“Desafía toda explicación racional” pensar que la redada del FBI en la casa de Mar-a-Lago de la ex primera familia en Florida no esté motivada por “pura política”, según Jeffrey Clark, abogado del Departamento de Justicia durante la administración Trump.
Clark, cuyo intento de investigar las denuncias de fraude electoral a instancias del presidente Donald Trump provocó el rechazo de muchos en el Departamento de Justicia, dijo en una entrevista con NTD que la operación en la propiedad de Trump en Palm Beach “no tiene precedentes”.
La declaración jurada utilizada en la redada, que se supone que contiene la causa probable que justifica una orden judicial, podría ser “algo que los abogados del presidente tienen que hacer para acceder a ella”, según Clark. “Pero ciertamente deberían intentarlo. Creo que una orden judicial tiene que tener ese apoyo, y no solo ser parte de un proceso secreto”.
“Aún no tengo una copia de la declaración jurada que se utilizó para obtener la orden de registro de mi casa”, dijo Clark, refiriéndose a un registro de su casa en Virginia por parte de las autoridades federales a finales de junio.
Clark señala que “nadie está por encima de la ley”, como ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), a los medios de comunicación, y señala que el mismo nivel de escrutinio sobre el manejo de documentos clasificados nunca se ha aplicado a los demócratas.
“Cuando ha habido tantos problemas de documentos que han tenido destacados demócratas, que han sido totalmente barridos debajo de la alfombra, esto desafía la explicación racional pensar que esto es realmente algo que no es explicable por pura política”, dijo.
Postulación presidencial de 2024
Cuando se le preguntó acerca de la probable campaña presidencial de Trump en 2024, Clark dijo que los demócratas han estado tratando de utilizar la cláusula de insurrección de la Decimocuarta Enmienda para impedir que los candidatos pro-Trump se postulen, y están planeando usar esta redada para impedir que Trump ocupe un cargo en el futuro.
El 8 de agosto, apenas unas horas después de que Trump confirmara las noticias sobre la redada, el abogado del Partido Demócrata, Marc Elias, posteó en Twitter una sección del Código de EE. UU., según la cual cualquiera que oculte o retire o destruya ilegalmente ciertos documentos “perderá su cargo y será descalificado para ocupar cualquier cargo bajo Estados Unidos”.
La posible violación de esa sección en particular, conocida como 18 US Code 2071, se debatió en 2015 cuando el exfiscal general Michael Mukasey argumentó que Hillary Clinton sería inhabilitada para ocupar el cargo si era condenada por borrar el contenido de un servidor de correo electrónico privado que utilizó mientras era secretaria de Estado. Otro debate tuvo lugar en febrero de 2020 luego de que Pelosi fuera captada en televisión en directo rompiendo su copia del discurso del Estado de la Unión de Trump mientras se colocaba detrás de él.
“Marc Elias está diciendo que el estatuto penal podría dar lugar a que el presidente Trump sea inhabilitado para ejercer su cargo en el futuro. Y creo que es claramente parte de su plan”, dijo Clark a NTD.
“Él había estado utilizando un plan anterior de tratar de utilizar las disposiciones de la Decimocuarta Enmienda para prohibir que personas como Marjorie Taylor Greene y Madison Cawthorn volvieran a ocupar un cargo federal”, continuó, refiriéndose a la congresista de Georgia y al congresista de Carolina del Norte. “Así que esto parece ser un plan general de los demócratas”.
El principal abogado de la campaña presidencial de Clinton en 2016, Elias, tuvo que testificar en el mes de mayo durante un juicio contra su colega Michael Sussman, acusado de suministrar al FBI información falsa sobre una supuesta colusión ilícita entre Trump y Rusia. Sussman fue absuelto el 31 de mayo.
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