Colombia: Llegó la hora de dignificar a las víctimas de Palacio de Justicia

06 de Noviembre de 2015 Actualizado: 06 de Noviembre de 2015

Esperan que, en lugar de ser revictimizadas, el presidente de la República haga honor al discurso de que su gobierno le da prevalencia a los derechos de las víctimas. Y que, como lo hará, acuda al aniversario, reconozca la responsabilidad del Estado por lo ocurrido y pida perdón a las víctimas.

En los 30 años que han pasado desde el terrible acontecimiento, las víctimas han estado sometidas a múltiples tratos revictimizantes de parte del Estado, incluyendo el amedrentamiento de quienes sobrevivieron a actos de tortura y de quienes buscaban a sus seres queridos justo después del ataque, la negación permanente de muchos de los hechos ocurridos, la obstaculización del esclarecimiento y judicialización de los hechos, el manejo de restos humanos sin el cumplimiento de estándares mínimos, el uso de una narrativa justificadora de la retoma desproporcionada como una “defensa de la democracia”, la ausencia de reparaciones psicosociales y simbólicas adecuadas, así como de garantías de no repetición.

El año pasado la Corte Interamericana emitió una contundente condena contra el Estado por las acciones y omisiones de sus agentes. Tales acciones y omisiones incluyeron no haber prevenido el ataque a pesar de tener conocimiento de que sucedería; haber extraído del Palacio durante la toma a varias personas con vida y, en vez de haberlas puesto a salvo, haberlas sometido a actos de tortura ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada; haber manipulado la escena de los hechos impidiendo la recolección adecuada de pruebas; no haber adelantado procesos de justicia oportunos.

Para resarcir a las víctimas, la Corte ordenó al Estado colombiano diferentes mecanismos materiales y simbólicos de reparación. Uno de ellos, de gran importancia simbólica, es el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, que tiene el propósito de que altos funcionarios del Estado reconozcan las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia. El procedimiento ante la Corte prevé que el acto se haga en un plazo de un año que está por cumplirse y que el Estado acuerde con las víctimas cómo quieren que se hagan las reparaciones simbólicas, pues son ellas las que mejor saben qué tipo de medidas pueden contribuir a disminuir su dolor.

Las víctimas solicitaron que el acto de reconocimiento y perdón se hiciera el día del aniversario. También han solicitado que el presidente de la República y el Ministerio de Defensa acudan al acto. Esto tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que estos son los máximos representantes del Estado y de las Fuerzas Armadas, directamente responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas en la retoma y los días posteriores. Pero tiene aún más sentido teniendo en cuenta que este gobierno se ha llamado a sí mismo el gobierno de las víctimas, e insiste permanentemente en su rol como garante de sus derechos.

Sin embargo, tanto la Presidencia como el Ministerio de Defensa se mostraron muy ambiguos en su intención de garantizar los derechos de las víctimas del Palacio. Hace meses que estas solicitan comedidamente que confirmen su asistencia al evento, pero siempre les estuvieron diciendo que les confirmarían más adelante. Como es obvio, tener que rogar para que los representantes del Estado acudan al acto de reparación puede constituir una nueva forma de victimización, que se suma a las ya muchas que han padecido las víctimas de Palacio en estos 30 años.

Es posible que la vacilación se haya debido a que el Gobierno no quería indisponer a las Fuerzas Armadas ni a la oposición uribista, que continúan negando que la intervención militar haya sido violatoria de los derechos humanos, e insisten en cambio en que sin ella la democracia se habría roto. Pero si el Gobierno hubiera preferido congraciarse con los militares y los uribistas que reconocer los derechos de las víctimas, entonces no podría ufanarse de darles a estos prioridad. Por fortuna se decidió entre ser, en serio y con todas sus implicaciones, un gobierno preocupado por dignificar a las víctimas, o ser otro de los gobiernos que contribuye a su revictimización.

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