En una carta conjunta firmada por 62 diputados, cuatro senadores, un expresidente de la Cámara de los Comunes y más de 20 grupos de la comunidad piden a Canadá que imponga sanciones Magnitsky contra funcionarios de Beijing y Hong Kong por las atrocidades cometidas en materia de derechos humanos.
Iniciada por la Alianza Canadá Hong Kong (ACHK), la carta pide al primer ministro Justin Trudeau, a su suplente Chrystia Freeland y al ministro de asuntos mundiales François Philippe Champagne que sancionen a los funcionarios chinos y de Hong Kong «directamente responsables de las atrocidades contra los derechos humanos ocurridas en el Tíbet, Turquestán Oriental (Xinjiang) y Hong Kong».
«Canadá debe adoptar una postura firme contra las flagrantes atrocidades cometidas en materia de derechos humanos y coordinar un esfuerzo multilateral entre países con valores compartidos para reclamar nuestro liderazgo en la escena mundial», dice la carta.
La carta cita uno de los tuits de Champagne de principios de este mes: «Las sanciones son una herramienta importante para hacer que los autores de graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas».
ACHK proporcionó al gobierno una lista de seis funcionarios del Partido Comunista Chino que quieren que sean sancionados por «abusos a los derechos humanos y violencia estatal en China y Hong Kong».
Casi la mitad del caucus conservador firmó la carta, incluyendo a Leona Alleslev, quien renunció como líder suplente el 13 de julio, así como tres diputados del Partido Green y dos del bloque Quebequense.
También firmaron la diputada liberal Judy Sgro y la diputada del Partido Democrático Nacional (NDP) Jenny Kwan, junto con los senadores conservadores Leo Housakos y Linda Frum; la senadora independiente Marilou McPhedran; el senador progresista Pierre Dalphond; el expresidente de la Cámara de los Comunes Peter Milliken; y el exministro liberal de finanzas John McKay. Brad West de Port Coquitlam es el único alcalde entre los firmantes.
El 23 de junio, más de una docena de senadores enviaron una carta similar a Trudeau en la que pedían al gobierno federal que se pronunciara contra Beijing y que impusiera sanciones a los funcionarios chinos por «graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales».
Citando la represión de China sobre los derechos democráticos en Hong Kong, la detención de los musulmanes uigures, la represión de décadas en el Tíbet y el encarcelamiento de canadienses, los senadores describen el régimen comunista chino como «la mayor amenaza para la humanidad y un peligro para la seguridad internacional».
El senador Leo Housakos y su colega el senador conservador Thanh Hai Ngo también piden sanciones Magnitsky. En diciembre de 2019 presentaron una moción pidiendo que Ottawa utilice la ley Magnitsky para sancionar a los funcionarios chinos involucrados en abusos a los derechos humanos en Hong Kong y en China continental.
Housakos criticó la actuación de Ottawa sobre China, diciendo que el gobierno ha sido «abofeteado» pero no ha tomado las medidas adecuadas en respuesta.
«Parecen apaciguarse y doblegarse ante el comportamiento brutal de China», dijo en una entrevista en ese momento.
Los practicantes de Falun Gong se encuentran entre los grupos que han sido perseguidos más brutalmente por el régimen comunista chino en los últimos 20 años, según Li Xun, presidente de la Asociación de Falun Dafa de Canadá.
«En Canadá, los practicantes de Falun Gong han sido los primeros en instar al gobierno canadiense a que sancione a los funcionarios chinos responsables de la persecución», dijo a The Epoch Times.
Li presentó una lista de 14 nombres de funcionarios chinos responsables de graves abusos a los derechos humanos a la entonces ministra de asuntos exteriores Chrystia Freeland, el 12 de diciembre de 2018, acompañada de una carta que pedía al gobierno que sancionara a estos violadores de los derechos humanos bajo la ley Magnitsky.
El hecho de que Canadá tenga una ley Magnitsky es gracias al diputado conservador James Bezan, que durante mucho tiempo ha defendido que Canadá tenga su propia versión de la ley. Sus esfuerzos finalmente se concretaron a finales de 2017 cuando el Parlamento aprobó la Ley de Justicia para las Víctimas de Oficiales Extranjeros Corruptos. La legislación impone sanciones a las personas que cometen violaciones a los derechos humanos en otros países, prohibiendo su entrada en Canadá o en la realización de transacciones financieras con canadienses.
Bezan dice que la ley Magnitsky debería utilizarse para pedir cuentas a quienes persiguen a los practicantes de Falun Gong.
«Nos solidarizamos con [los practicantes de Falun Gong] que todavía están en China», dijo en una entrevista anterior.
«Para aquellos… que han podido escapar del régimen comunista de Beijing [pero] tienen familia y amigos y seres queridos en China continental, estamos con ellos también y estaremos en la batalla contra la opresión».
El 9 de julio, cuatro funcionarios chinos en Xinjiang fueron sancionados por la administración estadounidense por abusos a los derechos humanos bajo la Ley Global Magnitsky. Las sanciones prohíben a los funcionarios, así como a sus familiares directos, entrar en Estados Unidos. Las sanciones también bloquean las propiedades estadounidenses que están a su nombre y prohíbe las transacciones de Estados Unidos con ellos, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tres días antes, Gran Bretaña anunció sanciones económicas contra individuos y organizaciones de Rusia, Arabia Saudita, Myanmar y Corea del Norte, en virtud de los nuevos poderes del Reino Unido para castigar a los infractores de derechos humanos.
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