Fiscales generales de 24 estados presentaron una demanda contra la administración de Joe Biden desafiando las órdenes de vacunación COVID-19 para el personal de la educación básica y los requisitos de mascarillas a los niños pequeños.
La demanda dirigida por el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry (pdf), sostiene que las órdenes relacionadas al programa Head Start (Primeros Pasos), el mayor programa de educación infantil del país, son ilegales y exceden la autoridad legal del presidente Biden.
La orden de vacunación de Biden, emitida el mes pasado, se aplica a todos los programas preescolares financiados por el programa federal Head Start y afecta a cientos de miles de empleados, voluntarios y alumnos del sistema preescolar de todo el país. El decreto obliga a vacunar al personal, a los voluntarios y a las otras personas en contacto con los alumnos antes de finales de enero y a exigir el uso de mascarillas en todos los adultos y niños de dos años o más.
La orden no ofrece ninguna alternativa a las vacunas y a quienes se les conceden exenciones no les otorgan fondos para las pruebas periódicas de detección del virus. Esta orden además se aplica al personal, independientemente de que trabaje en persona o a distancia.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporciona fondos a las familias de bajos ingresos con niños en edad preescolar en el marco del programa federal Head Start.
La demanda argumenta que se prevé que la orden del presidente haga que decenas de miles de empleados de las agencias de Head Start pierdan sus puestos de trabajo y que los programas cierren o reduzcan su capacidad.
«Al igual que todos sus otros intentos ilegales de imponer decisiones médicas a los estadounidenses, las órdenes exageradas de Biden del uso obligado de mascarillas en niños de dos años y la vacunación obligatoria para los maestros en nuestras comunidades desatendidas costarán puestos de trabajo e impedirán el desarrollo de los niños», dijo el martes el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, a través de una declaración. «Si se promulga, el autoritarismo de Biden recortará la financiación, los programas y el cuidado de los niños de los que dependen desesperadamente las familias trabajadoras, las madres solteras y los ancianos que crían a sus nietos».
Los 24 estados buscan bloquear la orden de la administración Biden, argumentando que es «arbitraria y caprichosa» y viola la Ley de Revisión del Congreso y la Décima Enmienda.
Los requisitos también violan el requisito la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el requisito de Notificación y Comentario, la Doctrina de No Delegación, la Doctrina Anti-Commandeering, la Cláusula de Gastos y la Ley de Asignaciones del Tesoro y del Gobierno General de 1999, según la demanda.
«Los niños de nuestra nación ya se han enfrentado a suficientes contratiempos y dificultades durante los dos últimos años; ellos no pueden permitirse otro ataque del gobierno a su desarrollo», dijo Landry. «Mi oficina ha tenido un gran éxito al bloquear las órdenes de Biden dirigidas a muchos estadounidenses que trabajan duro, y trabajaremos incansablemente para lograr las mismas victorias para los niños pequeños y los maestros».
La demanda fue presentada por los fiscales generales de Luisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Wyoming y Virginia Occidental.
Esta sostiene que es probable que el personal y los voluntarios abandonen el programa Head Start como consecuencia del mandato.
«Como resultado natural y previsible, algunos proveedores cerrarán y los niños de las familias de bajos ingresos de las zonas afectadas no tendrán acceso a la educación preescolar que el Congreso les garantizó y los niños a los que se les niegue el acceso a la educación preescolar perderán años cruciales de desarrollo», afirma.
También cita las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales «en función de la seguridad y el interés general del niño y de su capacidad para utilizar adecuadamente una mascarilla», «no debería exigirse el uso de mascarillas a los niños de 5 años o menos».
La denuncia a su vez cita al enfermero pediátrico Anthony Luczak, quien afirma que la obligación de llevar mascarilla a los niños puede causar problemas psicológicos y de salud.
El «requisito del uso de mascarillas por la amenaza de la pandemia es un refuerzo del miedo que directamente está provocando un estrés tóxico para la vida de los niños», afirma.
Además argumenta que dado que el programa federal no autoriza claramente la orden, la administración Biden «ha actuado «en exceso» de su autoridad constitucional y estatutaria».
«Como madre, estoy muy preocupada por los últimos decretos federales que se imponen al personal y a los alumnos de Head Start: los niños de tan solo dos años tendrán que llevar mascarillas y los profesores se verán obligados a vacunarse contra su voluntad», dijo la fiscal general de Florida, Ashley Mood, en una declaración. «Estoy luchando para detener esta extralimitación federal, al igual que he luchado para proteger a los floridanos contra las órdenes ilegales anteriores que nos impuso el gobierno federal».
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo a principios de este mes que «no permitirá que los tejanos sean coaccionados a vacunarse porque el gobierno federal les da un ultimátum para elegir entre su salud o la educación preescolar de sus hijos».
«Estos mandatos inconstitucionales no tienen cabida en nuestro país, y no son bienvenidos aquí en Texas», dijo Paxton.
The Epoch Times se puso en contacto con el gobierno de Biden para pedirle comentarios.
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