La Corte Suprema acordó la semana pasada revisar una orden de deportación contra un extranjero ilegal condenado por usar fraudulentamente una tarjeta de seguro social para obtener un empleo.
Si la Corte Suprema falla a favor del posible deportado en el inusual y altamente técnico caso, citado como Pereida v. Barr, podría invitar más desafíos legales a los esfuerzos de la administración Trump para deportar a los inmigrantes ilegales condenados por delitos.
Clemente Avelino Pereida, un mexicano actualmente casado y con tres hijos, que entró ilegalmente a Estados Unidos en 1995, fue encontrado culpable en Nebraska de intento de suplantación de identidad, un delito menor, relacionado con el uso fraudulento de una tarjeta de seguro social para obtener un empleo, algo de lo que se acusa frecuentemente a los extranjeros ilegales.
Los oficiales de inmigración le entregaron a Pereida un aviso para que se presentara en el 2009, alegando que era elegible para la deportación. El admitió las acusaciones y que era deportable, pero en el 2011 presentó lo que se conoce como una cancelación de deportación 42B.
«Para establecer la elegibilidad para la cancelación de la 42B, un solicitante tiene que haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante 10 años antes de presentar la solicitud, demostrar que él o ella ha sido una persona de buen carácter moral durante ese período, establecer que la deportación resultaría en ‘dificultades excepcionales y extremadamente inusuales’ para un familiar que califique, y demostrar que él o ella no ha sido condenado por un delito bajo varios motivos enumerados de inadmisibilidad y deportabilidad», escribe Andrew R. Arthur del Centro de Estudios de Inmigración.
En el 2014, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió a un juez de inmigración que desestimara la solicitud de Pereida porque, según los funcionarios, había sido condenado por un delito de atentado contra la moral. El juez estuvo de acuerdo en que el uso fraudulento de una tarjeta del Seguro Social era un delito que implicaba atentado contra la moral y desestimó su solicitud de suspensión de deportación.
El atentado contra la moral es un término legal que describe «un acto o comportamiento que viola gravemente el sentimiento o la norma aceptada de la comunidad». El término se utiliza en la deportación, la inhabilitación y los procedimientos disciplinarios.
Pero, como descubrieron los oficiales judiciales a lo largo del proceso, no está claro exactamente bajo qué parte del estatuto de Nebraska fue condenado Pereida. Eso es importante porque parece que puede ser condenado bajo una subsección de la ley que no trataba con el atentado contra la moral. Y era, según los tribunales, la responsabilidad legal de Pereida demostrar que no había sido condenado por ningún delito que implicara la vileza moral.
La Junta de Apelaciones de Inmigración revisó la decisión del juez de inmigración y determinó que la carga de la prueba estaba en el presunto deportado para demostrar que su condena no implicaba atentado contra la moral y por lo tanto no lo hacía inelegible para el perdón. La junta dictaminó que Pereida no cumplió con esta exigencia y que el proceso de deportación podía continuar.
Pereida pidió que la Corte de Apelaciones del 8º Circuito revise el fallo de la junta. El tribunal falló en su contra.
La corte de apelaciones encontró que el estatuto de Nebraska bajo el cual fue condenado contenía algunas ofensas que involucraban atentado contra la moral y otras que no. Sin embargo, basándose en los antecedentes no concluyentes que tenía ante sí, el tribunal dictaminó que era imposible determinar si una subsección de la ley que trataba de atentado contra la moral constituía la base de la condena de Pereida.
«Debido a que Pereida no puede establecer que era elegible para la cancelación de la deportación, sostenemos la determinación de la Junta de que no ha demostrado tal elegibilidad,» escribió el Juez C. Arlen Beam para la corte de apelaciones.
El Departamento de Justicia argumentó un punto similar en el escrito que presentó ante la Corte Suprema.
«Al asignar la responsabilidad al inmigrante, el Congreso se aseguró de que los inmigrantes no se beneficien de la retención de pruebas disponibles que arrojen luz sobre el delito por el que un inmigrante fue condenado anteriormente».
Las diversas cortes de circuito alrededor del país no están de acuerdo en el efecto que tienen los registros no concluyentes en los casos que involucran a solicitantes inmigrantes que buscan establecer su elegibilidad para el beneficio de la inmigración, escribe Arthur, por lo que el nuevo caso puede permitir que la Corte Suprema aclare parte de la confusión.
*****
Video relacionado:
Por qué los progresistas quieren más inmigración ilegal
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
