El acuerdo de ‘tercer país seguro’ restaura el Estado de derecho y honra la soberanía de EE.UU.

Por Clifford Humphrey
01 de Agosto de 2019 Actualizado: 01 de Agosto de 2019

Opinión

Cada vez hay más evidencia de que nuestro problema de inmigración más preocupante no está en nuestra frontera sur; está en el Congreso de Estados Unidos.

En un discurso reciente sobre la inmigración, la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez utilizó un tono lírico que comenzó como un jingle marxista, luego se convirtió en algo como una filosofía existencial, y terminó en una defensa descarada de las fronteras abiertas. Ella manifestó: “La migración para mí es liberación. Es la habilidad de moverse y ser. Es la libertad de ser, realmente. (…) Y creo que todas las personas deberían ser libres de estar aquí, en nuestras comunidades”.

Estas afirmaciones son tontas y degradan la seriedad propia del asunto. Para pensar en las políticas de inmigración y asilo de forma prudente, debemos hacer una distinción importante. Las declaraciones de quienes tienen un “temor creíble a la persecución” –tal como es definido en nuestras leyes– difieren categóricamente de las de quienes simplemente tienen el deseo de disfrutar de las increíbles libertades y oportunidades económicas disponibles en Estados Unidos.

Cuando los miembros del Congreso pronuncian una retórica rimbombante que implica que todos los que simplemente desean una vida mejor tienen derecho a vivir en Estados Unidos, están mezclando estas dos declaraciones diferentes y socavan la compasión que creemos se merecen los que genuinamente solicitan asilo.

El 26 de julio, Guatemala y Estados Unidos firmaron un “acuerdo de tercer país seguro”, que efectivamente convierte a Guatemala en un punto de control en Centroamérica para absorber a los migrantes que de otro modo tratarían de solicitar asilo en Estados Unidos. Es posible que Honduras y El Salvador pronto sigan el ejemplo. Este plan hará que aquellos con solicitudes de asilo ilegítimas no intenten entrar a Estados Unidos de forma ilegal abusando nuestra política de asilo.

Además, el acuerdo permite a los guatemaltecos interesados en trabajar temporalmente en Estados Unidos solicitar visas de trabajo desde su país de origen. Este acuerdo es beneficioso para todos, no solo para nuestros dos países, sino para el Estado de derecho en general.

Se trata de una política prudente porque restablece efectivamente la distinción entre las declaraciones de los pocos que realmente reúnen los requisitos para ser solicitantes de asilo y las de los muchos que simplemente quieren una vida mejor de la que creen que pueden tener actualmente en sus países de origen. Solo manteniendo la legitimidad de esta distinción podemos pensar con prudencia en las políticas de inmigración y asilo.

Seguridad y felicidad

En la Declaración de Independencia, los fundadores estadounidenses resumieron los fines del gobierno como simplemente “seguridad y felicidad”. Nuestra resolución de hacer, someter y hacer cumplir nuestras propias leyes brinda protección a nuestras vidas y propiedades –lo que nos mantiene seguros– y protección de nuestras libertades –lo que nos permite buscar la felicidad.

Podemos disfrutar del derecho a “buscar la felicidad”, es decir, una buena vida, solo porque somos capaces de asegurar las necesidades de la mera vida a través del justo cumplimiento de las leyes. Tristemente, sin embargo, muchos países luchan por hacer cumplir las leyes que brindan la seguridad para asegurar incluso la misma vida, y por lo tanto, es difícil para la gente de allí lograr las aspiraciones de una buena vida.

Aunque es triste, esta es una norma histórica. Estados Unidos es un milagro de 243 años de antigüedad que hoy damos por sentado. No nos damos cuenta de lo raro y frágil que es un gobierno que realmente ofrece seguridad y felicidad. En parte, Donald Trump ganó la presidencia debido a una notable disminución en la determinación de los líderes de nuestra nación por hacer cumplir las leyes básicas que protegen nuestra seguridad –la inmigración ilegal incontrolada es un claro ejemplo.

Si permitiéramos que todo el mundo viniera a este país solo por simplemente tener el deseo de hacerlo, no podríamos mantener las condiciones que nos permiten reconciliar el consentimiento con el cumplimiento efectivo de las leyes. Tal modificación del régimen calificaría como un abandono del autogobierno republicano.

¿Un derecho a inmigrar?

En una entrevista reciente con la Radio Pública Nacional, Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria, reconoció que la firma del acuerdo de ‘tercer país seguro’ con otras naciones reducirá efectivamente el número de solicitudes de asilo presentadas en Estados Unidos.

Pero esta reducción sería un problema angustioso, ella piensa, porque obligaría a la gente a solicitar asilo en países menos seguros que Estados Unidos, como México y Guatemala. Pierce adopta así la misma suposición que Ocasio-Cortez, o sea, que todos los seres humanos tienen derecho a vivir en el país que elijan.

Esta lógica implica que, debido a que Estados Unidos es más seguro que todos los países de América Central, los migrantes en esos países –de hecho, toda su población– tienen derecho a “estar aquí en nuestras comunidades” en Estados Unidos. Pero los que piensan así mezclan a los solicitantes de asilo con los que solo están interesados en mejorar su situación de vida actual. Ellos harían de una rara excepción la nueva regla.

Nuestras leyes permiten a las personas pedir asilo en nuestro país si pueden demostrar que su gobierno es tan tiránico que está tratando activamente de perseguirlos simplemente “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. Afortunadamente, tales tiranías odiosas son relativamente raras hoy en día.

Sin embargo, enfáticamente no lo hacemos porque no podemos brindar asilo a todas las personas que viven bajo gobiernos que son simplemente malos en hacer cumplir las leyes decentes, ni tampoco ofrecemos asilo a personas que pasan por condiciones económicas difíciles en su país de origen.

La pobreza y los gobiernos corruptos o ineptos, por muy lamentables que sean, no son razones suficientes para establecer el derecho de alguien de vivir en Estados Unidos. La gente en tales circunstancias puede ser digna de nuestra caridad privada, pero a pesar de las lágrimas de cocodrilo y los viajes de culpabilidad de los progresistas de las limusinas, el gobierno de Estados Unidos no tiene el deber de descuidar a sus propios ciudadanos y dirigir al país en una misión suicida para acomodar a los pobres y menos afortunados del mundo entero.

Nuestra nación –como dijo John Quincy Adams con elocuencia– “es la que más desea la libertad y la independencia para todos. Ella es campeona y defensora solo de los suyos. Ella recomendará la causa general, por el semblante de su voz y la simpatía benigna de su ejemplo”.

Clifford Humphrey es originario de Warm Springs, Georgia. Actualmente, es candidato a doctorado en política en el Hillsdale College de Michigan. Síguelo en Twitter @cphumphrey.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de La Gran Época

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