El presunto atentado hace diez días contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha convertido en pretexto para que el partido opositor Primero Justicia (PJ) sea desmembrado como sucedió con Voluntad Popular en su momento.
En PJ, un partido creado hace 18 años poco tiempo después de iniciada la llamada «revolución bolivariana», militan dos de los acusados por el atentado fallido: los diputados Julio Borges y Juan Requesens.
Contra el primero, a quien Maduro venía amenazando con cárcel desde hace meses, pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo y, según el Gobierno, una solicitud de alerta roja en la Interpol pues Borges se encuentra actualmente en Colombia.
El segundo fue detenido por las autoridades mientras Maduro lo acusaba en televisión y quedó despojado de su inmunidad en un procedimiento exprés.
Una jueza decide hoy sobre los delitos que se le imputan, entre ellos instigación pública continuada, homicidio con alevosía frustrado, terrorismo y asociación para delinquir, explicó a Efe su abogado, que ha pedido la nulidad de la causa.
La mayoría de los miembros de PJ han sido calificados de «violentos» y «terroristas» en múltiples ocasiones por los voceros del Gobierno, que también se referían así a los dirigentes de Voluntad Popular (VP), el partido de Leopoldo López.
VP, que denunció persecuciones durante los últimos cuatro años, tiene a sus principales líderes inhabilitados, como es el caso de López (en arresto domiciliario) o de David Smolansky, huido del país tras ordenarse su arresto por no haber impedido en su municipio las protestas antigubernamentales.
El coordinador de VP, Freddy Guevara, se encuentra bajo protección en la Embajada de Chile.
VP llegó a denunciar en un momento que 245 de sus activistas habían sido víctimas de persecución por parte del Gobierno, que este año otorgó libertad con restricciones a Gilber Caro, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel y Daniel Ceballos, todos activos críticos contra Maduro antes de ser arrestados.
López, sin embargo, sigue cumpliendo -ahora en su domicilio- una condena de casi 14 años de confinamiento por los hechos violentos que ocurrieron al final de una marcha opositora convocada el 12 de febrero de 2014.
Las acusaciones contra los líderes de PJ por parte del Gobierno de Maduro escalaron en 2017 cuando el diputado Borges fue presidente del Parlamento, de mayoría opositora, y tras las protestas antigubernamentales de ese año, que llevaron a la detención de varios de sus concejales.
Maduro comenzó a referirse a Borges como el «jefe de la oposición» y no ahorró descalificativos y advertencias cuando el diputado presidente de la Cámara inició una gira internacional para «denunciar» la crisis política venezolana.
Aunque, en general, los dirigentes opositores aseguran que son seguidos en sus recorridos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en los últimos meses Borges, y en especial el secretario general del partido, Tomás Guanipa, han denunciado «amedrentamiento» por parte de miembros de ese organismo.
El mes pasado, el diputado José Manuel Olivares, un médico políticamente activo que denuncia la escasez de medicinas y el deterioro de los hospitales en Venezuela, abandonó el país ante una supuesta orden de captura a su esposa a quien iban a acusar, según sus datos, de «un delito que no cometió».
El año pasado, cuando se convocaron las elecciones regionales y Olivares aspiró a la gobernación del estado de Vargas (centro-norte), el médico denunció la detención de su hermano como forma de presionarle para que desistiera.
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