Se ha presentado una demanda federal contra Takeda Pharmaceuticals por parte de algunos de sus antiguos empleados, que culpan a la empresa por no haber proporcionado exenciones religiosas para las vacunas COVID-19. Con sede en Tokio, Takeda es una empresa multinacional con casi 50,000 empleados en todo el mundo y la mayor compañía farmacéutica de Asia.
La demanda, presentada el 18 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Massachusetts de EE.UU., afirma que Takeda instituyó una política de vacunación obligatoria contra el COVID-19 para todos los empleados de campo y exigió que los trabajadores presentaran pruebas de vacunación antes del 1 de noviembre de 2021. La política de vacunación les pedía a los empleados que solicitaban exenciones religiosas que especificaran la naturaleza de la exención. Tras recibir la solicitud, la empresa designaba un investigador que se ponía en contacto con el solicitante para obtener más información sobre la situación.
Si el investigador o la empresa creyeran que el reclamo de exención no se sostuvo con sinceridad o impone «dificultades excesivas» a la empresa, rechazarían la solicitud.
«Takeda rara vez, o nunca, considera que las creencias religiosas de un empleado son lo suficientemente «sinceras» como para justificar una exención», afirmaba la demanda.
«Cuando no puede rechazar las reclamaciones de un creyente alegando falta de sinceridad, Takeda alega entonces que acomodar las creencias religiosas de un empleado o posible empleado supondría una dificultad excesiva para su negocio. El resultado es que Takeda casi nunca concede exenciones religiosas”.
Mientras buscaban exenciones religiosas, los demandantes expresaron su preocupación por ser inyectados con sustancias que se desarrollaron “en parte mediante el uso de células madre fetales abortadas”. Los demandantes, todos cristianos, trabajaban en el campo interactuando con clientes.
Takeda denegó la exención religiosa a los demandantes insistiendo en que hacerlo le obligaría a enfrentarse a la pérdida de ventaja competitiva frente a otras empresas farmacéuticas cuyos empleados estaban dispuestos a mantener reuniones cara a cara con los clientes.
La demanda señalaba que Takeda concedía exenciones médicas a muchos empleados a los que se les permitía trabajar a distancia a pesar de «cualquier desventaja competitiva» que la decisión pudiera suponer.
La empresa también compartió con otros trabajadores el contenido de las entrevistas que mantenían con los demandantes en relación con las exenciones, sometiendo así a estas personas al «desprecio y la sospecha”.
Violación a las leyes de EE.UU.
La demanda señaló que Estados Unidos es la única nación en la que Takeda hace negocios donde las exenciones religiosas a los requisitos de vacunación son «obligatorias por ley».
Este requisito surge del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, así como de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Takeda fomenta una atmósfera de hostilidad hacia los empleados que profesan abiertamente creencias cristianas, considerando esas creencias como, en el mejor de los casos, anacrónicas e inconsistentes con la visión de progreso científico de la compañía”, dijo.
La demanda buscaba compensación por daños de la empresa por salarios perdidos, angustia emocional, honorarios de abogados y daños punitivos. Los demandantes solicitaron un juicio con jurado.
La demanda fue presentada por los bufetes de abogados Mendenhall Law Group y Pattis and Smith. Fue financiada por la organización sin fines de lucro, We Patriots USA Inc.
La organización sin fines de lucro dijo que tenía la esperanza de que la demanda saque a la luz los sufrimientos de numerosas personas debido a las decisiones tomadas durante los últimos dos años, según un comunicado de prensa del 18 de noviembre. Para esas personas, la crisis del COVID-19 “está lejos de terminar”.
“Confiamos en que obtendremos una victoria para la libertad religiosa que garantizará que la discriminación contra las personas con creencias religiosas, que se oponen a ciertas vacunas, nunca se justifique ante los ojos de la ley”, dijo.
The Epoch Times contactó a Takeda Pharmaceuticals en busca de comentarios.
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