Congreso de EE.UU. discute por gastos no relacionados al virus del PCCh en el próximo paquete de rescate

Por Mark Tapscott
14 de abril de 2020 9:40 PM Actualizado: 14 de abril de 2020 9:40 PM

Análisis de noticias

En el Congreso de Estados Unidos se está gestando un acalorado debate sobre los gastos no relacionados con el virus del PCCh en un posible cuarto paquete de rescate a medida que se acerca el día en que Estados Unidos vuelva a poner sus carteles de «Abierto al Público» en las ventanas de la economía nacional.

Las líneas de batalla se están formando a lo largo de líneas muy polarizadas, con los demócratas exigiendo miles de millones de doláres para proyectos que tienen poco o nada que ver con la pandemia del coronavirus y los republicanos haciendo hincapié en un rescate que sirva de ayuda para que los individuos y las pequeñas empresas se repongan.

Lo que está fuera de toda duda es que la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo, fue una ley sin precedentes que incluía miles de millones de dólares para proyectos que estaban muy lejos de tratar con el súbito aumento del desempleo o con las empresas que estaban fracasando.

Las investigaciones de la Alianza para la Protección de los Contribuyentes (TPA) proporcionadas a The Epoch Times señalaron una larga lista de gastos no relacionados con la enfermedad y sus secuelas económicas, entre los que se encontraban:

  • USD 30,800 millones para el fondo de estabilización del Departamento de Educación (DED) para programas de educación primaria, secundaria y superior.
  • USD 25,000 millones en subvenciones para infraestructura de tránsito.
  • USD 10,000 millones en préstamos extendidos al USPS.
  • USD 9,500 millones en programas agrícolas.
  • USD 2200 millones para los sistemas de tecnología de la información del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).
  • USD 526 millones en subvenciones para la red nacional de la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarriles (Amtrak).
  • USD 345 millones para los servicios de entrenamiento y empleo del Departamento de Trabajo (DOL).
  • USD 324 millones para programas diplomáticos del Departamento de Estado.
  • USD 300 millones para salarios y gastos generales por la Administración del Seguro Social (SSA).
  • USD 100 millones para el Sistema Federal de Prisiones (FPS).
  • USD 100 millones para “Safe Schools and Citizenship Education” («Escuelas Seguras y Educación para la Ciudadanía»).
  • USD 95 millones a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para gastos de operación.
  • USD 88 millones para el Cuerpo de Paz.
  • USD 75 millones a la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB), que ayuda a financiar la Radio Pública Nacional (NPR).
  • USD 75 millones al Fondo Nacional para las Artes (NEA) y al Fondo Nacional para las Humanidades (NEH).
  • USD 60 millones a la NASA.
  • USD 50 millones para el “Institute of Museum and Library Services” («Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas»).
  • USD 35 millones para las oficinas de apoyo administrativo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (UHUD).
  • USD 25 millones en salarios y gastos adicionales para la Cámara de Representantes.
  • USD 25 millones para «Construcción y Operaciones» del Capitolio de los Estados Unidos.
  • USD 9 millones para gastos varios del Senado.
  • USD 7.5 millones para salarios y gastos del Instituto Smithsonian.
  • USD 3.1 millones para operaciones y entrenamiento de la Administración Marítima.

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Un análisis de la ley CARES realizado el 7 de abril por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) explicó, por ejemplo, que la asistencia del fondo de estabilización del Departamento de Educación «prevé la distribución de aproximadamente USD 14,000 millones a [colegios y universidades] para atender las necesidades directamente relacionadas con el coronavirus, incluyendo, pero no estando limitándose a, la transición de los cursos a la educación a distancia y la concesión de ayudas a los estudiantes para sus gastos educativos, tales como alimentación, vivienda, materiales para sus clases, atención médica y cuidado de los niños».

El CRS no explicó cómo dar a los estudiantes universitarios más dinero para comida, libros, alojamiento y otras necesidades diarias normales les ayudaría a hacer frente a la pandemia.

