Las tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador parecen agudizarse cada vez más, después de que Washington enlistó en dos ocasiones a funcionarios y exfuncionarios salvadoreños en la Lista Engel, la cual señala de corruptos y antidemocráticos a personas con cargos públicos cuestionados en gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica.
La diplomacia dentro y fuera de la Casa Blanca lleva meses encarando a las decisiones políticas del Congreso salvadoreño, la Corte Suprema y el gobierno central liderado por Nayib Bukele, un político de 39 años que tras su ascenso al poder logró cambiar el mapa político del país centroamericano desbancando a las fuerzas históricas ARENA y FMLN.
Con el control del Ejecutivo y con la mayoría del Congreso a su favor, Bukele ha respaldado algunas de las decisiones más cuestionadas a nivel internacional en los últimos meses: como las destituciones de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general en mayo de este año.
Y ha sido ese nuevo poder judicial, nombrado por los parlamentarios de Nuevas Ideas, movimiento político afín al gobierno, el que aprobó a inicios de septiembre la reelección del presidente de El Salvador, pese a que la Carta Magna lo prohíbe en el artículo 152. Asimismo, ha negado la extradición de un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por un tribunal estadounidense.
En consecuencia, Estados Unidos sancionó el 20 de septiembre a los cinco magistrados del Supremo salvadoreño nombrados por el Congreso en sustitución de los destituidos. Además, los incluyó en el listado Engel donde inmediatamente les queda revocada su visa estadounidense.
Los cinco magistrados son Elsy Dueñas, Oscar Alberto López, Héctor Nahúm Martínez, José Ángel Pérez y Luis Javier Suárez.
La justificación del Departamento de Estado para incluirlos en el listado es que estos magistrados “socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.
Una postura con la que coincide la abogada Marcela Galeas, quien en una entrevista con la Voz de América explicó que “no se cumplieron con los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, siendo estos la debida fundamentación, derecho a la defensa, la garantía de audiencia y el debido proceso”.
Y es que al filo de la medianoche del 1 de mayo, cuando el Congreso inició el periodo 2021 – 2024 y destituyó a los antiguos magistrados, los ahora señalados por Estados Unidos llegaron acompañados por policías al edificio de la Corte Suprema y tomaron posesión de sus cargos sin permitir que los exmagistrados retiraran sus pertenencias.
“De la misma manera en que los salvadoreños tenemos que resolver nuestros problemas, pues también Estados Unidos lo tiene. Por lo tanto es una decisión soberana, en el caso de Estados Unidos, de decir ‘yo no quiero a estas personas dentro de mi territorio’”, evaluó la abogada Ruth Eleonora López en un espacio en Twitter organizado por Galeas.
López expresó que, más allá de que Estados Unidos le retire la visa a los señalados, el verdadero problema está en las consecuencias que pueden generar estas sanciones en las relaciones con otras cortes.
“El representante máximo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha sido señalado de violentar el sistema democrático de un país; imagínese la repercusión internacional que esto tiene. Es un impacto directo en cómo se visualiza la justicia en El Salvador”, agregó.
Bukele lo llama “injerencia”
Con el propósito de aclarar que la lista estadounidense “no tiene nada que ver con corrupción”, Bukele dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios de la Corte Suprema son “pura política e injerencia de la más bajera”. Y añadió que El Salvador no es el “patio trasero de nadie”.
Unas declaraciones que tensan las relaciones con la nación norteamericana donde viven unos 2.3 millones de salvadoreños, y desde donde llegan hasta El Salvador cada año más de 5000 millones de dólares en remesas.
Los partidarios de Bukele aseguran que toda acción está amparada en la Constitución, que faculta a la Asamblea a remover y nombrar magistrados.
Pero la encargada de Negocios de la embajada estadounidense, Jean Manes, ha dicho que Estados Unidos agregará a estos funcionarios tras “ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre)”.
A su vez, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que las “restricciones de visa son un paso más para promover la democracia y los esfuerzos de lucha contra la corrupción de El Salvador y Guatemala”.
La diplomacia estadounidense también ha incluido en el listado a la actual fiscal general de Guatemala y al secretario general del Ministerio público de ese país por “obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”.
Una lista predecible
El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-FUNDE), Wilson Sandoval, no se mostró sorprendido tras la actualización del listado Engel, pues a su criterio, “los magistrados socavan además la independencia de otros jueces. (…) Por lo que incluirlos en el listado era una situación un tanto predecible”, dijo a la VOA.
“Se les señala a ellos porque han sido un arma del oficialismo para el desmantelamiento de todo el órgano judicial, y al final de cuentas, el órgano judicial era el único contrapeso que quedaba frente a la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Y para Estados Unidos es importante que el órgano judicial siga teniendo cierto nivel de independencia”, dijo.
Washington ya había incluido anteriormente a altos funcionarios salvadoreños en la lista Engel, como la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, entre otros.
Casi cuatro meses después de la publicación del listado, la Fiscalía, que también fue reestructurada por la nueva Asamblea, no ha comunicado investigaciones contra estos funcionarios.
Bukele aún mantiene gran popularidad en El Salvador, pero un movimiento ciudadano compuesto por organizaciones sociales, centros académicos, grupos de iglesias y colectivos de identidad lograron sacar a las calles a miles de salvadoreños el 15 de septiembre, no para celebrar los 200 años de independencia, sino para protestar contra de las decisiones del gobierno de Bukele.
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