Una coalición de 17 fiscales generales estatales exige que el Departamento de Justicia de EE. UU. rescinda de inmediato un memorando reciente que, según ellos, «enfriaría la disidencia legal de los padres expresada durante las reuniones de la junta escolar local».
El memorando del Departamento de Justicia, el cual ha sido el centro de muchas críticas desde su publicación el 4 de octubre, ordena al FBI que trabaje con los gobiernos estatales y locales para abordar un presunto «aumento perturbador en el acoso, la intimidación y las amenazas de violencia» contra maestros y líderes escolares. Esto se produjo poco después de que la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) instó a la administración Biden a invocar leyes antiterroristas para manejar las «turbas enojadas» de padres que buscan responsabilizar a los funcionarios escolares por la enseñanza de la teoría crítica marxista de la raza y por imponer restricciones sobre la COVID-19 a sus hijos.
En una carta (pdf) enviada el lunes al presidente Joe Biden y al fiscal general Merrick Garland, los directores legales argumentaron que el memo no parece estar basado en hechos, sino en una narrativa defectuosa de la NSBA, que describía las interrupciones en las reuniones de la junta escolar como amenazas violentas similares al «terrorismo nacional».
“La gran mayoría de los incidentes que cita la NSBA involucraron conducta disruptiva y desordenada en lugar de amenazas”, dice la carta. «De hecho, en ningún caso conocido, ha habido algo parecido a los incendios, saqueos, asaltos policiales, vandalismo y otras actividades delictivas que ocurrieron en el verano de 2020».
La carta se refería a los disturbios que involucraron al grupo anarcocomunista Antifa y al grupo marxista Black Lives Matter.
«Son escasas las amenazas y violencia concretas hacia los administradores escolares, los miembros de la junta, los maestros o el personal», señalaron los fiscales generales, y agregaron que ya hay suficientes recursos penales y civiles disponibles, sin la necesidad de que el FBI intervenga en «lo que es un problema local».
Los fiscales generales declararon además que el memorando del Departamento de Justicia “probablemente intimide a los padres”, quienes en muchos casos están, por primera vez, ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda a hablar en un foro público.
“Nosotros como país deberíamos celebrar su participación en nuestro sistema de autogobierno, no silenciarlos acusándolos de ‘terrorismo interno’ y amenazarlos con la perspectiva de que el FBI llame a su puerta para investigar sus actividades”, agregaron.
La carta fue escrita por el Fiscal General de Indiana, Todd Rokita, y firmada conjuntamente por los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Utah.
La carta llega mientras las organizaciones de la junta escolar en al menos una docena de estados se distanciaron de la NSBA, citando el desacuerdo sobre la forma en que caracteriza a los padres preocupados. Las juntas escolares de Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Montana, Carolina del Norte, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia han emitido declaraciones en contra de la carta de la NSBA a la administración de Biden, o al memorando de Garland, o ambos.
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