Corte Suprema evalúa si la deportación de extranjeros con antecedentes penales se puede revisar

Por MATTHEW VADUM
10 de Diciembre de 2019 Actualizado: 10 de Diciembre de 2019

WASHINGTON – La revisión judicial de las órdenes de deportación de los residentes permanentes con antecedentes penales que no cumplen con los plazos legales debe ser limitada, dijo la administración Trump a un Tribunal Supremo escéptico.

Los magistrados escucharon los alegatos verbales el 9 de diciembre en dos casos que se consolidaron, Ovalles v. Barr y Guerrero-Lasprilla v. Barr.

Los casos son importantes porque si la Corte Suprema falla a favor de los residentes permanentes deportados podría haber consecuencias legales para otras personas previamente deportadas de los Estados Unidos.

Si la Corte Suprema se pone del lado de los peticionarios, Pedro Pablo Guerrero-Lasprilla y Rubén Ovalles, tendrían derecho a que un tribunal federal considere si tienen pueden reabrir sus casos de deportación. Ovalles fue deportado en 2004 y Guerrero-Lasprilla en 1998.

La Junta de Apelaciones de Inmigración descubrió que ambos hombres habían esperado demasiado para que sus casos fueran reconsiderados. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que la cuestión de si las apelaciones eran oportunas era una cuestión de hecho y, por lo tanto, no tenía facultades para examinarla.

El abogado del demandante, Paul W. Hughes, le pidió a la Corte Suprema que considerara la doctrina de suspensión equitativa, que permitiría a sus clientes acudir a los tribunales.

La suspensión equitativa, un principio legal desarrollado a partir de la ley común de equidad, permite que una reclamación, en este caso una apelación, siga adelante si la parte hizo esfuerzos razonables y diligentes para continuar con el caso a pesar de la caducidad de un estatuto de limitaciones.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe la revisión judicial de “cualquier orden final de deportación contra un extranjero que pueda ser expulsado por haber cometido un delito penal”, excepto cuando existan “reclamaciones constitucionales o cuestiones de derecho”.

Frederick Liu, abogado de la oficina del procurador general de los Estados Unidos, dijo a los jueces que la meta del Congreso “desde 1996 ha sido agilizar y acelerar la remoción de extranjeros criminales”, sin embargo, los demandantes harían que tanto los extranjeros criminales como los no criminales recibieran “una revisión judicial de todos los reclamos constitucionales, de todas las cuestiones de derecho y mixtas”.

Los tribunales, argumentó Liu, deberían examinar si un juez de inmigración empleó el estándar legal correcto al tomar una decisión, no si ese juez aplicó el estándar correctamente.

Los jueces parecieron oponerse a esta interpretación estricta de la ley.

El juez Neil Gorsuch le preguntó a Liu si la administración Trump argumentaba que “solo las cuestiones puras de derecho son revisables, o también la posición del gobierno es que pueden haber algunas aplicaciones que sean tan atroces que se elevarían al nivel de ser cuestiones de derecho”.

Liu contestó que eran “solo preguntas”.

Gorsuch sugirió que podría prevenir cualquier “revisión judicial” significativa si todo lo que la Junta de Apelaciones de Inmigración tenía que hacer era recitar “el estándar legal correcto” y “nos convertimos en un sello de goma”.

“Y no importa cuán irracional, no importa cuán loca sea la solicitud, tenemos que dar un respaldo judicial a esa decisión”, dijo el juez.

La Jueza Elena Kagan sugirió que si lo que la ley requiere no es claro, “la presunción de revisabilidad debería tener vigencia”.

El juez Stephen Breyer dijo que existe una “presunción que le garantiza a cada persona en los Estados Unidos de América que este gobierno no le hará daño en una forma ilegal, injusta, arbitraria, caprichosa, inconstitucional, o un abuso de discreción”.

“Si se quiere tener un país que tenga un gobierno que esté bajo control, no hay una mejor manera”, agregó Breyer.

Gorsuch añadió que la presunción de revisabilidad fue ” una ley bastante antigua “.
“Se remonta al derecho de la ley común que indica que el rey no puede actuar arbitrariamente sin algún control, alguna revisión, alguna oportunidad de ser escuchado por los ciudadanos. ¿No es de ahí de donde viene la presunción? ¿No es eso fundamental para la separación de poderes, el debido proceso y esas consideraciones?”.

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