Varios juicios electorales en Pensilvania siguen enfrentándose en los tribunales sobre si se deben contar las papeletas de voto por correo sin fecha o con fecha errónea.
El desacuerdo se mantiene una semana después de que la Corte Suprema del Estado ordenara a las juntas electorales de los condados que se abstuvieran de contar las papeletas de voto en ausencia y por correo sin fecha o con fecha incorrecta recibidas para las elecciones generales del 8 de noviembre.
En su decisión dividida, la Corte Suprema ordenó a los condados que separen y conserven estas papeletas.
En Pensilvania, los votantes deben firmar y fechar el sobre exterior de su voto por correo para que este sea válido.
La campaña de John Fetterman, a la que se unieron las entidades de la campaña demócrata para la Cámara de Representantes y el Senado, pidió a una corte federal que ordene a los condados que cuenten todas las papeletas de voto por correo, sin importar las marcas o la falta de marcas en el sobre.
Fetterman se encuentra en una reñida carrera por el Senado de EE. UU. contra el Dr. Mehmet Oz.
Caso del condado de Monroe
Algunos condados se limitaron a apartar las papeletas como dice la orden judicial, otros permitieron a los votantes ir a la oficina electoral y añadir una fecha y una firma a su sobre. El tratamiento contrastado provocó otra presentación legal ante el tribunal.
El Comité Republicano del Condado de Monroe pidió la semana pasada a la Corte de Causas Comunes del Condado de Monroe que emita una orden judicial para impedir que la junta electoral del condado se ponga en contacto con los votantes con sobres mal rellenados con el objeto de permitirles ir a la oficina y corregir el problema para que su papeleta sea contada. El GOP argumentó que esto es un escrutinio anticipado de las papeletas de voto. Los condados deben mantener las papeletas de voto aseguradas hasta las 7 de la mañana del día de las elecciones, cuando efectivamente se pueden empezar a contar los votos por correo.
Pero el juez demócrata, Arthur Zulick, se negó a los republicanos, dictaminando que una medida cautelar un día antes de las elecciones causaría un daño porque 150-175 votantes ya habían sido informados de que sus papeletas de votos debían ser arregladas para ser contadas. “Conceder la medida cautelar afectaría negativamente al interés público”, dictaminó Zulick.
Divididos por partidos
Las opiniones sobre el recuento de los votos por correo sin fecha de los votantes que no siguieron las instrucciones de la papeleta están divididas por partidos. Los demócratas dicen que los votos deben ser contados, los republicanos dicen que no.
La decisión de la Corte Suprema del estado de la semana pasada se deriva de Ball vs. Chapman, un caso presentado el 16 de octubre por individuos republicanos, el Comité Nacional Republicano, y el Partido Republicano de Pensilvania, en respuesta a la orientación del Secretario de Estado de Pensilvania en funciones, Leigh Chapman, que había ordenado a todos los condados a incluir las papeletas de voto sin fecha en sus declaraciones oficiales para las elecciones del 8 de noviembre.
Esta orientación va en contra de la ley estatal, que exige a los votantes que rellenen, fechen y firmen la declaración impresa en el sobre que se les proporciona al presentar una papeleta de voto por correo, según la petición del GOP.
Poco después de que se presentó el caso original, la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania y la rama nacional de la ACLU intervinieron en el caso, en nombre del Proyecto de Empoderamiento Político Negro, la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania, la Causa Común de Pensilvania, la Conferencia Estatal de la NAACP de Pensilvania, Make the Road Pennsylvania y POWER.
La ACLU de Pensilvania describió a estos grupos de izquierda como organizaciones no partidistas comprometidas con la promoción de la democracia y la garantía de que los votantes elegibles puedan votar y que sus votos sean contados.
“Con la votación de 2022 ya en marcha, la descalificación de las papeletas de voto por correo sin una fecha escrita a mano en el sobre de devolución tendría un profundo impacto en el trabajo de estas organizaciones y podría privar de derechos a miles de votantes de Pensilvania”, declaró la ACLU-PA en su sitio web.
“Esta acción podría determinar si miles de votantes registrados en Pensilvania serán privados del derecho a voto por un pequeño error de papeleo que no tiene relación con su calificación para votar, la validez de su registro o en la oportunidad de su devolución de la papeleta”, argumentó ACLU-PA en sus documentos de intervención.
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