Un grupo de fiscales generales estatales está instando al Senado a que celebre inmediatamente una audiencia y vote para confirmar a la jueza nominada, Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema.
El presidente Donald Trump anunció el 26 de septiembre la nominación de Barrett para ocupar el puesto que quedó vacante tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, poco más de un mes antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, lideró el jueves a un grupo de 22 fiscales generales estatales para presionar al Senado para una audiencia de confirmación y votación.
En un comunicado, Landry dijo que él y sus colegas están «pidiendo al Senado que cumpla con su deber para con el pueblo estadounidense y vote de inmediato para confirmar a Amy Coney Barrett».
“Originaria de Metairie y exalumna de St. Mary’s Dominican High School, la juez Barrett encarna los valores de nuestro estado y el respeto por el estado de derecho”, dijo.
En la carta (pdf) dirigida al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.); al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.); al presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham (R-S.C.); y a la miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, la senadora Dianne Feinstein (D-Calif.); la coalición de fiscales generales enfatizó que Barrett “tiene las aptitudes, la experiencia y la filosofía judicial para ser una jueza asociada sobresaliente”.
“La jueza Barrett es una distinguida estudiosa del derecho y una jueza de apelación excepcional con un historial de interpretación de la Constitución de acuerdo con su proyecto y sentido público original”, escribieron.
El grupo detalló los antecedentes de la juez Barrett, incluida la forma en que Barrett había obtenido una beca de matrícula completa para asistir a la Facultad de Derecho de Notre Dame, donde se graduó como la mejor de su clase.
Barrett también fue secretaria del difunto juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, y se desempeñó como profesora de derecho durante quince años, donde «se ganó la reputación de ser una destacada experta en derecho constitucional y una académica prolífica», señaló el grupo, y agregó que desde entonces ha estado sirviendo “con distinción” como jueza de la corte de apelaciones del Séptimo Circuito.
También notaron cómo Barrett tuvo un amplio apoyo entre sus colegas y estudiantes de Notre Dame, y cómo recibió apoyo bipartidista sobre su nominación al Séptimo Circuito.
“Tan impresionante como su experiencia es el compromiso inquebrantable de la jueza Barrett con una filosofía judicial que prioriza la moderación, la humildad y el respeto por el estado de derecho”, dijeron Landry y sus colegas a los líderes del Senado.
Mencionaron los comentarios de Barrett en su nominación al Séptimo Circuito en 2017, donde dijo que no es el papel de los jueces «imponer [sus] propias convicciones personales a la ley».
La coalición reconoció que algunos expresan preocupación sobre que los senadores “no tendrán tiempo suficiente para considerar adecuadamente” las aptitudes de Barrett antes de las elecciones. Sin embargo, refutaron la preocupación, diciendo: «La historia y los precedentes demuestran que eso es falso». Señalaron cómo se confirmó a Ginsburg 42 días después de su nominación, la jueza Sandra Day O’Connor fue confirmada 33 días después de que fuera nominada y el juez John Paul Stevens fue confirmado 19 días después de su nominación.
El grupo afirmó que Trump y el Senado están bien posicionados para nominar y celebrar una votación y audiencia de la candidata para jueza de la Corte Suprema, citando una carta de 2016 que los fiscales generales de California, Nueva York y otros 17 estados enviaron al Senado, que decía: “La Constitución establece claramente el proceso para cubrir una vacante en la Corte Suprema. El presidente tiene el deber de hacer una nominación».
La carta también decía que el Senado entonces «tiene la responsabilidad de considerar y aprobar o desaprobar la nominación», y que ese proceso es «la ley y debe seguirse».
Landry firmó la carta con sus colegas fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Graham, anunció el 27 de septiembre que las audiencias de confirmación de Barrett comenzarán el 12 de octubre y comenzarán la primera ronda de preguntas para la jueza el 13 de octubre, acompañadas de los testimonios de personas que conocen a Barrett. Las audiencias tendrán una duración prevista de tres a cuatro días.
El líder de la mayoría del Senado, McConnell, dijo que el nominado de Trump obtendrá una votación en el Senado este año, aunque no se ha comprometido a votar antes de las elecciones. Como parte del proceso de investigación del Senado, Barrett comenzó a reunirse con los senadores el 29 de septiembre.
La miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, Feinstein, y varios otros demócratas pidieron formalmente el miércoles al Senado que se retrasara la consideración de la nominación de Barrett «hasta después de la toma de posesión presidencial». Ella alegó que «el plazo para la consideración de la nominación del juez Barrett es incompatible con el papel constitucional del Senado».
Si se confirma, Barrett inclinaría aún más a la Corte Suprema a favor de los conservadores, dándoles una ventaja de 6 frente a 3 en la corte de nueve miembros. La confirmación podría tener implicaciones de gran alcance en temas como el aborto, Obamacare, derechos de armas e impugnaciones al resultado de las elecciones de 2020.
Con información de Emel Akan y Zachary Stieber.
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