“El gobierno de Nicolás Maduro, ha vendido hasta el mes de diciembre 73.000 kilos de oro”, denunció este miércoles 6 de febrero el nuevo presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela, Carlos Paparoni.
“Desde el Arco Minero vienen negociando en forma ilegal con el tráfico de oro”, dijo el diputado en un informe de la Asamblea Nacional, reclamando que “esos recursos obtenidos se han prestado para incrementar el alto índice de corrupción” de la dictadura socialista.
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), fue designada en el año 2016 por el régimen venezolano para extraer bauxita, coltán, diamante, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en la margen sur del Río Orinoco. Cuenta con una superficie de 111.843 km², es decir su extensión es más grande que Panamá o Costa Rica. Es conocida como una de las mayores fuentes de corrupción del régimen después del petróleo.
La Faja Petrolífera, de la cual ya tomó control el gobierno del nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está ubicada en la margen norte del río.
El consorcio Norcapital, aparece como el primer comprador de Maduro al adquirir 27.398 kilogramos de oro.
No obstante, Paparoni hizo notar que en el último comunicado ellos señalaban que “habían comprado un poco menos de tres toneladas del preciado mineral”.
Una segunda empresa Turca, de la que se tiene menos información, adquirió también 23.994 kilogramos de oro. “Es una de las compañías que tiene menos conocimiento, tanto en la inversión en el negocio del oro, como el acceso a la información de la misma”, dijo el diputado.
Una tercera empresa que 21.886 kilogramos de oro en el año 2018, “la cual está vinculada a Camboya, así como a otras naciones y grandes escándalos”.
Paparoni dijo que después de tomar control de los activos, el lunes pudieron evitar una transferencia por un monto de 1200 millones de dólares aproximadamente del Fondo del Estado, “concretamente del Fondo del Bandes, que tenía como objetivo llegar a entidades del la República del Uruguay”.
El diputado se preguntó que es lo que “querían hacer con estos recursos, sin pasar con los procedimientos de contraloría y de todo el control que ejerce el parlamento nacional”.
“¿Por qué quieren ocultar últimamente algunos fondos, si los venezolanos sabían que se los iban a robar, como lamentablemente se han llevado el dinero de nuestro país?”, manifestó el diputado.
Acompañado de los diputados Simón Calzadilla, Alexis Paparoni y Alfonso Marquina, el presidente de la Comisión de Finanzas afirmó que todos asumieron un compromiso para el país.
“Hoy queremos reiterarle a los venezolanos que tenemos un compromiso, de proteger todos los activos del país, especialmente de nuestros niños y de nuestros, para evitar que los sigan robando”, afirmó el legislador.
46 países que ya reconocieron al diputado Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, fueron contactados para mantener el control de los activos, según el acuerdo aprobado el 15 de enero.
Ya protegimos nuestro petróleo, ahora vamos por el oro. Vamos a proteger los activos de todos los venezolanos para juntos reconstruir nuestro país. Estamos cerca de la Venezuela libre (3/3)
— Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) February 3, 2019
«Ya no sabemos qué se exporta ni bajo qué condiciones. Son operaciones que deberían ser transparentes ”, dijo a fines de enero en una entrevista a Reuters el exministro de comercio de Hugo Chávez, Gustavo Márquez.
Venezuela tenía reservas de oro de 132 toneladas entre las bóvedas del Banco Central y el Banco de Inglaterra a fines de noviembre, según datos del Banco Central, reporta la agencia de noticias.
Además se conoce que en 2011, Hugo Chávez para tener en su poder el control de una mayor cantidad de oro, repatrió alrededor de 160 toneladas de los bancos de Estados Unidos y Europa al Banco Central de Caracas.
El gobierno de Maduro comenzó a vender el oro “hace aproximadamente un año”, añade el informe.
El 26 de enero de 2019 Maduro traspasó 3 toneladas de oro que salieron en la pequeña aerolínea venezolana de carga, Solar Carg, desde el aeropuerto de Maiquetia, dijo a Reuters un alto funcionario del Banco Central de Venezuela, y en total hasta febrero, tenía un plan de vender 29 toneladas de oro a los Emiratos Árabes Unidos en febrero.
Según la misma fuente, el líder venezolano el año pasado traspasó USD 900 millones de oro en su mayoría sin refinar a Turquía, según las estadísticas del gobierno turco citadas por la agencia.
Estados Unidos hizo una advertencia a los banqueros y comerciantes para no negociar con las reservas de oro venezolano, y el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un tweet de la información que había recibido al respecto.
Desde que el régimen de Maduro desconoció a las elecciones democráticas parlamentarias que dieron el triunfo a la oposición a fines de 2015, el líder socialista marxista aliado de Cuba impuso su propio Tribunal de Justicia Supremo, y al margen de la constitución declaró también su propia Asamblea Nacional Constituyente, que lo mantiene en el poder con un gobierno que opera en la oscuridad.
El Arco Minero, fuente de tráfico
Actualmente el factor clave del Arco Minero del Orinoco, es la “ambición, ilegalidad y corrupción”, según un reporte previo de Iaguas.
Ha sido utilizado como segunda fuente más importante de extracción de recursos de Venezuela por parte del régimen socialista bolivariano.
Dentro no operan empresas mineras reconocidas a nivel mundial. “El régimen venezolano ha diseñado una estrategia basada en empresas mixtas donde siempre contará con la mayoría accionaria”, advierte el informe.
“Sin embargo, las actividades en terreno, son llevadas a cabo por mineros “artesanales” organizados en las denominadas “cooperativas” o “sindicatos” que son liderados por grupos armados con la complicidad de funcionarios del régimen que exigen una especie de impuesto”.
Las minas son abiertas “sin cumplir con ningún tipo de regulación o criterio técnico”, empleando motores para desprender el sustrato y procesarlo de manera rudimentaria generando gigantescos cráteres, deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua por el uso de sustancias químicas tóxicas, señala Iaguas.
En la zona están asentadas las comunidades indígenas de Yekuana, Sanema, Pemón y Yanomami entre otras, cuya sobrevivencia se encuentra en peligro.
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