Corte Suprema: Ley de Indiana que obliga a enterrar o incinerar a bebés abortados puede continuar

Por Matthew Vadum
01 de mayo de 2023 6:33 PM Actualizado: 01 de mayo de 2023 6:33 PM

La Corte Suprema rechazó el 1 de mayo un recurso contra la ley de Indiana que obliga a incinerar o enterrar los restos de bebés abortados.

La demanda es una de muchas en todo el país que se adjudicaron a raíz de la decisión de la Corte Suprema de junio de 2022 en Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization que anuló Roe vs Wade. En ese caso, la Corte Suprema encontró que no existía el derecho al aborto en la Constitución de Estados Unidos y devolvió la regulación de los abortos a los estados.

La demanda impugnó una ley de 2016 firmada por el republicano Mike Pence, el gobernador de Indiana en ese momento que se convirtió en vicepresidente de EE.UU. en 2017, que requería el entierro o la cremación del tejido de los abortos en lugar de utilizar el método convencional de incineración utilizado para los desechos médicos humanos. La Corte Suprema confirmó previamente la ley en 2019 antes de que la decisión de Dobbs cambiara el panorama legal sobre el aborto, determinando en ese momento que el estado tenía un interés legítimo en cómo se eliminaban los restos humanos.

Ningún juez disintió de la nueva orden sin firmar en Doe vs [Todd, fiscal general de Indiana] Rokita, expediente judicial 22-951. El tribunal no explicó su decisión de no escuchar el caso.

La demanda fue presentada por dos mujeres no identificadas que se sometieron a abortos, dos profesionales médicos identificados y una clínica de abortos de Indianápolis.

En su petición presentada ante la Corte Suprema el 28 de marzo, los impugnadores afirmaron que “creen sinceramente por convicción religiosa y moral que: 1) Un embrión no es una persona, y 2) Enterrar o incinerar el tejido embrionario procedente de sus procedimientos abortivos significaría que sí lo es”.

Los demandantes argumentaron que la ley de Indiana violaba sus derechos constitucionales.

“Hasta 2016, las instalaciones de atención médica de Indiana eliminaban todo el tejido humano de los procedimientos médicos de acuerdo con los protocolos médicos estándar… Ese año, Indiana prohibió el uso de esos protocolos para el tejido embrionario y fetal de los procedimientos de aborto y aborto espontáneo, y comenzó a exigir que las pacientes de aborto y aborto espontáneo dieran su consentimiento por escrito para el entierro o la cremación de su tejido o asumieran la responsabilidad de su transporte y disposición sin la ayuda de un proveedor de atención médica a pesar de su naturaleza de riesgo biológico”, decía la petición.

“Al hacerlo, Indiana cargó injustificadamente el ejercicio religioso y la conducta expresiva de las personas, incluidos los Demandantes Doe, que creen que los rituales de entierro y cremación son apropiados para las personas y que un embrión o feto no debe ser tratado como una persona”.

Un tribunal de distrito federal determinó previamente que el mandato de disposición de tejido violaba la Cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda porque gravaba la práctica religiosa de quienes sostienen que un feto o embrión no debe ser tratado como una persona y los obligaba a afirmar un mensaje contrario sobre cuándo comienza la vida.

Pero en noviembre de 2022, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos invalidó ese fallo y restableció la ley. El tribunal de circuito consideró que los derechos constitucionales no se vieron afectados porque las mujeres que abortaron “pueden optar por hacerse cargo de la custodia de los restos y disponer de ellos a su antojo”.

The Epoch Times se acercó a Rokita en busca de comentarios, pero no había recibido una respuesta hasta el momento de la publicación.

Rokita, un republicano, elogió el fallo del Séptimo Circuito cuando se emitió, informó The Indianapolis Star en ese momento.

El fallo demuestra que “los bebés por nacer son más que meros desechos médicos”.

“Son seres humanos que merecen la dignidad de la cremación o el entierro”, dijo Rokita. “La decisión de la corte de apelaciones es una victoria para la decencia básica”.

El Epoch Times se puso en contacto con el abogado de los demandantes, Rupali Sharma, del Lawyering Project de South Portland, Maine, pero no había emitido alguna respuesta al cierre de esta edición.


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