Un alto funcionario de la administración del expresidente Donald Trump mintió al testificar sobre la adición de una pregunta de ciudadanía al Censo, según documentos publicados el 20 de julio por un importante demócrata.
Wilbur Ross, el secretario de Comercio durante la Administración Trump, dijo a un panel del Congreso en 2018 que la medida de volver a colocar la pregunta en el Censo fue “únicamente” en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia, y que el departamento inició la medida.
Ross también dijo que su interés en el asunto no tenía nada que ver con el recuento del número de inmigrantes ilegales para propósitos de prorrateo.
Pero los documentos obtenidos y publicados (pdf) por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes muestran que Ross y los trabajadores del Departamento de Comercio pasaron meses explorando la legalidad de devolver la pregunta al Censo, que Ross pidió repetidamente al departamento que proporcionara la solicitud, y que hubo discusiones sobre cómo la medida afectaría al prorrateo, o la forma en que los escaños de la Cámara de Representantes de EE. UU. se asignan por estado en función de la población.
También parecen mostrar que la razón declarada para la acción —mejorar la aplicación de la Ley de Derecho al Voto— se originó en la agencia de Ross.
La publicación de los documentos “muestra claramente cómo la Administración Trump trató de manipular secretamente el censo para obtener beneficios políticos mientras mentía al público y al Congreso sobre sus objetivos”, dijo en un comunicado la representante Carolyn Maloney (D-N.Y.), presidenta del panel de supervisión.
Los inspectores generales del Departamento de Comercio ya habían constatado (pdf) que Ross “tergiversó toda la justificación” de la reintroducción de la pregunta sobre la ciudadanía al hablar ante el Congreso, pero los fiscales se negaron a procesarlo.
No fue posible contactar con Ross para que hiciera comentarios.
La pregunta sobre la ciudadanía
La pregunta sobre la ciudadanía se incluyó en todos los censos desde 1790 hasta 1950.
El Departamento de Justicia, en una carta a la Oficina del Censo en diciembre de 2017, pidió a la oficina que volviera a incluir la pregunta. Arthur Gary, un funcionario del departamento, dijo que los datos de la pregunta “son críticos para la aplicación del Departamento de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto (VRA) y sus importantes protecciones contra la discriminación racial en la votación”.
John Gore, otro funcionario del departamento, dijo más tarde al comité de la Cámara de Representantes que él había redactado la carta.
Meses antes, un abogado del Departamento de Comercio, James Uthmeier, y Ross, entre otros, empezaron a examinar si devolver la pregunta al Censo era legal, y si las respuestas podían utilizarse con fines de distribución, según los documentos publicados el miércoles.
El primer borrador de un memorando de la agencia, que no estaba firmado, decía que la pregunta solo podía incluirse legalmente en el Censo si la información recogida “no se utiliza para el prorrateo”. El segundo borrador, redactado por Uthmeier, modificaba esa redacción.
“Ningún tribunal federal ha sostenido que el recuento de la población del censo utilizado para el prorrateo no deba incluir a los ciudadanos. Sin embargo, existen fundamentos jurídicos para argumentar que los Padres Fundadores pretendían que el recuento del prorrateo se basara en los habitantes legales”, escribió Uthmeier, añadiendo la segunda frase.
Earl Comstock, otro abogado, suavizó aún más el punto eliminando “para el prorrateo”.
Uthmeier, ahora jefe de gabinete del gobernador de Florida Ron DeSantis, y Comstock, abogado, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
También antes de la carta del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), una nota manuscrita de Uthmeier le dijo a Gore que Ross “cree que el DOJ tendría un uso legítimo de los datos para los propósitos de la VRA”.
“En última instancia, no tomamos decisiones sobre cómo deben utilizarse los datos para el reparto, eso lo decide el Congreso (o posiblemente el presidente)”, escribió Uthmeier a Comstock.
“La investigación del Comité ha puesto de manifiesto cómo un grupo de designados políticos trató de utilizar el censo para promover una agenda ideológica y excluir potencialmente a los no ciudadanos del recuento del prorrateo”, dijo el panel en un comunicado.
Bloquean a la Administración
Después de que Ross anunciara en marzo de 2018 que la pregunta sobre la ciudadanía formaría parte del Censo de 2020, un grupo de demandas trató de bloquear a la administración para que la añadiera.
El juez de distrito de Estados Unidos Jesse Furman, nombrado por Obama, emitió una orden judicial preliminar, dictaminando que la decisión de Ross no era legal porque el secretario “no consideró varios aspectos importantes del problema”, afirmó falsamente que la pregunta era necesaria para ayudar a hacer cumplir la VRA y no cumplió con una ley que requiere notificar al Congreso de sus planes.
El caso fue apelado ante la Corte Suprema, que rápidamente atendió el caso para emitir una decisión antes de la impresión de los documentos del Censo.
El máximo tribunal del país, en una decisión de 5-4, dictaminó que la pregunta no era necesaria para ayudar a aplicar la VRA.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, designado por George W. Bush, dijo en la opinión mayoritaria que la justificación “parece haber sido inventada”.
En una disidencia, el juez Clarence Thomas, designado por George H. W. Bush, dijo que Ross “cumplió con la ley y dio una explicación razonada de su decisión”.
Más tarde, Trump emitió una orden ejecutiva que exigía a las agencias federales entregar información sobre los no ciudadanos al Departamento de Comercio.
El entonces fiscal general, Willam Barr, y Ross, por su parte, fueron declarados en desacato al Congreso por no cooperar con las solicitudes de materiales relativos a la cuestión de la ciudadanía.
El comité de la Cámara de Representantes acordó retirar una demanda contra el gobierno a principios de este año después de que el gobierno proporcionara documentos previamente retenidos o redactados, incluidos los borradores del memorando Uthmeier.
J.D. Grom, asesor del gobierno, dijo a Maloney que la presentación de los documentos se debió a la conclusión de la Corte Suprema de que Ross incluyó la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo basándose en una justificación “artificiosa”.
Con información de Matthew Vadum.
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