Un grupo de costarricenses ha estado oponiéndose firmemente contra la obligatoriedad de las vacunas y pasaportes sanitarios en el país, diciendo «no a la dictadura sanitaria» tras el anuncio del gobierno.
El grupo llamado Defendamos Costa Rica—que comprende a personas de distintos sectores, desde abogados, médicos, enfermeros hasta investigadores—cuenta con cerca de 5000 miembros. Los ciudadanos dijeron que «no son antivacunas, sino antidictaduras», en respuesta a la categorización que les dieron algunos medios locales.
El 28 de septiembre, el gobierno de Costa Rica anunció que la vacuna contra COVID-19 sería obligatoria para todos los empleados públicos y además facultó a los empleadores privados a exigirla a sus trabajadores. El decreto entró en vigor por el presidente costarricense Carlos Alvarado el pasado 15 de octubre.
El mismo día que se promulgó el decreto presidencial, cientos de costarricenses se concentraron frente a la Defensoría de los Habitantes en la capital del país para conversar con la titular, Catalina Crespo, quien aceptó escuchar sus inquietudes. Más tarde el grupo se dirigió al Ministerio de Salud, donde no fueron recibidos por el ministro, según informó el medio local La Tribuna.
Desde entonces, los ciudadanos se manifestaron en diversas ocasiones a favor de los derechos y la libertad de escoger frente a la vacuna.
Asimismo, a partir del 1 de diciembre, los locales comerciales que quieran operar a un 100 por ciento de su aforo deberán exigir el certificado de vacunación a los clientes por medio de un código QR, y los que no lo hagan podrán funcionar al 50 por ciento. A partir del 8 de enero, el requisito será obligatorio para todos los establecimientos comerciales, con excepción de los de primera necesidad como supermercados, farmacias, entre otros.
Esta medida ha sido duramente criticada por el sector turismo, pues considera que generará cancelación de las reservas de turistas internacionales.
La autoridades de salud de Costa Rica establecieron el pasado lunes una orden de vacunación contra COVID-19 para los menores de 18 años.
Según información de la Caja Costarricense de Seguro Social, al 2 de noviembre el 73 por ciento de la población de 12 a 19 años ya cuenta con al menos una dosis de vacuna contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Para los menores de 12 años de edad, la vacunación comenzará a partir de marzo próximo, para lo cual el gobierno ya firmó un contrato con la empresa Pfizer para adquirir las dosis.
Sin embargo, lo que ha ocasionado el fuerte rechazo ciudadano es el anuncio del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica que demandaría a los padres que impidan que sus menores reciban la vacuna.
Con información de EFE.
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