PUNTA GORDA, Florida. El gobernador Ron DeSantis ha vetado un proyecto de ley que habría alterado las leyes de pensión alimenticia del estado, un impulso controvertido que, según los críticos, «amenazaba con empobrecer a las excónyuges de más edad que han sido amas de casa y dependen de los pagos» de sus antiguos maridos.
Es un tema cargado de emociones que se remonta al mandato de Rick Scott como gobernador entre 2011 y 2019.
El 24 de junio, DeSantis decidió que no iba a revisar la ley de pensión alimenticia que ya ha sido «bateada» tres veces y ha tenido su tercer strike.
El proyecto de ley habría suprimido la pensión alimenticia permanente y establecido un pago máximo basado en la «duración del matrimonio».
La medida generó un emotivo debate entre los legisladores durante la sesión que finalizó en marzo.
DeSantis dijo que le preocupaba que el proyecto de ley le permitiera a los excónyuges modificar los acuerdos de pensión alimenticia existentes.
“Si CS/CS/SB 1796 se convirtiera en ley y tuviera efecto retroactivo, como pretende la legislatura, afectaría inconstitucionalmente los derechos adquiridos en virtud de ciertos acuerdos de conciliación matrimonial preexistentes”, escribió el gobernador en su carta de veto.
Durante el proceso legislativo, muchos excónyuges les dijeron a los legisladores que no querían el proyecto de ley porque acordaron renunciar a los bienes en el momento de su divorcio a cambio de “adjudicaciones permanentes de pensión alimenticia”.
Los que estaban a favor del proyecto de ley dijeron que el proyecto de ley «modernizaría» las leyes de pensión alimenticia de Florida al hacer que el proceso sea más «equitativo y predecible» para quienes buscan el divorcio.
En una declaración escrita, Marc Johnson, un abogado de Tampa y también presidente de Florida Family Fairness, emitió una declaración en la que expresaba su decepción por la decisión del gobernador al vetar el proyecto de ley.
“Estamos increíblemente decepcionados por el veto a este proyecto de ley tan necesario. Hoy, el gobernador DeSantis eligió abogados de divorcio en lugar de familias y padres de Florida que aman a sus hijos y quieren ser parte de sus vidas”, escribió Johnson.
Si el proyecto de ley hubiera sido aprobado, habría reducido la elegibilidad para los pagos de pensión alimenticia a las personas casadas por menos de tres años, pero las personas que habían estado casadas durante 20 años o más podrían recibir pagos de hasta el 75 por ciento de los términos del matrimonio.
Además, el proyecto de ley habría requerido que los jueces en casos de divorcio comenzaran con una “presunción” de que los niños deberían dividir su tiempo equitativamente entre los padres.
En ese momento, en 2016, el entonces gobernador Rick Scott vetó un proyecto de ley de pensión alimenticia por una disposición similar sobre el reparto de los hijos.
La sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Florida cabildeó en contra del proyecto de ley y le agradeció al gobernador “por comprender el mal precedente que habría establecido la retroactividad” de la medida.
“Si se hubiera convertido en ley, esta legislación habría alterado miles y miles de acuerdos, retrasando los tribunales y poniendo en peligro la vida de muchos floridanos”, escribió en Facebook Philip Wartenbert, el presidente de la sección de familia del Colegio de Abogados.
Los grupos de defensa a favor y en contra del proyecto de ley habían ejercido presión sobre la oficina de DeSantis.
En un tuit del 24 de junio, el grupo “First Wives Advocacy” dijo que había entregado una petición con más de 2000 firmas pidiendo el veto.
En apoyo al proyecto de ley, la oficina del gobernador informó que las llamadas telefónicas que respaldan el proyecto de ley sumaron 349 y 289 estaban en contra de la medida.
Algunas de las transcripciones telefónicas y correos electrónicos fueron publicados por la oficina del gobernador. En ciertas publicaciones había personas que le suplicaban al gobernador que vetara el proyecto de ley porque “dañaría a las mujeres y las familias” y “obligaría a algunos a caer en la pobreza”.
“Las consecuencias probables son que las mujeres se verán afectadas en gran medida, en particular las mujeres que se divorciaron después de largos matrimonios en los que podrían haber dejado sus carreras en suspenso para apoyar a sus ahora exmaridos”, dijo Felice Schulaner, una ciudadana preocupada, a la oficina del gobernador en un mensaje grabado.
“¿Cuántas mujeres perderán sus hogares?”, preguntó.
Murielle Fournier, otra residente de Florida preocupada, le escribió al gobernador y describió su acuerdo de divorcio como un “contrato de buena fe” que fue “amistoso” entre ella y su exmarido y en el que no se le permite “modificar sus pagos”, no obstante, agregó, el proyecto de ley potencialmente podría afectar sus «ahorros».
“Es un contrato que hice bajo la ley actual”, escribió. “Trabajo y tengo que alquilar una habitación porque no puedo permitirme alquilar mi propio lugar: No tengo una casa, ni un plan de jubilación, ni ahorros. Este proyecto de ley me devastará financieramente”.
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