En su informe 2022 sobre la situación de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos expone la situación en varios países de Latinoamérica, incluidos los regímenes de Venezuela, Cuba, y Nicaragua, donde persisten violaciones a los mismos.
En el caso de Venezuela, el informe señala que el régimen de Nicolás Maduro reclama el control de todas las instituciones públicas, e incluye informes creíbles sobre la continuación de abusos cometidos, incluidas las ejecuciones ilícitas por parte de las fuerzas del régimen; desapariciones forzadas; tortura, tratos, penas crueles e inhumanas por parte de las fuerzas de seguridad, así como censura a la libertad de expresión.
El informe cita a la ONG de defensa de los DD. HH. Fundaredes, que documentó 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. También cita a la Misión Independiente de Investigación (FFM, por sus siglas en inglés) de la ONU sobre Venezuela de septiembre, que incluyó 96 posibles desapariciones desde 2014 hasta octubre de 2022 en el arco minero del Orinoco en el contexto de la minería ilegal.
En tema de tortura, tratos y penas crueles, el informe halló que la Defensoría del Pueblo afín al régimen, “no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año”. Sin embargo, la agencia citó a grupos de derechos humanos y la FFM quienes informaron sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La FFM documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros castigos inhumanos por parte de agentes de la DGCIM a partir de 2014.
En ejecuciones extrajudiciales, las ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Fundación Gumilla reportaron 485 de ellas en operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año. El informe también señala que la policía estatal estuvo involucrada en el mayor número de asesinatos con un 25 por ciento, seguida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con un 20 por ciento, y luego el Cuerpo Nacional Científico, Criminal e Investigador (CICPC) con un 19 por ciento.
En el caso de Cuba, el informe señala que continúa siendo un estado autoritario donde el Ministerio del Interior controla a la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. El informe cita un informe que la ONG Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, presentó al Comité contra la Tortura de la ONU reportando al menos 101 casos de tortura de prisioneros en el país.
El documento destaca que bajo el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel permanecen condiciones penitenciarias duras y que podrían amenazar la vida como la violencia ejercida por compañeros de prisión o funcionarios penitenciarios contra los prisioneros, las ejecuciones extrajudiciales, torturas, a pesar de que a diferencia del informe del 2021 no hubo reportes confirmados de desapariciones prolongadas por parte de autoridades del régimen.
En el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado señaló que el país continúa bajo un sistema político altamente centralizado y autoritario liderado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo Zambrana. La agencia destaca “numerosos abusos” cometidos por las fuerzas de seguridad, así como tratos inhumanos por parte de guardias penitenciarios a los presos, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, además de represión transnacional contra personas ubicadas en otros países.
Además señala que a raíz de las protestas surgidas en abril del 2018 contra Ortega. “El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018 (…) El presidente [Daniel] Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”.
El informe reporta preocupación respecto a la situación de los DD. HH. de países democráticos de la región como México, El Salvador, Colombia y Perú.
Señala al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la “impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento” contra el crimen, y por “desacreditar” a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias matutinas diarias.
El mandatario mexicano respondió al Departamento de Estado sobre el informe.
“No es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe (…) entonces se creen el gobierno del mundo”, expresó López Obrador este martes en su conferencia diaria.
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