Una coalición de 25 estados demandó a la administración Biden por una norma del Departamento de Trabajo que afecta a millones de cuentas de jubilación, anunciaron este miércoles los fiscales generales de varios estados implicados en la acción judicial.
La nueva norma, que entrará en vigor el 30 de enero, permite a los gestores de planes 401(k) invertir el dinero de sus clientes en fondos de criterios ESG, de factores medioambientales, sociales y de gobernanza, una medida que, según los 25 estados, viola la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 (ERISA).
De acuerdo a la demanda, la norma pone en peligro las cuentas de ahorro para la jubilación de 152 millones de trabajadores, o dos tercios de la población estadounidense, con un total de 12 billones de dólares en activos, en nombre de la promoción de la agenda climática de la administración Biden.
Los Estados argumentan que esto ocurre porque se modificó la norma que autoriza a los gestores de fondos (fiduciarios) a considerar y promover «beneficios no pecuniarios» (beneficios no relacionados con el dinero o las ganancias financieras) a la hora de tomar decisiones de inversión.
«En contra de la clara intención del Congreso, estos cambios facilitan que los fiduciarios actúen con motivos mixtos. También dificultan que los beneficiarios vigilen esa conducta», afirma la demanda (pdf).
Los 25 estados argumentan que la Corte Suprema concluyó que la ley ERISA exige que los gestores de fondos antepongan los beneficios financieros de las inversiones a cualquier beneficio no pecuniario. La demanda también sostiene que la alta corte vinculó directamente el término «beneficios» a «ingresos» y no cubre los beneficios no pecuniarios.
Estrategias de inversión ESG «imponen agenda social y económica de la izquierda»
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, afirmó que las estrategias de inversión ESG no están diseñadas para maximizar el rendimiento financiero de los clientes.
«Estas, más bien, han sido urdidas enteramente para imponer una agenda social y económica de izquierda que no puede ser implementada de alguna manera a través de las urnas», dijo en una declaración el miércoles.
Los fondos de criterios ESG suelen invertir en empresas que se oponen a los combustibles fósiles, apoyan la sindicalización y ponen el acento en la diversidad de género y racial por encima de los méritos, aunque ello suponga una menor rentabilidad para el cliente. Por su parte la ley ERISA está en vigor para salvaguardar los ahorros de jubilación de los trabajadores estadounidenses y garantizar que los gestores de fondos realicen inversiones con el mayor rendimiento potencial para sus clientes.
Rokita ha sido abiertamente crítico de la inversión basada en criterios ESG y ha tomado varias medidas para combatirla, incluida la emisión de una opinión consultiva oficial que aclara que Indiana y sus gestores de inversiones deben priorizar los intereses financieros de los empleados y jubilados estatales, absteniéndose de utilizar estrategias de inversión guiadas o influenciadas por consideraciones de criterios ESG.
El fiscal general de Indiana dijo que también está investigando a tres de los mayores gestores de inversiones y señaló que «las grandes empresas woke están colaborando con sus aliados izquierdistas para subvertir la voluntad del pueblo».
«Eso es contrario a la letra y al espíritu de la ley», dijo Rokita.
Los 25 estados que participan en la demanda son Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
Los Estados alegan que la norma es perjudicial
Los estados alegan que la nueva regla provocará una disminución de los ingresos fiscales específicos procedentes de las distribuciones de jubilación, causando así una pérdida de ingresos fiscales para los estados.
Además, afirman que esta perjudicará el bienestar económico de sus residentes y dará lugar a una reducción de la inversión en la industria de los combustibles fósiles, lo que disminuirá los ingresos, el empleo y la actividad económica en general, ya que varios de los estados, como Luisiana, Texas, Utah y Wyoming, tienen importantes yacimientos de petróleo y gas.
«Algunos impactos de la reducción de la inversión en la industria de los combustibles fósiles serán difíciles o imposibles de revertir, de modo que el daño es irreparable», afirma la demanda. «Incluso si esos impactos pudieran reducirse a un daño monetario, los daños resultantes de la Regla 2022 presumiblemente no son recuperables como resultado de la inmunidad soberana del gobierno federal, de tal manera que esos daños serían un daño irreparable».
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la nueva norma de una «afrenta a todos los estadounidenses preocupados por su cuenta de jubilación».
«El hecho de que la administración Biden esté optando ahora por arriesgar la seguridad financiera de los estadounidenses de clase trabajadora para avanzar en una agenda política woke es insultante e ilegal», dijo Paxton en una declaración el miércoles. «Durante generaciones, la ley federal ha exigido que los fiduciarios pongan los intereses financieros de sus clientes en primer lugar, y tengo la intención de luchar contra la administración Biden en los tribunales para garantizar que no puedan poner en riesgo los ahorros de jubilación de los estadounidenses trabajadores».
Cambios
El presidente Joe Biden emitió órdenes ejecutivas en enero y mayo de 2021 que ordenaban a las agencias gubernamentales revisar las regulaciones puestas en marcha por la administración Trump, incluidas las relativas a las inversiones con criterios ESG.
El Departamento de Trabajo (DOL) comenzó a revisar las regulaciones de 2020 sobre inversiones con criterios ESG en marzo de 2021 y anunció que no las aplicaría durante la revisión. El DOL propuso un nuevo cambio de regla en octubre de 2021, y la demanda argumenta que es diferente a la regulación de 2020, de varias maneras.
La nueva regla elimina el estándar objetivo pecuniario / no pecuniario en la regla de 2020 y en su lugar incorpora formalmente conceptos subjetivos de criterios ESG dentro de las regulaciones de la ley ERISA, según la demanda. Además, la nueva norma no proporciona ninguna definición o asesoramiento sobre lo que constituye un factor ESG.
También socava las obligaciones de prudencia de los gestores de fondos. En lugar de centrarse en el riesgo y la rentabilidad de una inversión, un gestor de fondos podría tener en cuenta los efectos económicos del cambio climático y otros factores ESG en su análisis de una inversión concreta o en la línea de actuación de la inversión.
Citando el preámbulo de la nueva normativa, la demanda afirma que esta indica a los gestores de fondos que tengan en cuenta múltiples factores al analizar el riesgo y el rendimiento de las inversiones, tales como «los riesgos y oportunidades potenciales relacionados con el cambio climático», la composición del liderazgo de una empresa, y los esfuerzos de la empresa hacia la diversidad y la inclusión dentro de su fuerza de trabajo.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Trabajo para pedirle comentarios.
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