Estados pro-sindicales pierden 1 millón de empleos; estados pro-mercado ganan 1.3 millones de empleos

Los demócratas luchan por anular las leyes de derecho al trabajo de los estados y obligar a la afiliación sindical
Por Kevin Stocklin
06 de Septiembre de 2022 2:26 PM Actualizado: 06 de Septiembre de 2022 2:26 PM

Un informe reciente basado en los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) confirmó lo que era anecdóticamente evidente: Que los empleos continúan desplazándose de los estados favorables a los sindicatos hacia los estados con más políticas de libre mercado.

El estudio realizado por el economista Todd Nesbit y el analista de políticas públicas Michael LaFaive informó que los estados con derecho al trabajo (RTW) agregaron 1.3 millones de empleos desde la pandemia, mientras que los estados sin RTW perdieron 1.1 millones de empleos. Las leyes RTW establecen que no se puede obligar a los trabajadores a afiliarse a sindicatos ni a pagar cuotas sindicales.

La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935, obligaba a los empleados que trabajaban para una empresa sindicalizada a pagar cuotas sindicales como condición de empleo. Sin embargo, la Ley Taft-Hartley de 1947, que primero fue vetada por el presidente Harry S. Truman y luego pasó por alto sus objeciones, permitió a los estados aprobar leyes contra la afiliación sindical forzosa.

Actualmente, 28 estados han aprobado leyes RTW. Ahora están cosechando los beneficios en términos de mayor inversión, empleo, crecimiento de la población e ingresos fiscales estatales.

“No es sorprendente ver las últimas cifras del BLS”, le dijo Lee Schalk, vicepresidente de política del American Legislative Exchange Council (ALEC), a The Epoch Times. “También es coherente con las tendencias migratorias que hemos seguido. Esto se puso de manifiesto durante la pandemia, ya que cientos de miles de personas abandonaron estados que no tenían derecho al trabajo, como Nueva York y California, e inundaron estados con derecho al trabajo, como Florida, Texas, Carolina del Norte y muchos estados del sur”.

El estudio de Nesbit y LaFaive indicó que 16 de los 28 estados RTW ya han recuperado por completo los empleos perdidos durante la pandemia. Algunos, incluso, han superado los niveles de empleo previos a la pandemia. De los estados que no pertenecen a RTW, solo Colorado y Montana han recuperado todos los empleos perdidos.

Para detener el declive de los trabajos sindicalizados, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron en marzo de 2021 la Ley de protección del derecho a organizarse (PRO), que obligaría una vez más a todos los trabajadores de las empresas sindicalizadas a afiliarse a un sindicato y anularía las leyes estatales de RTW. La Ley PRO “permite que los acuerdos de negociación colectiva exijan a todos los empleados representados por la unidad de negociación que contribuyan con cuotas a la organización laboral por el coste de dicha representación, a pesar de que una ley estatal disponga lo contrario”.

Entre otras cosas, la ley también permite que los votos sobre la sindicalización se realicen haciendo que los trabajadores firmen tarjetas o peticiones en lugar de una votación secreta. Los opositores argumentan que esta práctica, llamada “organización de verificación de tarjetas”, podría exponer a los trabajadores a la intimidación por parte de los organizadores sindicales.

Mientras elogiaba la Ley PRO, el presidente Joe Biden declaró que “casi 60 millones de estadounidenses se unirían a un sindicato si tuvieran la oportunidad, pero demasiados empleadores y estados les impiden hacerlo mediante ataques antisindicales. Saben que, sin sindicatos, pueden controlar a los trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados”. Biden se ha considerado “el presidente más pro-sindical de la historia”.

La ley sería un salvavidas para los trabajadores organizados, cuya membresía ha caído constantemente del 35 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos en la década de 1950 al 10.5 por ciento en la actualidad, con solo el 6.4 por ciento de los trabajadores de empresas privadas eligiendo estar sindicalizados (el resto son empleados del gobierno).

La Ley PRO aún no se ha presentado en el Senado y parece poco probable que se apruebe en este momento, con poco apoyo de los republicanos. Los partidarios de la Ley PRO han dicho que las leyes RTW son “derecho a trabajar por menos”, argumentando que los trabajadores están mal pagados en los estados RTW en comparación con los estados sindicales.

En los estados RTW, los salarios aumentan

Sin embargo, según un informe de 2018 de la consultora National Economic Research Associates (NERA), “las leyes RTW no conducen a salarios promedio más bajos en industrias sindicalizadas o no sindicalizadas”. Por el contrario, el informe indicó que los ingresos personales aumentaron un 10 por ciento más en los estados RTW entre 2001 y 2016, aumentando un 39 por ciento en comparación con el 26 por ciento en los estados no RTW.

El informe de NERA afirma, además, que “una densidad sindical más baja está asociada con niveles más altos de empleo, mayor inversión y gasto en I+D y mayor innovación”, y señala que el empleo en el sector privado en los estados RTW creció un 27 por ciento, frente al 15 por ciento en los estados que no son RTW. Los estados RTW también lideran en productividad, generando una producción de trabajadores que es más del 10 por ciento más alta que los estados que no son RTW.

“Los estados con derecho al trabajo pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado o las condiciones económicas”, dijo Schalk. “Pueden hacer cosas como incentivar una mayor productividad al ofrecer un pago por mérito mejorado o beneficios que de otro modo no podrían ofrecer bajo contratos sindicales”.

La presión por un mayor control sindical sobre los trabajadores estadounidenses también plantea problemas de derechos civiles, dados los estrechos vínculos políticos entre los sindicatos y el Partido Demócrata. En junio de 2018, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en Janus vs AFSCME que obligar a los empleados a pagar para apoyar las posiciones políticas de los sindicatos era una violación a sus derechos de libertad de expresión. La opinión de la corte declaró que “obligar a personas libres e independientes a respaldar ideas que encuentran objetables plantea serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda”.

Cuando se les dio la opción, solo el 4 por ciento de los trabajadores del sector privado en los estados RTW optaron por afiliarse a sindicatos, en comparación con el 9 por ciento en los estados que no son RTW donde no tenían otra opción.

Estados pro-sindicales en gris y estados pro-mercado en azul. (Fuente: Fundación Nacional de Educación y Defensa Jurídica por el Derecho al Trabajo)

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