La Corte Suprema de Texas suspendió temporalmente el jueves la orden de vacunación contra la COVID-19 del Distrito Escolar de San Antonio horas antes de que entrara en vigor.
El Distrito Escolar Independiente de San Antonio ordenó que todos sus empleados se vacunaran contra la COVID-19 antes del 15 de octubre. La orden, emitida el 16 de agosto por el entonces superintendente Pedro Martínez, desafiaba directamente la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, emitida inicialmente en abril, que prohíbe las órdenes de vacunación contra la COVID-19 por parte de las entidades financiadas por el estado.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda contra el distrito escolar por la orden el 19 de agosto.
La Corte Suprema dijo el jueves en un dictamen (pdf) que suspende la aplicación de la vacunación obligatoria mientras continúa la batalla legal sobre el asunto.
La Corte Suprema de Texas mantuvo en su opinión que no se ha pronunciado sobre la legalidad de la orden de vacunación obligatoria del distrito escolar ni sobre la prohibición de la orden de vacunación del gobernador.
«Este caso, al igual que los relativos a la autoridad de las entidades gubernamentales locales para ordenar el uso de mascarillas, cuestiona la legalidad de las órdenes del gobernador en virtud de la Ley de Desastres de Texas. Todavía no hemos tenido la oportunidad de considerar los fundamentos de estos recursos», dijo el tribunal en esta decisión.
El Distrito Escolar Independiente de San Antonio había aclarado el 20 de agosto que solo ordenaría [vacunarse con] vacunas que recibieran la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). La FDA concedió dicha aprobación a la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer el 23 de agosto, después de lo cual el estado desestimó sus demandas contra el distrito escolar.
Dos días después, Abbott emitió una orden distinta que prohibía a las entidades gubernamentales imponer la vacuna contra la COVID-19 independientemente del estado de aprobación de la vacuna por parte de la FDA.
Paxton demandó al distrito escolar por segunda vez el 9 de septiembre (pdf), tratando de conseguir una orden judicial temporal contra la vacunación obligatoria. Pero una jueza de distrito del Condado de Bexar, Mary Lou Álvarez, denegó la moción el 1 de octubre.
El estado apeló el fallo ante la 4ª Corte de Apelaciones de Texas. El tribunal de apelaciones denegó la petición de Paxton de bloquear temporalmente la vacunación obligatoria, tras lo cual Paxton pidió a la Corte Suprema de Texas que interviniera. La semana pasada, Paxton también presentó una orden judicial para pedir a la Corte Suprema de Texas que anule el fallo de la 4ª Corte de Apelaciones.
La Corte Suprema de Texas dijo en su fallo del jueves: «Concedemos este alivio bajo nuestra propia autoridad mientras consideramos la petición del estado de un mandato judicial. No expresamos ninguna opinión sobre el fondo de las reclamaciones del estado».
Añadió que la decisión de detener la vacunación obligatoria, por ahora, «no es un comentario sobre la decisión del tribunal de distrito de denegar la petición del Estado de una orden judicial temporal».
«Confiamos en que la corte de apelaciones considerará rápidamente la apelación del Estado», dijo también el tribunal. «La petición de mandamiento judicial sigue pendiente ante el tribunal».
Álvarez había programado una fecha de juicio para el 19 de enero de 2022 sobre la demanda. La orden COVID-19 del distrito escolar no es ejecutable al menos hasta entonces.
Paxton celebró la decisión de la Corte, diciendo en una declaración el jueves: «Estoy contento de ver que la Corte Suprema de Texas ha confirmado de nuevo que las decisiones del gobernador controlan tanto a nivel estatal como local».
Y añadió: «Esta decisión debe servir de recordatorio a todos los distritos escolares de Texas de que deben utilizar sus limitados fondos en educar a los niños y equipar a los profesores, no en defender órdenes de vacunación obligatoria ilegales».
Por otro lado, Abbott emitió el 11 de octubre una prohibición más amplia que prohíbe a cualquier entidad, incluidos los empleadores privados, emitir órdenes sobre la COVID-19 en el estado. También incluyó el tema en el orden del día de una sesión legislativa para dar a los legisladores estatales la oportunidad de aprobar una ley de efecto similar.
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