Una coalición de 22 estados liderada por fiscales generales republicanos pidió a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos que se pronuncie contra el intento de California de prohibir los cargadores con más de 10 cartuchos.
«Los políticos californianos vuelven a hacer de las suyas, convencidos de que sus agendas deben pasar por encima de los derechos constitucionales del pueblo», dijo el fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, en una declaración, al presentar un escrito amicus curiae en el caso.
Y añadió: «Los intentos de socavar la Segunda Enmienda o cualquiera de nuestros derechos y libertades civiles deben ser recibidos con un profundo escepticismo y una vigorosa oposición».
El fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry, que lidera el desafío legal con Brnovich, dijo en una declaración que «los legisladores de izquierda radical en California y más allá» están tratando de «anular legislativamente nuestros derechos constitucionales».
California prohibió en 2016 los llamados cargadores de «alta capacidad» con 10 cartuchos o más. Un juez federal dictaminó posteriormente que la medida es inconstitucional, antes de que un panel de tres jueces del 9º Circuito confirmara el fallo de ese juez. En febrero, el panel completo del 9º Circuito, compuesto por 11 miembros, acordó volver a escuchar el caso.
«Los cargadores de gran capacidad se han utilizado en muchos horribles tiroteos masivos en todo el país, incluso aquí mismo, en California», declaró el entonces fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, en febrero, después de que el tribunal aceptara volver a juzgar el caso. «Por eso, la decisión de hoy del Noveno Circuito de volver a juzgar este caso es fundamental; es el siguiente paso en la defensa de las leyes de armas de sentido común de nuestro estado».
La oficina del fiscal general dijo entonces que los cargadores de mayor capacidad «han sido utilizados en numerosos y horribles tiroteos masivos en todo el país, incluyendo el trágico tiroteo en el Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks en 2018, y el tiroteo en el Inland Regional Center en San Bernardino en 2015». California prohibió la fabricación de estos cargadores en el año 2000.
Pero en el escrito, los estados argumentaron que el derecho a portar armas protege a las personas en zonas de alta criminalidad o desfavorecidas donde las fuerzas de seguridad podrían ser incapaces de responder de manera oportuna.
«No debe permitirse a California invadir los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos, y este tribunal no debe poner en peligro los derechos de los ciudadanos de este Circuito y de otros estados con su análisis», afirmaba el escrito. En definitiva, argumentaron que la ley de California viola la Segunda Enmienda de la Constitución.
La medida se produce después de que el presidente Joe Biden y los principales demócratas del Congreso hayan dicho que es necesario tomar más medidas sobre el control de las armas, incluida la prohibición federal de los cargadores con más de 10 cartuchos, tras los tiroteos de Atlanta y Colorado del mes pasado.
Biden también pretende prohibir las llamadas «armas de asalto» y dijo a los periodistas en la Casa Blanca que, cuando fue senador durante décadas, logró que se aprobaran medidas de control de armas, incluida la prohibición federal de las armas de asalto de 1994, que expiró 10 años después. El término «armas de asalto» ha sido criticado por varios grupos defensores de los derechos de las armas, que han dicho que el término es intencionadamente difuso, al tiempo que señalan que los estados tienen definiciones y requisitos individuales para lo que constituye un «arma de asalto».
El caso es Duncan contra Rodriquez, No. 19-55376.
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