Una pesquisa del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado y de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos descubrió que el Departamento de Justicia no está recopilando de manera adecuada y eficiente los datos sobre las muertes en las prisiones estatales y en las cárceles locales, por lo que el verdadero número es probablemente mucho mayor.
El informe (pdf), que culminó tras una investigación de 10 meses, se centra en si el Departamento de Justicia (DOJ) cumplió con la Ley de Información sobre Muertes en Custodia (DCRA) de 2013.
Dicha ley requiere que las fuerzas de seguridad estatales y federales informen al fiscal general de Estados Unidos de cualquier muerte que se produzca mientras las personas están detenidas, bajo arresto, en proceso de ser arrestadas, de camino a la cárcel o encarceladas en cualquier centro penitenciario, incluidos los centros contratados.
A continuación, el fiscal general debe estudiar la información e indicar sobre las maneras en que esta puede utilizarse para reducir el número de las muertes. En virtud de la ley DCRA, los estados que no presenten los datos necesarios pueden ser sancionados.
Aproximadamente 1.5 millones de personas están encarceladas en centros penitenciarios estatales y locales de todo Estados Unidos, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
El informe del Senado alega que el Departamento de Justicia (DOJ) «no está aplicando eficazmente» la ley DCRA y que la «implementación fallida del DOJ», de la ley, «ha perjudicado la recopilación eficaz, exhaustiva y precisa de los datos sobre muertes en prisión».
Datos incompletos y errores evitables
Específicamente, el informe alega que tan solo en el año fiscal de 2021, el DOJ no identificó al menos 990 muertes relacionadas con la prisión y el arresto, a la vez que el 70 por ciento de los datos recopilados por el DOJ estaban incompletos.
«El DOJ no implementó una metodología efectiva de recopilación de datos, a pesar de las advertencias internas de la Oficina del Inspector General (OIG) del DOJ y la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS)», dice el informe. «Los errores del DOJ eran evitables», añade.
«De las 990 muertes no contabilizadas, 341 fueron muertes en prisión reveladas en los sitios web públicos de los estados y 649 fueron muertes relacionadas con la detención, reveladas en una base de datos fiable y pública», señala el subcomité.
Para ese mismo año, la «gran mayoría de la información sobre muertes bajo custodia que [la Oficina de Asistencia Judicial] recopiló de los estados estaba incompleta», agrega el informe.
En concreto, en el 70 por ciento de los registros de muertes bajo custodia «faltaba al menos un campo de datos requerido por la DCRA de 2013», mientras que aproximadamente el 40 por ciento de los registros «no incluía una descripción de las circunstancias que rodearon la muerte». Otro 32 por ciento de los registros carecía de más de un campo de datos requerido por la DCRA de 2013″, afirma el documento.
La ley DCRA se aprobó originalmente en el año 2000, pero fue reautorizada por el Congreso en el año 2013. La versión más reciente establece que el Departamento de Justicia debe presentar al Congreso un informe sobre cómo se pueden prevenir las muertes dentro de las prisiones y las cárceles locales.
El documento del Senado afirma que el Departamento de Justicia no entregó el informe obligatorio, que debía presentar a finales del año 2016 y no lo hará hasta 2024, con ocho años de retraso.
El DOJ tampoco tiene previsto hacer pública ninguna otra información sobre muertes a nivel estatal y local, señala el documento.
«Fundamental para mejorar la transparencia en las prisiones»
«El fracaso del DOJ en la aplicación de la DCRA ha privado al Congreso y al público estadounidense de información sobre quiénes mueren bajo custodia y por qué», dice el informe.
«Esta información es fundamental para mejorar la transparencia en las prisiones y cárceles, identificando las tendencias de las muertes en custodia que puedan justificar una acción correctiva —como el hecho de no proporcionar una atención médica adecuada, servicios de salud mental, o salvaguardar a los presos de la violencia— e identificando instalaciones específicas con tasas de mortalidad fuera de lo normal».
El martes se celebró una audiencia en el Senado sobre este asunto durante la cual el senador Jon Ossoff (D-Ga.), quien dirigió la investigación, dijo que la falla del DOJ «socava los esfuerzos para abordar la urgente crisis humanitaria que se está produciendo tras las rejas en todo el país”.
No está claro si el Departamento de Justicia se enfrentará a alguna consecuencia por no cumplir con la orden de informar.
El propio Departamento de Justicia admitió en un documento reciente (pdf) que no había contabilizado algunas muertes en las prisiones estatales y se comprometió a seguir administrando la ley DCRA «haciendo hincapié en proporcionar apoyo técnico, recursos y asistencia para mejorar los informes estatales».
Sin embargo, el documento también señaló que un cambio en la ley en 2013 tuvo «varias consecuencias no deseadas que degradaron y obstaculizaron la capacidad del Departamento para producir información completa y precisa».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para recibir sus comentarios.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
