Más de tres docenas de estados y una variedad de legisladores y terceros presentaron una ráfaga de escritos el 10 de diciembre, eligiendo bandos en una batalla legal sobre si la Corte Suprema debe considerar una demanda presentada por Texas que alega que Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin llevaron a cabo sus elecciones en violación de la Constitución.
Veinte fiscales generales demócratas presentaron un escrito el 10 de diciembre en apoyo de los acusados. Un día antes, 18 fiscales generales republicanos apoyaron al estado de «la estrella solitaria». El fiscal general republicano de Ohio, Dave Yost, no apoyó a ninguno de los dos partidos y se opuso a la medida solicitada por Texas, que consiste en que el Tribunal Supremo debe desechar los resultados de las elecciones en los cuatro estados disputados y ordenar a sus legislaturas estatales que escojan a los electores de acuerdo con la Constitución.
Los cuatro estados demandados y los 20 fiscales generales demócratas constituyen todos, menos uno, los fiscales generales demócratas de Estados Unidos. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, fue el único demócrata que no se unió a la demanda hasta el jueves por la noche.
Por parte de los republicanos, los fiscales generales que representan a cinco estados no tomaron medidas en el caso: Idaho, Alaska, Wyoming, New Hampshire y Kentucky.
El gobernador de Alaska dijo que su fiscal general no tuvo suficiente tiempo para revisar la demanda antes de que expirara el plazo para unirse al caso.
«Seré el primero en admitir que me decepcionó que no tuviéramos suficiente tiempo para revisar a fondo los detalles. Si no hubiera sido así, podríamos haber llegado a una decisión diferente», dijo el gobernador de Alaska Dunleavy en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times. «Tengo entendido que la Corte Suprema tomará una decisión rápida antes del 14 de diciembre. Dependiendo del resultado, Alaska responderá en consecuencia».
El fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, dijo que no participará en el caso, citando preocupaciones sobre la litigación contraria.
«Como ocurre a veces, la decisión legalmente correcta puede no ser la decisión políticamente conveniente», dijo Wasden en una declaración. «Esta decisión es necesaria para proteger la soberanía de Idaho. Como fiscal general, me preocupa mucho apoyar un argumento legal que pueda resultar en que otros estados litiguen contra decisiones legales tomadas por la legislatura y el gobernador de Idaho».
Texas demandó a los cuatro estados indecisos el 8 de diciembre, alegando que los funcionarios de allí llevaron a cabo las elecciones generales de 2020 en violación de la Constitución. Los estados demandados alteraron ilegalmente las leyes electorales y causaron una avalancha de votos por correo después de eliminar las medidas de integridad para la boleta, alegó la demanda. Las irregularidades resultantes pusieron en duda el resultado final de la elección, afirma Texas.
La campaña de Trump y los estados de Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah presentaron mociones formales para intervenir en la demanda en nombre de Texas. Ninguno de los fiscales generales demócratas ha dado aún el mismo paso.
Aunque se opuso a la compensación solicitada por Texas, Yost, el fiscal general de Ohio, argumentó que el tribunal debería resolver la cuestión fundamental planteada por el estado de la estrella solitaria, es decir, si la Constitución permite a los tribunales estatales y a los funcionarios estatales modificar las normas electorales promulgadas por sus legislaturas.
«El pueblo también necesita una respuesta», dijo Yost. «Hasta que la obtengan, las elecciones seguirán plagadas de dudas sobre si el presidente fue elegido en la forma ordenada por la Constitución».
Los fiscales generales demócratas argumentaron que la Cláusula de los Electores de la Constitución, que según Texas ha sido violada, no permite ningún espacio para secundar las decisiones tomadas por los tribunales y las legislaturas estatales. Los demócratas alegaron que los cambios en las reglas electorales promulgados en 2020 eran medidas de sentido común para contrarrestar la propagación del virus del Partido Comunista Chino (PCCh), comúnmente conocido como coronavirus, y que los cambios no introdujeron un fraude generalizado.
Cada uno de los cuatro estados demandados presentó escritos separados en oposición a Texas.
«Texas busca invalidar las elecciones en cuatro estados por dar resultados con los que no está de acuerdo. Su petición de que esta Corte ejerza su jurisdicción original y luego nombre al candidato preferido de Texas para presidente es legalmente indefendible y es una afrenta a los principios de la democracia constitucional», dice el escrito de Pennsylvania (pdf).
Además de los estados, una serie de escritos de otras partes llegó a la hora del plazo de las 3 p.m. del tribunal. Un grupo de 106 miembros republicanos de la Cámara de Representantes apoyó a Texas.
«La legislatura de cada estado demandado ha establecido normas detalladas por las que se debería haber llevado a cabo el nombramiento de los electores presidenciales de ese estado. Sin embargo, en los meses anteriores a las elecciones de 2020, esas normas fueron modificadas deliberadamente por actores estatales y no estatales», afirma el escrito republicano (pdf).
«La clara autoridad de las legislaturas de esos estados para determinar las normas de nombramiento de los electores fue usurpada en varias ocasiones por gobernadores, secretarios de estado, funcionarios electorales, tribunales estatales, tribunales federales y agentes privados».
Los grandes medios han declarado ganador al exvicepresidente Joe Biden en Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. El presidente Donald Trump no ha cedido en la contienda y sigue presentando demandas legales en los cuatro estados demandados, así como en Arizona y Nevada.
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