Arizonenses demandan a funcionarios estatales alegando que elecciones pasadas fueron ilegales

Por Mimi Nguyen Ly
11 de Mayo de 2021
Actualizado: 11 de Mayo de 2021

Un grupo de 20 ciudadanos de Arizona presentó una demanda ante la Corte Suprema del estado el 6 de mayo en la que solicita una orden de Quo Warranto contra varios funcionarios estatales de Arizona, alegando que las elecciones estatales de 2018 a 2020 no cumplieron con las leyes electorales del estado.

Se pide a la Corte Suprema de Arizona que ordene que los funcionarios estatales nombrados en la demanda sean destituidos de sus puestos supuestamente ilegales, y que ordene un puesto pro-tempore (“por el momento”) a los ciudadanos que presentaron la demanda, “hasta que se puedan celebrar elecciones libres, justas y seguras”.

“Como ciudadanos de a pie de Arizona, de todos los ámbitos de la vida, hemos descubierto que nuestras pasadas elecciones de 2018 a 2020 no cumplen con la Comisión de Asistencia Electoral [EAC] de los Estados Unidos”, dijo el grupo de ciudadanos en un comunicado obtenido por The Epoch Times.

El grupo afirma que los laboratorios contratistas que realizan las comprobaciones para certificar los equipos de las máquinas de votación en las elecciones no estaban acreditados para hacerlo por la EAC en las elecciones de 2018 a 2020. Dicha acreditación es obligatoria por la ley federal y estatal.

En su comunicado de prensa, el grupo de ciudadanos dijo que el estado de Arizona “dejó de cumplir con las normas en febrero de 2017 (o posiblemente antes) y solo se pretendió volver a certificar en enero de 2021”. Como tal, cualquier certificación de máquinas realizada por los laboratorios contratistas supuestamente no acreditados en las elecciones de 2018 a 2020 quedaría invalidada, según el grupo.

La EAC es una agencia gubernamental estadounidense independiente y bipartidista que fue creada por la Ley de Ayuda al Voto de Estados Unidos de 2002 (HAVA, por sus siglas en inglés), una ley federal que introdujo reformas en el proceso de votación del país. La EAC actúa para desarrollar directrices que cumplan los requisitos de la ley. La agencia también adopta directrices sobre los sistemas de votación y proporciona información sobre la administración electoral. Otras funciones de la EAC incluyen la acreditación de los laboratorios de pruebas y la certificación de los sistemas de votación.

La EAC se refiere a los laboratorios contratistas como “Laboratorios de Pruebas de Sistemas de Votación”, o VSTL, y establece normas y reglas que deben cumplirse en su manual para laboratorios contratistas (pdf), que dice, en parte, “La concesión de la acreditación es válida por un período no superior a dos años”.

Según la ley de Arizona, las máquinas o dispositivos utilizados en cualquier elección solo pueden ser certificados para su uso si cumplen con la HAVA y si esas máquinas o dispositivos han sido “probados y aprobados por un laboratorio acreditado de acuerdo con la [HAVA]”.

La demanda de Quo Warranto alegaba que “no han existido relaciones contractuales válidas y ratificadas entre los laboratorios contratistas y la EAC desde 2016 y posiblemente antes”. Y añade: “Si los laboratorios contratistas no renovaron sus contratos, ¿cómo se les puede permitir el acceso a nuestra infraestructura más crítica? ¿Cómo pueden certificar algo cuando no han aceptado cumplir la ley y no han firmado un contrato válido para hacerlo?”

Dos laboratorios contratistas, Pro V&V y SLI Compliance, figuran actualmente en la página web de la EAC con sus acreditaciones renovadas a principios de febrero de este año. Jerome Lovato, el director de pruebas y certificación de sistemas de votación de la EAC, emitió el 27 de enero memorandos para cada uno de los laboratorios contratistas en los que se notificaba que sus empresas “seguían estando en regla” para que se les concediera la renovación de su acreditación. “Debido a las circunstancias pendientes que plantea la COVID-19, el proceso de renovación de los laboratorios de la EAC se ha retrasado durante un período prolongado”, escribió en los memorandos.

El 27 de enero fue el mismo día en que la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa votó por unanimidad para autorizar una auditoría forense de los equipos de recuento de boletas utilizados en las elecciones de 2020 en el condado. La junta eligió a Pro V&V y a SLI Compliance para realizar la auditoría. Actualmente se está llevando a cabo otra auditoría de las elecciones de 2020 en el Condado de Maricopa, ordenada por el Senado.

El grupo de ciudadanos en la queja tachó sus nombres individuales “debido a una preocupación razonable por su seguridad”.

Piden a la Corte Suprema del estado una revisión completa del asunto en un plazo de cinco días, y exigen una respuesta de los demandados nombrados en la demanda “en un plazo de 3 días tras la finalización de la revisión y al ser notificados por el tribunal”.

En una notificación de cortesía el 7 de mayo, el grupo de ciudadanos informó al fiscal general Mark Brnovich de la presentación de la orden de Quo Warranto, diciendo que su demanda “afirma la usurpación generalizada” en todo el estado que incluye las elecciones que se han celebrado desde 2018 que, por implicación, incluiría a Brnovich en la lista de “usurpadores inadvertidos” aunque no es un demandado nombrado en la demanda. Dijeron que optaron por evitar poner la oficina de Brnovich “en cualquier situación que pueda ser un conflicto de intereses”.

Los demandados en la demanda incluyen al gobernador Doug Ducey, a la secretaria de Estado Katie Hobbs, a la tesorera del Estado Kimberly Yee, al sheriff de Maricopa Paul Penzone, al sheriff de Pima Chris Nanos, a la alcaldesa de Phoenix Kate Gallego, a la alcaldesa de Tucson Regina Romero, al registrador de Maricopa Stephen Richer y a la superintendente de Instrucción Pública Kathy Hoffman. También hay tres comisionados de corporaciones, dos senadores estatales y cuatro representantes estatales nombrados en la denuncia.

La oficina del gobernador Doug Ducey no respondió inmediatamente a un correo electrónico con una solicitud de comentarios. La oficina de la secretaria de Estado, Katie Hobbs, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Zachary Stieber contribuyó a la elaboración de este artículo.

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