Corte Suprema considerará si estados pueden enjuiciar a individuos no indios por delitos en tierras indias

Por Matthew Vadum
22 de Enero de 2022 1:45 PM Actualizado: 22 de Enero de 2022 1:45 PM

La Corte Suprema anunció el 21 de enero que estudiará si su decisión de 2020 de ampliar la autoridad tribal en Oklahoma debe anular la condena de un hombre no indio por abusar de su hijastra mestiza.

El alto tribunal estudiará si los estados pueden procesar a los no indios por delitos contra los indios en las reservas indígenas, pero se negó específicamente a reconsiderar su sentencia de 2020 en el caso McGirt contra Oklahoma, que despojó a los tribunales de Oklahoma de la capacidad de escuchar los casos penales contra los nativos americanos por delitos cometidos en tierras indias.

El caso, una apelación del Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma, es Oklahoma vs Castro-Huerta, expediente judicial 21-429. La orden del 21 de enero (pdf) no estaba firmada y no proporcionaba las razones para la decisión de escuchar el caso, de acuerdo con la práctica habitual del alto tribunal.

En el caso McGirt contra Oklahoma, la Corte Suprema dictaminó por 5 a 4, el 9 de julio de 2020, que la mayor parte del este de Oklahoma y parte de la zona central del estado es territorio indio porque albergaba reservas indias. Esto significaba que el enjuiciamiento de los nativos americanos en estas tierras solo podía llevarse a cabo en los tribunales tribales o en los tribunales federales en virtud de un estatuto federal llamado Ley de Delitos Mayores. Otro tribunal aclaró que las reservas pertenecían a las llamadas Cinco Tribus Civilizadas —Cherokee, Chicasaw, Choctaw, Creek (Muscogee) y Seminole.

El juez conservador Neil Gorsuch escribió la opinión mayoritaria, a la que se unieron cuatro jueces liberales: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Ginsburg murió el 18 de septiembre de 2020 y fue sustituida semanas después por la jueza conservadora Amy Coney Barrett.

Cuatro jueces conservadores —el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas— se separaron de la decisión mayoritaria.

Algunos críticos de la decisión McGirt especulan con que el caso podría decidirse de forma diferente si se volviera a tratar ahora que Barrett ha sustituido a Ginsburg.

Pero la Corte Suprema no se puso de acuerdo en su orden del 21 de enero para volver a tratar el caso McGirt. El tribunal aceptó considerar solo una de las dos cuestiones planteadas por el Estado en su petición (pdf), concretamente, “si un Estado tiene autoridad para procesar a los no indios que cometen delitos contra los indios en territorio nativo-americano”.

El tribunal indicó que no consideraría la segunda cuestión, que era “Si McGirt vs Oklahoma … debe ser anulado”.

En la petición de Oklahoma, el estado criticó la sentencia de 2020, escribiendo: “Ninguna decisión reciente de esta corte ha tenido un efecto más inmediato y desestabilizador en la vida de un estado americano que McGirt vs Oklahoma”.

El tribunal sostuvo “que una amplia zona de Oklahoma, que en su momento estuvo dentro de los límites de la Nación Creek, se califica como ‘país indio’ a efectos de la Ley de Delitos Mayores. Esa decisión privó al Estado de la autoridad para procesar a los indios que cometieran delitos graves allí, y los tribunales del estado de Oklahoma han sostenido desde entonces que McGirt obliga a la misma conclusión con respecto al resto de las Cinco Tribus de Oklahoma”.

Esto significaba que “casi 2 millones de residentes de Oklahoma —la gran mayoría de los cuales no son nativos americanos— vivían de repente en el territorio indio a efectos de la jurisdicción penal federal”.

Como Roberts “predijo en su disentimiento, los resultados de este abrupto cambio de soberanía han sido calamitosos y están empeorando día a día”. La decisión sobre McGirt “impulsa ahora a miles de víctimas de delitos a buscar justicia en las fiscalías federales y tribales, cuyas oficinas nunca antes habían atendido esas demandas”, afirma la petición.

“Numerosos delitos quedan sin investigar y sin perseguir, poniendo en peligro la seguridad pública”, proseguía la petición. “Los tribunales federales de distrito de Oklahoma están completamente desbordados”.

“Los efectos se han extendido también al ámbito civil, poniendo en peligro cientos de millones de dólares en ingresos fiscales del Estado y poniendo en duda la autoridad reguladora del Estado sobre innumerables cuestiones dentro de sus propias fronteras”.

McGirt plantea “dos cuestiones excepcionalmente importantes… que reclaman la atención inmediata de la corte”.

El demandado, Victor Manuel Castro-Huerta, fue condenado por “descuidar gravemente a su hijastra de cinco años, miembro inscrito de la Banda Oriental de los Indios Cherokee”, según la petición. Un jurado de Oklahoma lo condenó a 35 años después de que la niña, legalmente ciega y con parálisis cerebral, fuera llevada de urgencia a una sala de urgencias de Tulsa en 2015.

La hijastra “fue ingresada en estado crítico; estaba deshidratada, demacrada y cubierta de piojos y excrementos, y solo pesaba 19 libras. Los investigadores que visitaron la casa del demandado descubrieron más tarde que su cuna estaba llena de chinches y cucarachas y que solo había una taza para sorber seca, cuya parte superior estaba masticada”.

Castro-Huerta admitió ante las autoridades que sabía que la niña “necesitaba cinco biberones de suplemento nutricional al día”, pero que le había dado “solo entre doce y dieciocho biberones el mes anterior”.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma anuló la condena del hombre al considerar que el delito se había producido en territorio indio. El tribunal de apelación también sostuvo que la decisión McGirt “se extiende más allá de los límites de la Ley de Delitos Mayores a todos los delitos cometidos por no indios contra indios en el territorio indio”.

Esta decisión era “errónea y agrava enormemente la actual crisis de la justicia penal en Oklahoma”, según la petición del estado.

The Epoch Times se puso en contacto con el abogado del demandado en el caso de la Corte Suprema, Zachary C. Schauf, del bufete de abogados Jenner and Block de la capital del país, para pedirle comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.


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