Sin embargo Ross Marchand, director de políticas de la TPA, le dijo a The Epoch Times el martes que «para la porción de educación superior, parece que al menos la mitad de los fondos necesitarán ir directamente a los estudiantes con subsidios de emergencia más allá de lo que están recibiendo ahora. La otra mitad puede ser usada por la universidad para pagar el cambio de la instrucción al aprendizaje digital, pero estoy seguro de que hay mucha discreción allí».

Los republicanos del Congreso tienen sus propios problemas de clientelismo con los fondos especiales, según Jim Manley, antiguo asesor del senador Harry Reid (D-Nev.).

«Los republicanos ni siquiera se han sorprendido por una disposición que se deslizó en el proyecto de ley CARES que trata de una reducción de impuestos para los individuos ricos que el Comité Conjunto de Impuestos sugiere que costará USD 195,000 millones en 10 años», dijo Manley.

La disposición beneficia a los inversores de fondos de cobertura y a los propietarios de negocios inmobiliarios.

¿El próximo proyecto de ley es peor?

David Williams, presidente de la TPA, advirtió que el próximo paquete de ayuda podría ser peor que CARES.

«La rueda de la (mala) fortuna de los contribuyentes sigue girando, sin que sepamos nunca cuánto gastará el Congreso en artículos no relacionados. El éxito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California), al incluir el gasto clientelista («pork-barrel») innecesario en la Ley CARES sienta un precedente preocupante para la futura legislación de ayuda relacionada con el coronavirus», dijo Williams.

Williams señaló que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) busca otros USD 75,000 millones en la próxima legislación de ayuda «a pesar de los problemas financieros de larga data de la agencia antes de la pandemia. Otorgar subsidios a organizaciones y agencias irresponsables no ayuda en nada a los pacientes de coronavirus y simplemente prepara el terreno para más problemas en el futuro».

Un tema relacionado es el momento en el que se presente el cuarto paquete. Brian Darling, exconsejero principal del senador Rand Paul (R-Ky.) y fundador de Liberty Government Affairs, dijo a The Epoch Times el martes que el Congreso «no debería aprobar un cuarto proyecto de ley hasta que el impacto del proyecto de USD 2 billones pueda ser evaluado para ver si funcionó como se pretendía».

«El impulso de ‘hacer algo’ para que el Congreso pueda proveerse de una cobertura política para las votaciones en noviembre es fuerte y puede costar a los contribuyentes otro USD 1 billón a finales de este año», dijo Darling.

Romina Boccia, del Heritage Foundation, coincidió con Darling, observando que «gran parte del alivio previsto en la Ley CARES aún no ha llegado a las empresas y las personas a las que se destina y los legisladores deberían centrarse en los servicios a los constituyentes para ayudar a las personas a navegar por la compleja red de apoyos».

Eso significa, dijo Boccia, quien dirige el Centro Grover M. Herman para el Presupuesto Federal del grupo de expertos conservadores, que «todas las políticas deberían ser temporales y estar dirigidas directamente a abordar la crisis de salud pública y a mantener a los trabajadores apegados a sus empleadores y a las empresas fracasadas generalizadas a preservar la valiosa infraestructura y las redes, lo que impulsará la recuperación una vez que esto sea posible».

La conclusión, dijo Darling, es el hecho de que «el Congreso es disfuncional y no puede confiarse en que se contenga».

Pero en una muestra del debate que se avecina, Jimmy Williams, exasesor económico del senador Richard Durbin (D-Ill.), dijo a The Epoch Times que «es trabajo del Congreso gastar los dólares de nuestros contribuyentes. Si a un miembro no le gusta ‘el clientelismo’ en estos proyectos de ley, voten en contra. Yo francamente estoy cansado de que los miembros de ambos partidos se quejen de los déficits cuando no han hecho nada para arreglar el problema en casi una década».

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times

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