WASHINGTON–El senador John Kennedy (R-La.) y un grupo comercial que representa a empresas pequeñas y regionales de servicios financieros están instando a los reguladores estadounidenses a actuar rápidamente para implementar por completo una ley de la era Trump que requiere que las empresas extranjeras que cotizan en bolsas americanas cumplan con los estándares contables estadounidenses.
El 18 de diciembre del año pasado, el entonces presidente Donald Trump promulgó la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras (Ley HFCA) para proteger a los inversores de las empresas extranjeras que no siguen los estándares de auditoría de Estados Unidos. El Congreso aprobó por unanimidad la medida para centrarse principalmente en las empresas chinas que han sido objeto de un intenso escrutinio por prácticas contables fraudulentas.
La Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB) no ha podido inspeccionar firmas de auditoría con sede en China durante más de una década. Beijing se ha negado a permitir inspecciones de auditoría de empresas con sede en China, citando la seguridad nacional y la privacidad como motivos de incumplimiento.
Sin embargo, la ley soluciona ese problema obligando a las empresas extranjeras a eliminarse de las bolsas estadounidenses si no cumplen con las auditorías de la PCAOB durante tres años consecutivos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) adoptó el 18 de marzo reglas provisionales para implementar ciertas disposiciones de la Ley HFCA. Si bien los reguladores estadounidenses están obligados a identificar a las empresas que no cumplen, existe una disputa sobre cuándo poner en marcha el reloj, según la Asociación Estadounidense de Valores (ASA), que representa a las empresas regionales de servicios financieros de Main Street.
El grupo comercial envió una carta de comentarios a la SEC el 5 de mayo, instando a los reguladores a incluir auditorías del año fiscal 2020 en su determinación de «años sin inspección», es decir, años en los que la PCAOB no puede inspeccionar completamente a un auditor.
Según la regla, la SEC determina que el primer año posible de no inspección para una empresa que cotiza en bolsa sería 2022, en lugar de 2021.
«Creemos que esta es una lectura incorrecta tanto del texto como de la intención del Congreso», dice la carta. «Retrasar esta determinación hasta 2022 sería contrario a la intención del Congreso y prolongaría innecesariamente la exposición de los inversores estadounidenses a empresas chinas fraudulentas».
El mes pasado, Kennedy también envió una carta a la comisión, instándola a evitar retrasos en la determinación de las empresas que no cumplen.
“Innumerables empresas chinas defraudaron a los inversores, sobre todo Luckin Coffee, que perdió la mitad de la valoración de sus acciones de la noche a la mañana”, escribió Kennedy en su carta a la SEC.
«Debido a que persiste esta amenaza para nuestro sistema de mercado de capitales, la Comisión debe actuar con rapidez para identificar las empresas que no cumplen con las normas que se encuentran en una jurisdicción extranjera».
Kennedy también pidió a los reguladores que proporcionen al Congreso actualizaciones sobre cómo la SEC planea implementar completamente la ley.
La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El año pasado, el escándalo de Luckin Coffee fue una llamada de atención para los legisladores, reguladores e inversores sobre los riesgos que representan las empresas chinas para los mercados de capitales estadounidenses.
Las acciones de la cadena de cafeterías se desplomaron y posteriormente fueron eliminadas de la lista de Nasdaq el año pasado luego de que se reveló que la compañía estaba involucrada en un fraude contable al exagerar «intencional y materialmente» sus ventas.
Según Chris Iacovella, director ejecutivo de la ASA, los reguladores deben dejar en claro que los informes de auditoría presentados en 2021, que incluyen estados financieros para el año fiscal 2020, «sería el primer año elegible sin inspección».
“La burocracia a veces intenta interpretar la voluntad del Congreso a través de su propia lente”, dijo Iacovella a The Epoch Times.
«Claramente, cuando el Congreso aprueba una ley, quiere que el establecimiento burocrático implemente la ley, de acuerdo con la intención y la voluntad del Congreso».
La nueva ley afecta a los gigantes tecnológicos chinos en manos de inversores estadounidenses, como Alibaba Group Holding (NYSE: BABA), Baidu, Inc. (Nasdaq: BIDU) y JD.com (Nasdaq: JD).
En su sitio web, la PCAOB muestra una lista de 269 casos en los que al regulador se le negó el acceso para realizar la supervisión durante el año pasado; todos estos casos involucran a empresas con sede en China o Hong Kong.
La ley también requiere que las empresas revelen si son propiedad o están sujetas al control de un gobierno extranjero, incluido el régimen comunista de China.
En su carta a la SEC, la ASA instó a la comisión a hacer que la lista de empresas propiedad o controladas por el Partido Comunista Chino «esté disponible y sea de fácil acceso en su sitio web». El grupo comercial también recomendó que los reguladores prohíban la negociación de estas acciones chinas con margen. El comercio de márgenes es una estrategia arriesgada que implica el uso de capital prestado para comprar e intercambiar acciones.
«La atención reciente en torno a la actividad comercial minorista en aplicaciones móviles solo aumenta el riesgo de que los inversores de Main Street sean el objetivo del fraude que el Partido Comunista Chino está ejecutando en los mercados de capitales de Estados Unidos», decía la carta.
El grupo también pidió a la SEC que «cierre la laguna del índice pasivo» prohibiendo la inclusión de acciones chinas en los fondos indexados.
Los proveedores de índices dominantes, incluido MSCI, en los últimos años elevaron sustancialmente la ponderación de las acciones chinas en sus índices.
“Wall Street se está aprovechando de una laguna regulatoria que permite que los fondos indexados pasivos y los proveedores de índices dirijan los dólares de los inversores estadounidenses a las empresas comunistas de China continental incluidas en los índices internacionales o de mercados emergentes”, decía la carta de la ASA.
«Curiosamente, a pesar del apoyo público de Wall Street a los problemas ambientales y sociales, no ha dejado de hacer negocios ni ha comenzado a deshacerse de sus carteras de ningún tema de seguridad del régimen autoritario represivo de la China comunista».
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