China planea implementar un sistema de crédito social en Hong Kong y Macao

Por Frank Fang
15 de Julio de 2019 Actualizado: 15 de Julio de 2019

China planea imponer una forma de su sistema de crédito social en Hong Kong, de acuerdo con directrices políticas recientemente anunciadas.

En China continental, las autoridades monitorean las actividades de los ciudadanos, incluidas las compras online y los comportamientos cotidianos en los espacios públicos, y les asignan una puntuación de “confiabilidad”. Las autoridades locales compilan “listas negras” de individuos con malas puntuaciones de crédito, a los que luego se les prohíbe acceder a servicios públicos como el embarque de un avión o la compra de un billete de tren.

Algunas partes del sistema se pusieron en marcha en 2014; está previsto que se implemente en toda China en 2020. Los críticos expresaron su preocupación de que las autoridades puedan utilizar dicha vigilancia para rastrear objetivos políticos o disidentes.

El 5 de julio, el gobierno provincial de la provincia de Guangdong dio a conocer un plan de acción de tres años (2018-2020) para el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Esto se refiere a la ambición del régimen chino de construir un centro tecnológico en el delta del río Perla en el sur de China, integrando nueve ciudades chinas continentales y las regiones cercanas de Macao y Hong Kong.

Ambas regiones son antiguas colonias europeas que desde entonces fueron devueltas a la soberanía china bajo el principio de “un país, dos sistemas”, bajo el cual Beijing prometió que se preservaría un alto grado de autonomía y libertades.

Pero en Hong Kong, los residentes se están quejando de que en las últimas dos décadas, desde que la ciudad volvió al dominio chino, la influencia invasora de Beijing afectó la política, la educación y la libertad de prensa de la isla. En los últimos años, los habitantes de Macao también exigieron el sufragio universal en sus elecciones para cubrir el cargo más alto de la ciudad.

El nuevo plan de acción enumera 100 puntos, clasificados en nueve categorías diferentes, como la construcción de industrias modernas que sean competitivas a nivel internacional, la mejora de las condiciones de vida y del entorno empresarial, y la aceleración del proceso de apertura de “un nuevo frente”, un eslogan del Partido que se refiere a las reformas económicas.

En esa categoría, se mencionó el sistema de crédito social. En particular, la Gran Área de la Bahía “exploraría la implementación de un sistema de créditos de recompensas y castigos para las empresas”.

En otro documento de la provincia de Guangdong publicado el 5 de julio, las autoridades explicaron que el plan tenía como objetivo seguir desarrollando el modelo de “un país, dos sistemas” e integrar el “crédito y el intercambio de información” entre la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao.

Dos agencias gubernamentales de Guangdong se encargarán de hacer posible el sistema de crédito social, así como la sucursal del banco central de China, Banco Popular de China, en la ciudad de Guangzhou. Los documentos no ofrecían detalles.

En la página de Facebook de i-Cable, un canal de noticias por cable de Hong Kong, muchos usuarios dejaron comentarios expresando su preocupación de que los hongkoneses pudieran estar sujetos al sistema de puntuación individual, aunque los documentos chinos no hacían referencia a tales cuestiones.

Un usuario con el nombre “Cloud Ip” escribió: “Es el fin del mundo”. “Sau Saam” escribió que el “sistema de crédito social en China es, de hecho, un nuevo sistema de esclavitud”.

Otro usuario con el nombre “Ada Lee” bromeó: “Así que te descuentan diez puntos cada vez que te unes a una marcha, y no puedes ni siquiera viajar al extranjero”.

En Hong Kong, el mes pasado hubo protestas masivas, a las que asistieron millones de personas que se oponen a un controvertido proyecto de ley de extradición que permitiría a cualquier país, incluida China continental, solicitar la extradición de sospechosos. A muchos les preocupa que si se aprueba la ley, erosionaría la independencia judicial de la ciudad, lo que significaría el fin del modelo de “un país, dos sistemas”.

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