Exminera canadiense podría tomar el control de refinería venezolana y dudan que Guaidó pueda evitarlo

Por Anastasia Gubin
02 de Octubre de 2019
Actualizado: 02 de Octubre de 2019

Un tribunal de EE. UU. podría permitir que uno de los acreedores de Venezuela, la empresa canadiense Crystallex International Corp., allane caminos para tomar el control de Citgo Petroleum Corp., el conjunto de refinerías de petróleos en suelo estadounidense, que es el activo externo más grande conocido de Venezuela.

El Tribunal de Apelaciones levantó el lunes una medida de suspensión que había congelado los intentos de Crystallex de arrebatar la participación del 100% de la propiedad de Venezuela en Citgo como compensación por una deuda gubernamental de USD 1400 millones.

Esto hace que aumenten las probabilidades de una venta forzada, comentó The Wall Street, el 30 de octubre.

Hugo Chávez expropió un proyecto de minería de oro que Crystallex tenía en Venezuela, lo que derivó en una disputa legal que se inició en 2011 y terminó con un fallo de arbitraje a favor de la empresa canadiense, reportó Reuters

Para evitar que la compañía presentara ante un juez estadounidense los argumentos para subastar a Citgo, Venezuela completó un pago inicial de 425 millones de dólares en noviembre y acordó liquidar el resto de la deuda en cuotas a principios de 2021. Sin embargo Venezuela debía acreditar documentos antes del 10 de enero para que Crystallex no reiniciara los procedimientos legales. 

El 29 de julio, un tribunal de Estados Unidos falló a favor de Crystallex y determinó la suma a incautar en compensación por los activos expropiados por Venezuela, según The Grayzone.

Además de Crystallex, otras compañías con demandas contra Venezuela también están apuntando a Citgo para obtener una compensación, incluidas Owens-Illinois Inc., ConocoPhillips Co. y Rusoro Mining Ltd.

Citgo. ( Scott Olson/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva a inicios de agosto con un congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en el país, lo que permitió proteger a Citgo de posibles incautaciones de los tenedores de bonos. 

“Hoy no hay posibilidad de perder a Citgo”, dijo a los periodistas el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el 6 de agosto.

Según The Wall Street, una venta forzada requeriría la aprobación del Departamento del Tesoro de EE. UU., y por otro lado Citgo ha considerado declararse en bancarrota como una de las varias opciones para resolver los reclamos de la compañía.

Después que Guaidó asumió al poder el 23 de enero, al mes siguiente nombró la nueva junta directiva de Citgo pero los exdirectores leales a Nicolás Maduro presentaron una demanda en un Tribunal de Delaware, que fue desestimada el 21 de agosto, informó Reuters. La compañía entonces nombró a un exejecutivo de Citgo, Carlos Jorda, como su nuevo director ejecutivo, y sucedió a Asdrúbal Chávez, designado por Maduro.

La junta nombrada por Guaidó, que tendría la misión de salvaguardar los activos, hizo en mayo un pago de USD 71 millones sobre el bono 2020, pero quedó con incumplimiento de USD 913 millones con vencimiento en octubre, informó The Graizone.

El ingeniero y experto financiero Jorge Alejandro Rodríguez dijo a The Grayzone que duda de la labor de la Asamblea Nacional, su presidente y sus designados para proteger sus activos.

Guaidó nombró al abogado José Ignacio Hernández como su procurador general especial, decisión que fue ratificada por la Asamblea Nacional el 2 de octubre, sin embargo su cargo fue cuestionado por haber facilitado a Crystallex y a otra empresa demandante, Owens-Illinois, documentos que fueron usados por las cortes de justicia estadounidenses para avalar los derechos contra Venezuela. 

Según Rodríguez, Hernández “fue nombrado de manera fraudulenta”, por ocultar a Guaidó el testimonio de que ayudó a Crystallex en su demanda.

“¿Por qué cometió un fraude contra Guaidó y por qué cometió un fraude contra la Asamblea Nacional?”, cuestionó el experto.

“Si no das un giro en U para recuperar Citgo, entonces estamos a solo cinco kilómetros de distancia. Cinco kilómetros están cerca, a poca distancia”, añadió.

El 11 de febrero de 2019, Owens-Illinois presentó una demanda contra el gobierno de Venezuela, PDVSA y sus filiales con sede en  EE. UU. Documentos de la corte pública revelaron que Owens-Illinois realizó un pago de USD 163.720 por la experiencia legal de Hernández, lo que fue señalado por Rodríguez como un conflicto de intereses.

Crystallex, a su vez, en una presentación judicial de marzo de 2019, declaró que “antes de asumir su cargo actual, José Ignacio Hernández, asesor especial de la Asamblea Nacional de Venezuela encargado de evaluar las reclamaciones de los acreedores contra Venezuela, proporcionó un testimonio experto que respalda los argumentos de alter ego de Crystallex”, argumento que, según Rodríguez, facilitó ganar la demanda en la corte estadounidense.

Citgo es una fuente de pago para los tenedores de bonos y las empresas multinacionales a las que Venezuela les debe miles de millones de dólares y estas empresas están presionando por todas las vías posibles para recuperar su inversión, mientras las crisis económica, política y humanitaria sigue su curso en el país.

De acuerdo a la opinión de Rodríguez, la Asamblea Nacional “no ha tomado su función de supervisión” y en el gobierno faltan mecanismos de control interno y externo que son comunes en los órganos de gobierno normales para prever los conflictos de intereses.

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