El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como «el rey del acero», ha abonado la fianza de un millón de euros (1,13 millones de dólares) impuesta por un juez español para salir de prisión mientras se decide sobre su extradición a México, donde es reclamado por corrupción y blanqueo.
Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, entró en prisión el 29 de mayo pasado en la ciudad insular mediterránea de Palma de Mallorca por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Cuando salga de la cárcel deberá cumplir con las medidas cautelares de comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.
Fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto de esa ciudad en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado.
En México se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron «grave daño patrimonial» a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía mexicana.
La investigación sobre Ancira, propietario de Altos Hornos de México (Ahmsa), comenzó por una denuncia de Pemex presentada el pasado 5 de marzo «con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa».
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con el supuesto sobreprecio en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.
Según indicaron fuentes del Gobierno de México, la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que la operación afectó negativamente a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.
Se sospecha, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, que con el dinero obtenido ilícitamente por la venta de la planta se compró un condominio en México.
Lozoya Austin, director de Pemex durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es investigado también por haber recibido presuntamente unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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