Fiscales federales de Carolina del Norte dijeron el viernes que otras 24 personas fueron acusadas en una investigación en curso sobre el fraude electoral, incluidos dos que están acusados de votar ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016.
Gabriela Guzmán-Miguel, de 26 años, y José Abraham Navarro, de 42 años, ambos de México, están acusados de haber votado a pesar de carecer del estatus legal para hacerlo, dijo la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte en una lista de acusados obtenida por The Epoch Times. La lista describía a ambos como extranjeros o inmigrantes.
Otros tantos demandados fueron acusados de reclamar falsamente la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar. Algunos también cometieron fraude de naturalización y uso indebido de visados, permisos y otros documentos relacionados con el registro de votantes, dijeron las autoridades.
Los acusados procedían de 15 países, entre ellos Honduras, Iraq y Canadá. Los cargos se remontan al otoño de 2019, aunque los casos acaban de ser revelados.
Los acusados se enfrentan a penas de cárcel y multas de hasta 350,000 dólares si son condenados.
Cada demandado fue acusado por separado y no hay cargos de conspiración, dijo la oficina del fiscal.
Robert Higdon, quien dirigió la oficina hasta hace poco, había perseguido agresivamente los casos de votación ilegal, citando los registros de la junta estatal de elecciones, y 44 juntas de condado en 2018.
La junta estatal calificó la citación como «excesivamente amplia, irrazonable y vaga». Aconsejó al fiscal general de Carolina del Norte, el demócrata Josh Stein, que anulara las citaciones.
Stein finalmente ordenó a la junta que adquiriera registros asociados con aproximadamente 789 personas que se habían registrado para votar—mucho menos de lo que Higdon, un nominado por Trump, había buscado.
Higdon anunció en 2018 cargos contra 19 ciudadanos extranjeros por votar en las elecciones de 2016 y el año pasado otro fiscal del estado reveló cargos por fraude electoral contra otros 19.
«El derecho a votar es un precioso privilegio disponible solo para los ciudadanos de Estados Unidos. Cuando un no ciudadano vota en una elección federal sirve para diluir y devaluar el voto de los ciudadanos estadounidenses y pone la autoridad de decisión del electorado estadounidense en manos de quienes no tienen derecho a tomar esas decisiones», dijo Higdon en un comunicado anterior.
Una auditoría realizada por la junta electoral del estado tras las elecciones de 2016 descubrió que 41 personas habían reconocido haber votado a pesar de no ser ciudadanos estadounidenses. Otros 61 que podrían haber votado ilegalmente no respondieron, mientras que otros 34, identificados en la auditoría, proporcionaron pruebas de ciudadanía.
«La información obtenida de quienes no son ciudadanos ilustra la complejidad de este trabajo. Varios no ciudadanos dijeron que no sabían que tenían prohibido votar. Las entrevistas y las pruebas demuestran que algunos no ciudadanos fueron mal informados sobre la ley por personas que realizaban campañas de registro de votantes o, al menos en un caso documentado, por un funcionario del distrito electoral local», afirma la auditoría.
«Una persona de 70 años que se registró ha vivido en Estados Unidos durante más de 50 años y creía que era ciudadana porque había estado casada con un ciudadano estadounidense».
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