En medio de la aceleración de la mayor remodelación de la cúpula del régimen chino antes del 20º Congreso Nacional, los recientes nombramientos de dos delegados del Partido Comunista Chino (PCCh) suscitaron gran preocupación en la comunidad internacional por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China.
El Congreso Nacional es, teóricamente, el máximo órgano del PCCh y se celebra una vez cada cinco años, en el que se discuten y finalizan los cambios de la cúpula del Partido y la Constitución del mismo. El 20º Congreso Nacional se celebrará en otoño de 2022, sin que se haya anunciado la fecha exacta.
El 19 de octubre, el Departamento de Organización del PCCh, que supervisa el personal de alto nivel y es uno de los órganos más poderosos del PCCh, anunció el ascenso de Wang Junzheng al puesto de secretario del Partido en el Tíbet, el cargo más alto de la región. Antes de este ascenso, Wang era el secretario del Partido del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), un grupo paramilitar de Xinjiang, acusado de graves violaciones de los derechos humanos.
Una semana después, el 26 de octubre, el periódico estatal People Daily reportó que Chen Quanguo había sido elegido de nuevo secretario del Partido de la región occidental de Xinjiang en una sesión plenaria del Comité del Partido de la región.
Tanto Wang como Chen figuran en las listas de sanciones de varios países occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, por violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet.
Chen Quanguo, de 66 años, ocupó su primer cargo como secretario del Partido en Xinjiang de 2016 a 2021. Antes de eso, era conocido por su estilo de «puño de hierro» al regir el Tíbet de 2011 a 2016, cuando era el secretario del Partido de la región.
Una de sus prácticas públicamente conocidas en el Tíbet fue la instalación de comisarías cada 500 metros, según los investigadores.
En 2018, un grupo de enviados occidentales en Beijing pidió «una explicación sobre los presuntos abusos de derechos contra la etnia uigur» en una carta dirigida a Chen Quanguo, según reportó Reuters en noviembre de 2018.
En una declaración conjunta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmada por Freedom House y otros 18 firmantes el 13 de febrero de 2019, estas organizaciones solicitaron a la ONU que investigara «las alegaciones creíbles de que hasta un millón de musulmanes turcos están siendo detenidos arbitrariamente en campos de ‘educación política’ en todo Xinjiang». Los detenidos de los campos de educación son «sometidos a un adoctrinamiento político forzado, a la renuncia de su fe, a maltrato y, en algunos casos, a la tortura», señala el comunicado.
Debido a los «graves abusos contra los derechos de las minorías étnicas» en Xinjiang, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 9 de julio de 2020 a Chen Quanguo, a otros tres funcionarios del PCCh y a una entidad gubernamental del PCCh por su relación con los abusos contra los derechos.
Ahora, Wang, de 58 años, ha sido ascendido al máximo cargo del PCCh en el Tibet, el de secretario del Partido, que Chen ocupaba anteriormente.
Al igual que Chen, Estados Unidos, Reino Unido y la UE, así como Canadá, sancionaron a Wang en 2021.
Yuan Hongbing, experto en derecho chino con sede en Australia, dijo que el régimen chino ha mantenido a Chen en Xinjiang y ha promovido a Wang al Tíbet porque han estado relacionados con abusos de los derechos humanos y han sido sancionados por las comunidades internacionales.
«El PCCh los necesita en su lugar para demostrar que está contrarrestando las sanciones», dijo Yuan en una reciente entrevista con la edición en idioma chino de The Epoch Times. «Lo que le importa a Xi Jinping es si son leales a Xi y si son útiles para demostrar la dura postura del PCCh contra Occidente».
Con información de Ning Haizhong, Luo Ya y Daniel Holl.
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