sin explicación”.
La decisión del gobierno federal de abandonar su defensa de la norma «deja a los estados con un interés vital sin defender por la parte que normalmente se encargaría de defender su propia norma. Al estipular la desestimación sin notificar a los estados afectados, los Estados Unidos han perjudicado los intereses concretos de los estados y ha puesto fin a las protecciones procesales que, de otro modo, habrían estado disponibles para los estados…»
“Los intereses de los estados se ven afectados de manera vital aquí”, dice la solicitud.
“En particular, los estados tienen intereses importantes en conservar su Medicaid y los presupuestos de bienestar social relacionados. Satisfacer las necesidades de atención médica de las personas económicamente desfavorecidas representa una parte sustancial de los presupuestos estatales. Por ejemplo, en Texas, en 2020, más de 4 millones de tejanos dependían de Medicaid”.
Los estados solicitantes en el procedimiento de la Corte Suprema son Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental.
El 9 de marzo, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU. levantó la suspensión de la decisión del 2 de noviembre de 2020 del Tribunal de Distrito de EE.UU., la cual anulaba la regla de carga pública en todo el país, una medida que permitió que la invalidación de la regla, por parte del tribunal de distrito, entrara en vigencia.
Como resultado del fallo, el 9 de marzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejó de hacer cumplir la regla. Antes de eso, el 2 de febrero, el presidente Joe Biden había indicado que estaba considerando abandonar la regla. Ese día emitió la Orden Ejecutiva 14012, que ordenó a los funcionarios del gobierno que revisaran la regla.
Antes de eso, el 22 de febrero, la Corte Suprema había acordado escuchar la apelación del gobierno federal a una decisión de un tribunal inferior contra la regla, en el caso del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) contra Nueva York, expediente judicial 20-449, que comenzó cuando Donald Trump era presidente.
El gobierno de Biden retiró la apelación que provenía de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La Corte Suprema ordenó la desestimación del caso el 9 de marzo luego de que las partes en el proceso legal firmaran una estipulación conjunta de desestimación.
El 10 de marzo, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, un republicano, presentó una moción para intervenir, en una demanda separada, que involucra la regla de caga pública y cuyo proceso está pendiente en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, como lo informó anteriormente The Epoch Times.
“Es inconcebible abrumar a nuestra infraestructura y al personal de inmigración cuando estamos lidiando con la devastación económica y sanitaria de la pandemia”, dijo Brnovich en ese momento.
Once estados, incluido Arizona, firmaron la moción.
La procuradora general interina, Elizabeth B. Prelogar, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
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