Cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a más de 1600 personas en seis meses, según ONG

Por Debora Alatriste
14 de Septiembre de 2020
Actualizado: 14 de Septiembre de 2020

Un informe de dos organizaciones no gubernamentales señala que 1611 personas fueron asesinadas de enero a junio por cuerpos policiales o militares de Venezuela.

El informe publicado este 13 de septiembre, afirma que en los primeros seis meses de 2020 un promedio de 9 personas por día fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad de Venezuela y las víctimas son en su mayoría jóvenes pobres de entre 18 y 30 años de edad.

La investigación es el resultado del trabajo conjunto del Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

De acuerdo con los datos obtenidos, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAESfueron responsables de 417 asesinatos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de 400 muertes, las policías estatales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, las policías municipales fueron responsables de 57 asesinatos, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos.

Comparando las cifras con las de 2019 la participación de la FANB en las ejecuciones aumentó en un 403%, afirma el informe.

Las FAES son equiparadas a un escuadrón de la muerte, y de acuerdo a información de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, son responsables de por lo menos 7523 muertes violentas en 2018 y 2124 entre enero y mayo de 2019 por “resistencia a la autoridad”.

“En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales”, señalan los autores.

Estas ejecuciones suele tener lugar en los falsos enfrentamientos o falsos positivos, “en los cuales las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las víctimas emplearon armas contra policías y militares”, explica el informe. “En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”.

Las víctimas de las ejecuciones se pueden dividir en dos grupos: quienes tenían problemas personales con los funcionarios de los cuerpos de seguridad y quienes son asesinados en el despliegue de operativos o acciones adelantadas sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes.

En este último, las autoridades suelen decir que se trataba de un enfrentamiento haciendo que se crea que la víctima era en realidad un peligroso criminal, señala el informe.

En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento”.

Uno de los casos expuesto en el informe es el del médico integral comunitario, Daniel Alexander López Ramírez, de 28 años, quien fue asesinado durante un operativo mixto.

La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda en busca de presuntos delincuentes. Los familiares desmintieron la información indicando que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros y aseguraron que el médico no se enfrentó a la comisión policial.

Un reporte de 2006 la Comisión Nacional para la Reforma Policial, citado en el informe, señala que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles durante los llamados enfrentamientos lo cual “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.

Las ONG afirman que la víctimas de estas ejecuciones son consecuencia de la política de Estado, que combina el apoya a la altas autoridades para cometer abusos y la impunidad. “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.

De continuar así, las cifras llegarían a las 3000 muertes, advirtió Marino Alvarado, activista de derechos humanos y director de Provea.


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