Corte bloquea en parte orden de Biden sobre salario mínimo de USD 15 a contratistas federales

Por Matthew Vadum
18 de febrero de 2022 6:04 PM Actualizado: 18 de febrero de 2022 6:04 PM

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 10º Circuito suspendió parcialmente la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que exige que todos los contratistas federales reciban un salario mínimo de 15 dólares por hora.

El fallo se produjo el 17 de febrero en una demanda presentada por el operador de viajes de aventura con sede en Colorado, Duke Bradford, quien fundó en 1998 Arkansas Valley Adventures (AVA). En la actualidad, la empresa cuenta con 250 empleados que ofrecen experiencias al aire libre durante todo el año, incluyendo rafting guiados de varios días de duración.

Dado que los ríos de Colorado atraviesan terrenos federales, las empresas de rafting como AVA necesitan permisos de uso especial del gobierno federal. Las empresas pagan al gobierno un porcentaje de las tarifas de servicio y reciben un contrato de arrendamiento anual para realizar rafting en tierras que son propiedad o están gestionadas por el gobierno federal.

Bradford afirma que el mandato federal sobre el salario mínimo —que quebraría su empresa— no debería aplicarse a su empresa porque no es, ni ha sido nunca, un contratista federal.

Su abogado, Caleb Kruckenberg, del bufete nacional de abogados sin ánimo de lucro, Pacific Legal Foundation, celebró el fallo de la Corte de Apelaciones, el que detiene el mandato aplicable a toda la industria al aire libre mientras continúa la demanda federal

«Esta sentencia ayuda a más de 40,000 empresas como Arkansas Valley Adventures que prestan servicios recreativos de temporada en tierras federales. La corte reconoció que esta norma salarial no tiene sentido para la industria, limitaría el acceso a las actividades al aire libre y reduciría las oportunidades de empleo para la gente del sector», dijo el abogado en una declaración.

«Lo que es más importante, la Corte también reconoció que el presidente no tenía autoridad para emitir la norma».

El 23 de noviembre de 2021, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitió un reglamento para aplicar la orden a partir del 30 de enero de 2022, pero incluyó a todas las empresas que tienen permisos especiales de uso de tierra para operar en terrenos federales. En total, la orden abarca unas 500,000 empresas que emplean a una quinta parte de la mano de obra del país.

La demanda legal (pdf) del caso Bradford vs. el Departamento de Trabajo de EE.UU., expediente judicial 1:21-cv-3283, se presentó el 7 de diciembre de 2021 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado.

La Orden Ejecutiva 14026, que Biden firmó el 27 de abril de 2021, ordena a todos los contratistas federales que paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora, más las horas extras. La orden se aplica a cualquier «contrato o instrumento similar a un contrato celebrado con el Gobierno Federal en relación con propiedades o tierras federales y relacionado con la oferta de servicios para los empleados federales, sus dependientes o el público en general».

La orden de Biden revocó la Orden Ejecutiva 13838, que el presidente Donald Trump había firmado en mayo de 2018.

Trump quiso dejar claro que los proveedores de servicios recreativos que utilizan tierras federales no deberían estar sujetos a un mandato de salario mínimo federal. En su orden, Trump afirmaba que dicho mandato «amenaza con elevar significativamente el costo de las excursiones guiadas y los tours en tierras federales, impidiendo que muchos visitantes disfruten de la gran belleza de los exteriores de Estados Unidos. Los trabajadores recreativos estacionales tienen horarios de trabajo irregulares, una alta incidencia de pago de horas extras y una tasa de rotación inusualmente alta, entre otras características distintivas».

Pero Biden, que asumió el cargo en enero de 2021, aparentemente no estuvo de acuerdo con el argumento de Trump y emitió la amplia Orden Ejecutiva 14026, sin mantener una exención para los proveedores de servicios recreativos.

El 24 de enero, Philip Brimmer, juez jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, rechazó (pdf) la solicitud de una medida cautelar, lo que fue anulado por la Corte de Apelaciones el 17 de febrero.

El panel de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 10º Circuito, con sede en Denver, estaba formado por el juez Paul Kelly, nombrado por el presidente George H. W. Bush, y el juez Gregory Alan Phillips, nombrados por el presidente Barack Obama.

El panel determinó en su sentencia (pdf) que los demandantes «han demostrado un derecho a la exención de la Orden de Salario Mínimo en sus circunstancias particulares».

La Corte de apelaciones declaró que «prohibiría al gobierno aplicar la Orden del Salario Mínimo en el contexto de los contratos o instrumentos similares a contratos celebrados con el gobierno federal en relación con los servicios recreativos de temporada o el alquiler de equipos recreativos de temporada para el público en general en tierras federales».

La «orden judicial permanecerá en vigor hasta nueva orden de este tribunal», escribió el panel.

El requerimiento se produjo después de que cinco estados presentaran el 9 de febrero una demanda separada (pdf) ante un tribunal federal de Arizona para impugnar el aumento del salario mínimo de Biden para los contratistas federales.

Los fiscales generales de Arizona, Idaho, Indiana, Nebraska y Carolina del Sur argumentaron en su demanda que Biden carecía de autoridad legal para imponer el aumento del salario mínimo cuando firmó la Orden Ejecutiva 14026, como informó anteriormente The Epoch Times.

Los fiscales generales afirmaron que Biden estaba tratando de lograr por decreto lo que el Congreso se negó a aprobar. El Senado de EE.UU. rechazó la petición de Biden de incluir el aumento salarial de 15 dólares por hora en el paquete de ayuda de coronavirus, en una votación sesgada de 42 contra 58 preferencias.

El Departamento de Justicia de EE.UU., que representa al Departamento de Trabajo en los tribunales en la demanda de Bradford, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.

Con la contribución de Mimi Nguyen Ly


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