Comisión Europea señala a China como el socio comercial más restrictivo de la UE en 2018

Por Nicole Hao
24 de Junio de 2019 Actualizado: 24 de Junio de 2019

El año pasado China tuvo más barreras comerciales que ningún otro país, según un informe de la Comisión Europea publicado el 17 de junio.

El Informe de la Comisión sobre Barreras al Comercio y la Inversión (pdf) dice que los nuevos aranceles lanzados por China en 2018 afectarán a 25.700 millones de euros (28.800 millones de dólares) de exportaciones de la UE, lo que representa la mitad del impacto total de las nuevas barreras.

En total, 23 países no pertenecientes a la UE establecieron 45 nuevas barreras comerciales en 2018, lo que eleva el número total a un máximo histórico de 425 medidas en 59 países diferentes, según el informe.

China y Rusia fueron los países con las medidas comerciales más “problemáticas” en general, con 37 y 34 respectivamente, según el informe.

El año pasado, China fue “responsable de las barreras más importantes”, según el informe, erigiendo cuatro nuevas barreras. Le siguieron Estados Unidos, Argelia e India.

“Estos obstáculos afectaron a las exportaciones de la UE por valor de miles de millones de euros y proyectan una preocupante sombra sobre el sistema multilateral de comercio reglamentado”, escribió en el informe Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio de la UE. “Esto es tan inaceptable como injustificado”.

En conjunto, las nuevas barreras establecidas el año pasado habían afectado o podían afectar a 51.400 millones de euros (57.800 millones de dólares) de las exportaciones de la UE.

Barreras TIC

La Comisión señaló que la nueva barrera del régimen chino en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es la que tiene mayor impacto en las exportaciones de la UE, que afectan a 24.900 millones de euros (27.900 millones de dólares) de flujos comerciales.

El informe dice que el régimen introdujo varias medidas de restricción del comercio en sus industrias de alta tecnología, en consonancia con sus objetivos generales en el marco de una política industrial conocida como Made in China 2025.

La política busca transformar al país en una potencia manufacturera de alta tecnología para el año 2025, centrándose en industrias como la robótica, aeroespacial y farmacéutica.

El informe también destacó las “injustificables normas de ciberseguridad y encriptación” del régimen, que se aplicaron en virtud de la Ley de Ciberseguridad que entró en vigencia en junio de 2017.

Entre ellas se encuentra un conjunto reforzado de normas cibernéticas conocidas como ‘esquema de protección multinivel cibernético’ que entrará en vigencia en diciembre.

El informe dice que estas reglas podrían bloquear el acceso al mercado a las empresas extranjeras.

“El objetivo de estas normas es clasificar todos los sistemas de información por su nivel de seguridad”, dice el informe.

“Según el nivel de sensibilidad percibido, las compañías extranjeras podrían ser excluidas de ciertos segmentos de mercado”.

El borrador de las normas publicado el mes de junio del año pasado, según el informe, también era “problemático”, ya que dejaba algunos conceptos clave sin definir, dejando así un “considerable margen de interpretación”.

El informe también expresa la preocupación de que, en virtud de estas normas, las empresas se verían obligadas a someterse a procedimientos innecesarios de ensayo y certificación para solicitar determinados sistemas informáticos.

Las medidas también pueden amenazar la propiedad intelectual de las empresas, añade el informe.

A principios de marzo, la Comisión, en un informe sobre las relaciones UE-China, también criticó a la segunda economía más grande del mundo por sus políticas proteccionistas.

En contraste con las políticas de apertura de mercados de la UE, el informe de marzo decía que Beijing estableció una serie de barreras que impiden a las empresas de la UE acceder al mercado chino, entre ellas, obligar a las empresas europeas a transferir tecnología a cambio de acceso al mercado, y someter las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a procedimientos discriminatorios y onerosos.

 

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