La Fiscalía de Bolivia anunció el martes que iniciarán una investigación contra la expresidenta Jeanine Áñez por presunto «genocidio», tras la muerte de unos manifestantes en noviembre de 2019.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce anunció que el inicio de la investigación contra Áñez se admitió el 5 de julio y responde a la denuncia de 20 acusaciones por «delitos de Genocidio, Lesiones Graves y Lesiones Seguidas de Muerte» de personas en las localidades de Senkata y Sacaba.
Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019 durante una marcha en la que manifestantes pedían respetar la victoria de Evo Morales. Cuatro días después, los pobladores bloquearon una planta de combustibles de Senkata, en la zona alteña del mismo nombre, y se enfrentaron con las fuerzas militares.
Sin embargo, el gobierno de Áñez señaló que los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal.
FISCAL GENERAL OFICIALIZA ADMISIÓN DE PROPOSICIÓN ACUSATORIA EN CONTRA DE JEANINE AÑEZ POR EL CASO “SENKATA Y SACABA”#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/oyPd7TxiSR pic.twitter.com/WimwaFpQ3W
— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) July 6, 2021
El mismo martes, un juez boliviano negó este martes un pedido de cambiar la detención preventiva de Áñez en una cárcel por el arresto domiciliario.
El magistrado tomó la decisión al considerar que existen supuestos riesgos de fuga y que la exmandataria no padece una enfermedad «en estado terminal» o que sea «grave», entre otras consideraciones.
Por su parte, Áñez aseguró que su salud está «muy deteriorada» y lamentó que sus acusadores lo «estén minimizando» dentro de un proceso que calificó de «político».
«No le estoy pidiendo impunidad ni le estoy pidiendo libertad pura y simple. A qué extremo habremos llegado que nos estamos conformando por mi salud de solicitar casa por cárcel», dijo.
Áñez reiteró que al asumir la Presidencia transitoria solamente cumplió «con un deber» como ciudadana y rechazó que se le acuse de supuesto terrorismo y sedición.
En la audiencia participaron representantes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, los Ministerios de Gobierno (Interior) y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la exdiputada oficialista Lidia Patty, quien planteó la demanda por la crisis de 2019, entre otros.
El anuncio de la investigación ocurre tras casi cuatro meses de que la Fiscalía de Bolivia emitiera una orden de aprehensión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez por delitos de “sedición y terrorismo”, relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia, con dos de sus exministros detenidos.
“La persecución política ha comenzado”, denunció Áñez en ese momento, junto a un enlace y las capturas de los documentos que dijo son del proceso que adelanta la Fiscalía y las ordenes de aprensión.
La mandataria asumió de forma interina el 12 de noviembre de 2019, un día después de que Evo Morales saliera del país tras anunciar su renuncia.
Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato seguido en las elecciones de octubre del 2019, sin embargo, más tarde fueron anuladas entre denuncias de fraude, que Morales siempre ha negado.
Con información de EFE.
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