Departamento de Justicia revierte 2 restricciones de la Administración Trump a solicitantes de asilo

Por Masooma Haq
17 de junio de 2021 6:50 PM Actualizado: 17 de junio de 2021 6:50 PM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso fin el miércoles a dos políticas de la era Trump que dificultaban la obtención de asilo por motivos de violencia doméstica o de pandillas, así como para quienes afirmaban que un miembro de su familia había sido amenazado con violencia.

El fiscal general Merrick Garland emitió una nueva directiva a los jueces de inmigración para que dejen de seguir las dos reglas, lo que facilita que los solicitantes adquieran asilo.

«Estas decisiones involucran preguntas importantes sobre el significado de las leyes de asilo de nuestra nación, que reflejan el compromiso de Estados Unidos para brindar refugio a algunas de las personas más vulnerables del mundo», escribió la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, en un memorando explicando las decisiones a los jueces de inmigración.

Gene Hamilton, un colaborador clave de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump y quien se desempeñó en el Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que creía que el cambio conduciría a más solicitudes de asilo basadas en delitos. También dijo que el cambio no debería ser considerado como una herramienta de protección.

La decisión de Garland fue elogiada por demócratas y activistas.

El Departamento de Justicia “ha revertido dos decisiones crueles y antiestadounidenses de la administración Trump, decisiones que virtualmente eliminaron las proyecciones de asilo para sobrevivientes de violencia doméstica y de pandillas. Estados Unidos ya no hará la vista gorda ante quienes escapan de la violencia y la persecución”, dijeron el miércoles los demócratas del Poder Judicial de la Cámara de Representantes.

“No se puede exagerar la importancia de esto”, dijo Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del Consejo Estadounidense de Inmigración. «Esta fue una de las peores decisiones contra el asilo durante la era Trump, y este es un primer paso realmente importante para deshacer eso».

Garland dijo que estaba haciendo los cambios después de que el presidente Joe Biden le ordenó a su oficina y al Departamento de Seguridad Nacional que redactaran reglas que aborden temas complejos en la ley de inmigración sobre grupos de personas que deberían calificar para el asilo.

La Administración Trump trató de restringir los asilos debido a que los consideraba como un imán que atraía a los migrantes hacia el norte desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

El entonces Fiscal General, Jeff Sessions, en la Cumbre sobre Trata de Personas del Departamento de Justicia, en Washington, el 2 de febrero de 2018. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

El primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, abogó por cambiar las reglas de asilo y eliminar la controvertida política de «captura y liberación».

“Se está abusando del sistema de asilo en detrimento del estado de derecho, las políticas públicas sólidas y la seguridad pública, y en detrimento de las personas con reclamos justos”, dijo Sessions durante un discurso en 2018. “Diciendo unas pocas palabras simples, cuando apelan al temor de regresar, están transformando una simple detención por entrada ilegal y retorno inmediato en un proceso legal prolongado, en el que un extranjero puede ser liberado de la custodia en Estados Unidos y posiblemente nunca se presente a una audiencia de inmigración. Esto es una gran parte de lo que se ha llamado con precisión, ‘atrapar y liberar’”.

“El asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso todos los problemas graves, que enfrentan las personas todos los días en todo el mundo”, agregó.

Según el DOJ, actualmente hay cerca de 1.3 millones de casos de inmigración (como remoción, deportación, exclusión, asilo y retención) pendientes.

David Inserra, analista de políticas de seguridad nacional y ciberpolítica en la Fundación Heritage, escribió en un informe de 2018 que el sistema de asilo de Estados Unidos puede ser vulnerado y puede funcionar «como una vía para una mayor inmigración ilegal».

Sugirió tres soluciones: primero, aumentar significativamente los fondos para los tribunales de inmigración; en segundo lugar, garantizar que los solicitantes de asilo se presenten a las audiencias utilizando alternativas a la detención, como dispositivos de rastreo GPS; y tercero, exigir que la solicitud de asilo se escuche primero en el país de origen para verificar su autenticidad.

Con información de Associated Press.


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