¿Es inconstitucional la nueva «cuota de mujeres» en consejos directivos de empresas en California?

Por CHRIS KARR
04 de diciembre de 2019 3:41 PM Actualizado: 04 de diciembre de 2019 3:41 PM

Una ley de California que exige que todas las empresas que cotizan en la bolsa incluyan al menos una mujer en su junta directiva para 2020 está provocando críticas entre algunos dueños de negocios y expertos legales.

Las senadoras estatales Hannah-Beth Jackson y Toni Atkins patrocinaron el proyecto de ley 826 del Senado, que el ex gobernador Jerry Brown promulgó el año pasado.

La ley impone una multa de USD 100,000 para todas las compañías que no cumplan con la ley para fines de este año. En 2021, todas las empresas con una junta de cinco personas deben tener al menos dos mujeres. Las juntas con seis o más miembros deben tener tres.

Las compañías que no cumplan reiteradamente podrían recibir una multa de USD 300,000 por cada asiento que legalmente sea establecido para una mujer.

«Dado que las mujeres representan más de la mitad de la población y toman más del 70% de las decisiones de compra, su visión es crucial para las discusiones y decisiones que afectan la cultura corporativa, las acciones y la rentabilidad», dijo Jackson en un comunicado el año pasado. «Ha llegado el momento de que California traiga diversidad de género a nuestras juntas corporativas».

Un informe de la KQED descubrió que una cuarta parte de las 445 empresas que cotizan oficialmente en el estado no tienen mujeres en sus directivas.

«Todos los consejos de las grandes corporaciones… solo tienen hombres, no hay mujeres», dijo a The Epoch Times Eva García, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias.

En un comunicado emitido a The Epoch Times, Lynn Jurich, cofundadora y directora ejecutiva de Sunrun, expresó su apoyo a la nueva ley.

«Como una de las pocas CEOs femeninas en la industria energética, estoy orgullosa de apoyar la legislación que ayuda a establecer a California como líder nacional en igualdad de género», escribió. «Garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en las salas de juntas es un paso esencial para garantizar que las mujeres estén allanando el camino para las futuras generaciones».

Hasta el momento, se han presentado dos demandas en respuesta a la ley. Judicial Watch, una fundación educativa conservadora y no partidista, presentó la primera demanda en agosto.

La segunda demanda fue presentada por un inversor comercial representado por la Pacific Legal Foundation. Anastasia Boden, abogada principal de la firma y abogada principal del caso, considera que la ley es legalmente problemática.

«Esta ley es casi imposible de defender», dijo Boden a The Epoch Times. “Es una cuota que está extremadamente desfavorecida en la jurisprudencia de igualdad de protección, y es un mandato tan amplio que se aplica a cada sala de juntas y a todos los negocios en todas las industrias en todo el estado de California. No creo que pueda haber suficiente evidencia de discriminación para demostrar que este tipo de remedio es necesario”.

Se refirió a la ley como un intento de perseguir «un juego de números puros» que podría no resistir en la corte.

«Estamos demandando con un reclamo», dijo. «Esta ley viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda, [que] garantiza a las personas igual dignidad e igual protección. La ley exige exactamente lo que prohíbe la igualdad de protección, y eso es discriminación basada en el sexo».

En opinión de Boden, la ley reduce a los individuos a la membresía en sus grupos «en base a características inmutables», evitando así que prosperen como individuos.

«Esperamos la respuesta del gobierno», agregó. «El siguiente paso será que el gobierno responda nuestra queja o se mueva para desecharla».

Una coalición encabezada por la Cámara de Comercio de California escribió una carta abierta a los legisladores en agosto de 2018 declarando que, si bien están de acuerdo con la intención de la ley, no están de acuerdo con la forma en que la ley busca hacer cumplir la diversidad.

La carta continuó diciendo que la ley probablemente solo conducirá a multas costosas y posibles litigios, citando tanto las Constituciones de EE. UU., como la de California, al igual que la Ley de Derechos Civiles como motivos para su oposición.

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