El DOJ inicia grupo de trabajo para abordar las amenazas contra funcionarios electorales

Por Jack Phillips
29 de Julio de 2021
Actualizado: 29 de Julio de 2021

El Departamento de Justicia dijo el jueves que creó un grupo de trabajo para abordar las amenazas contra los trabajadores electorales, la administración u otras personas relacionadas con el proceso electoral.

La agencia dijo en un comunicado de prensa que el grupo de trabajo se enfocará en las amenazas de violencia contra los trabajadores y el personal para garantizar que realicen su trabajo y contará con el apoyo de varias Fiscalías de EE. UU. y oficinas de campo del FBI. La vicefiscal general Lisa Monaco encabezará el esfuerzo.

“Para proteger el proceso electoral para todos los votantes, debemos identificar amenazas contra los responsables de administrar las elecciones, ya sean federales, estatales o locales”, dijo Monaco en un comunicado. “Una amenaza para cualquier funcionario electoral, trabajador o voluntario es una amenaza para la democracia. Procesaremos rápida y vigorosamente a los infractores para proteger los derechos de los votantes estadounidenses, castigar a quienes se involucren en este comportamiento criminal y enviar el mensaje inequívoco de que tal conducta no será tolerada”.

Mónaco agregó que el FBI y el Departamento de Justicia no “tolerarán amenazas contra ningún trabajador electoral federal, estatal o local” y que la agencia “investigará todas y cada una de las violaciones federales al máximo”.

En un discurso en junio describiendo las medidas de protección electoral de la agencia, el fiscal general Merrick Garland dijo que la agencia está monitoreando presuntas amenazas violentas contra funcionarios electorales.

“Tales amenazas socavan nuestro proceso electoral y violan una gran cantidad de leyes federales”, dijo el fiscal general durante el discurso del 11 de junio en Washington.

El año pasado, tras la conclusión de las elecciones del 3 de noviembre, dos escrutadores republicanos en el condado de Wayne dijeron que recibieron amenazas de muerte después de anular sus votos para certificar las elecciones en el país.

El comunicado de prensa del Departamento de Justicia del jueves no proporcionó detalles sobre la naturaleza de las amenazas y no mencionó las numerosas presuntas amenazas que se hicieron contra los observadores electorales durante la contienda del 3 de noviembre.

La medida se produce un día después de que la agencia alertara a los estados de que se encuentra monitoreando la auditoría electoral en el condado de Maricopa, Arizona, así como las auditorías propuestas en otras áreas.

“Cuando los registros electorales dejan de estar bajo el control de los funcionarios electorales, los sistemas para mantener la seguridad, la integridad y la cadena de custodia de esos registros pueden romperse fácilmente”, dice un documento de orientación del Departamento de Justicia.

Además, el documento dice que “cuando los registros electorales ya no están bajo el control de los funcionarios electorales, esto puede conducir a un riesgo significativo de que los registros se pierdan, sean robados, alterados, comprometidos o destruidos”.

“Este riesgo se agrava si los registros electorales se entregan a actores privados que no tienen experiencia ni conocimientos en el manejo de dichos registros y que no están familiarizados con las obligaciones impuestas por la ley federal”, dijo la agencia.


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