Una coalición de estados ha presentado una demanda contra el presidente Joe Biden y su administración por la decisión del mandatario de revocar el permiso para el oleoducto Keystone XL.
Liderados por Texas y Montana, 21 estados han presentado conjuntamente una demanda contra Biden argumentando que el presidente no tenía autoridad para cambiar unilateralmente una política energética que el Congreso había establecido cuando revocó el permiso durante su primer día en el cargo.
La demanda argumenta que solo el Congreso posee el poder de regular el comercio interestatal e internacional, incluyendo la concesión o rechazo de permisos para oleoductos que cruzan una frontera internacional.
«Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden se ha propuesto deshacer todos los avances de la administración anterior, con total desprecio por los límites constitucionales de su poder. Su decisión de revocar el permiso del oleoducto no solo es ilegal, sino que también devastará los medios de vida de miles de trabajadores, sus familias y sus comunidades», dijo Paxton en un comunicado el miércoles.
«Esta administración sigue pregonando imaginarios puestos de trabajo de energía verde, sin reconocer que sus acciones en el mundo real harán imposible que los estadounidenses que trabajan duro puedan poner comida en la mesa», añadió.
El Keystone KL, que se iba a construir como una extensión de un sistema de oleoductos ya existente, fue diseñado por TC Energy Corporation para transportar aproximadamente 830,000 barriles de petróleo desde Canadá y Montana hasta cruces en el centro de Estados Unidos, así como a refinerías en Houston.
El permiso para construir el tramo de 1.2 millas del oleoducto que fue revocado fue aprobado por el presidente Donald Trump en 2019.
La construcción y la operación del oleoducto fueron modeladas para crear y mantener miles de puestos de trabajo y hacer avanzar a Estados Unidos hacia el logro de la independencia energética. También se diseñó para mejorar las relaciones comerciales con Canadá y proporcionar ingresos fiscales a zonas de alta pobreza.
En su orden ejecutiva firmada en enero, Biden dijo que la revocación era necesaria porque el oleoducto «perjudica el interés nacional de Estados Unidos».
«Estados Unidos y el mundo se enfrentan a una crisis climática», decía la orden. «En casa, combatiremos la crisis con un ambicioso plan para volver a construir mejor, diseñado tanto para reducir las emisiones dañinas como para crear buenos puestos de trabajo de energía limpia. Nuestros planes internos deben ir de la mano del compromiso diplomático de Estados Unidos. Dado que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero se originan fuera de nuestras fronteras, ese compromiso es más necesario y urgente que nunca.
«Mantener en vigor el permiso del oleoducto Keystone XL no sería coherente con los imperativos económicos y climáticos de mi administración», añadió Biden.
El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, argumentó que no se percibe ningún «beneficio medioambiental en sus acciones».
«Su intento de cancelar el oleoducto Keystone XL es un postureo ético vacío para sus ricos donantes de la élite costera. Muestra el desprecio de Biden por las comunidades rurales de Montana y de otros estados a lo largo del recorrido del oleoducto que se beneficiarían del proyecto y lo apoyarían», dijo Knudsen en un comunicado.
Otros críticos han dicho que la prohibición no impediría la producción de petróleo, que se transportaría por ferrocarril o por camión en lugar de por el oleoducto.
Los estados de Texas argumentan que Biden no les consultó antes de tomar su decisión, «ni consideró las consecuencias de gran alcance que su decisión impondría a los demandantes».
«Los Estados del oleoducto, así como sus condados, comunidades locales y distritos escolares, iban a ganar decenas de millones de dólares en ingresos fiscales con la construcción y explotación del Keystone XL. El total estimado de impuestos sobre la propiedad del proyecto Keystone XL en el primer año completo de operaciones sería de aproximadamente 55.6 millones de dólares repartidos en 27 condados de solo tres Estados: Montana, Dakota del Sur y Nebraska», afirma la demanda (pdf).
«Estos ingresos beneficiarían especialmente a las zonas rurales más pobres, proporcionando una afluencia de recursos muy necesaria para financiar importantes servicios públicos y comunitarios».
La revocación del permiso, prosiguen los estados, les costará a ellos y a sus comunidades «decenas de millones de dólares en ingresos fiscales anuales», así como oportunidades de negocio y empleo para los residentes.
Los estados piden al tribunal federal de Texas que declare que la Administración Biden actuó de forma ilegal e inconstitucional cuando revocó el permiso, y pretenden impedir que la Administración Biden aplique la orden que suspende el permiso del Keystone XL.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Los otros estados que se han unido a la demanda son Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
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