Avanzan en Texas legislaciones para proteger de iniciativas climáticas a producción de petróleo y gas

Por Isabel van Brugen
05 de Mayo de 2021
Actualizado: 05 de Mayo de 2021

Los legisladores de Texas avanzaron esta semana proyectos de ley destinados a proteger a la industria del petróleo y el gas en el estado de las iniciativas climáticas impulsadas por la administración Biden.

La Cámara de Texas aprobó el martes el proyecto de ley 13 del Senado, que exige al contralor del estado que prepare, mantenga y actualice una lista de todas las empresas que boicotean a las compañías energéticas. A continuación el estado podrá desprenderse de fondos de esas empresas a menos que dejen de boicotear a las compañías energéticas en un plazo de 90 días a partir de la recepción de una advertencia por escrito de las entidades gubernamentales del estado, señala la legislación.

“El petróleo y el gas son la savia de la economía de Texas”, dijo el lunes ante la Cámara el representante estatal del Partido Republicano Phil King, de Weatherford. “En el mundo del capital, hay un movimiento para negar fondos a empresas que no se adhieran a la política dedicada contra los combustibles fósiles”.

La legislación será revisada en el Senado antes de llegar al despacho del gobernador republicano Greg Abbott para ser firmada como ley. Si lo hace, la ley entrará en vigor el 1 de septiembre.

Los legisladores del Senado, mientras tanto, enviaron al gobernador un proyecto de ley, HB 1282, que impide a los municipios locales prohibir, limitar, restringir el uso de gas natural como fuente de combustible para nuevas construcciones y servicios públicos.

El proyecto de ley, patrocinado por el representante demócrata de Texas, Joe Deshotel, de Beaumont, también impide a las entidades imponer cualquier cargo adicional o precios diferentes a un desarrollo o solicitante de permiso de construcción para la infraestructura de servicios públicos que anima a los que construyen edificios a utilizar una fuente de energía particular.

“El objetivo de este proyecto de ley es impedir que una ciudad prohíba la elección de combustible para los hogares”, dijo Deshotel a la Comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes.

Esto es después de las recientes órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden sobre el cambio climático, que establecen el objetivo de encaminar a Estados Unidos hacia la creación de un sector energético libre de carbono para 2035 y una economía neta cero para 2050. Para lograr estos objetivos, el gobierno de Biden está haciendo que todos los organismos federales pertinentes adopten su programa sobre el cambio climático y se están cortando las subvenciones a la industria de los combustibles fósiles.

Una de estas políticas es el acuerdo climático de París de la era Obama, del que el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos, pero al que Biden reincorporó desde que asumió el cargo. Quienes se oponen a la medida dicen que no exige a países como China, el mayor contaminador del mundo, que reduzcan sus emisiones de carbono a la vez que lo exige a Estados Unidos. Graves dijo que por cada tonelada de emisiones que Estados Unidos debe reducir, China aumenta 4 toneladas.

Los que se oponen al acuerdo de París creen que incluso si Estados Unidos logra un nivel de emisiones neto cero pagando facturas de energía más altas y soportando el peso de una economía más débil, esto no ayudaría a las emisiones globales porque países más grandes como China e India seguirían aumentando su huella de carbono.

Estados Unidos ha sido un líder mundial en la reducción de emisiones y el Partido Republicano quiere que esto continúe, poniendo el foco en la exportación de energía limpia estadounidense a otros países, ya que se prevé que la demanda mundial de energía aumente casi un 50 por ciento para 2050.

Los republicanos quieren cubrir esa demanda mundial con energía limpia de gas natural estadounidense sin sacrificar los empleos y los recursos de Estados Unidos.

Las políticas de la administración Biden están cancelando proyectos como el oleoducto Keystone XL. Se estima que la cancelación ha costado miles de puestos de trabajo y millones de dólares, además de hacer que Estados Unidos sea menos independiente energéticamente.

Con información de Masooma Haq


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