Expresidente del Tribunal Intermedio de China es despedido por corrupción

Por Eva Fu - La Gran Época
19 de Junio de 2019 Actualizado: 19 de Junio de 2019

Un funcionario responsable de la supervisión judicial en una ciudad del sur de China fue despedido recientemente. Se trata del último funcionario de alto rango que fue expulsado en el marco de la amplia campaña anticorrupción iniciada por el mandatario chino Xi Jinping.

Liu Shuguang, exsecretario del Partido Comunista Chino (PCCh) y expresidente del Tribunal Popular Intermedio de Shaoguan, fue puesto bajo investigación por “violar la disciplina y las leyes del Partido”, anunció el 31 de mayo la subdivision provincial de Guangdong de la agencia anticorrupción del Partido. El término usado es un eufemismo muy utilizado por el PCCh para referirse a la corrupción.

Liu pasó casi dos décadas en el sistema judicial de las ciudades de Shaoguan y Qingyuan, en la provincia costera de Guangdong. Se jubiló en 2016 a la edad de 61 años.

La breve declaración de la Comisión para la Inspección Disciplinaria no dio más detalles sobre los delitos que Liu había cometido.

Violaciones de los derechos humanos

Según Minghui.org –un sitio web con sede en Estados Unidos dedicado a documentar testimonios de primera mano sobre la persecución de la práctica espiritual de Falun Dafa, prohibida en China– Liu estuvo directamente involucrado en crímenes contra los derechos humanos.

Falun Dafa, presentado al público en 1992, es una disciplina espiritual que combina ejercicios suaves de qigong y meditación, con enseñanzas morales basadas en los principios universales Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Para 1999, más de 100 millones de personas la practicaban, de acuerdo con las estimaciones del régimen en ese momento. El Partido Comunista Chino lo vio como una amenaza a su autoridad, y en julio de 1999, el entonces cabecilla del Partido, Jiang Zemin, lanzó una persecución en todo el país que continúa hasta el día de hoy, deteniendo a los practicantes y arrojándolos en centros de detención y prisiones, donde generalmente son torturados con el propósito de forzarlos a que renuncien a su fe.

Liu había desempeñado su papel en la persecución desde 1999 a través del sistema judicial. Mientras supervisó el tribunal intermedio, así como los tribunales inferiores, los practicantes de Falun Dafa recibieron duras sentencias de prisión por sostener sus creencias, según testimonios en Minghui.

Al menos ocho practicantes fueron sentenciados con penas de hasta ocho años bajo la supervisión de Liu, según los artículos de Minghui.

En 2005, el entonces gobernador de Guangdong, Huang Huahua, consideró que la ciudad de Shaoguan era una región clave para implementar la persecución, una política que Liu “cumplió ardientemente”, según Minghui.

Como ejemplo, a un abogado que representaba a dos practicantes de Falun Dafa en el Tribunal de Distrito de Qujiang en Shaoguan no se le permitió hablar en el tribunal en defensa de sus clientes, ni se le permitió presentar su declaración escrita. El abogado fue finalmente escoltado fuera del tribunal por cuatro agentes de seguridad.

Bajo la jurisdicción de Liu, Liang Huizhen, madre de dos hijos, fue detenida al menos cinco veces en 2001 y 2005 y pasó cinco años en prisión, según un artículo de Minghui de 2012.

Huang también estableció una dependencia local de la Oficina 610, la fuerza policial similar a la Gestapo, creada expresamente para llevar a cabo la represión contra Falun Dafa.

La Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong (WOIPFG, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, señaló a Huang como uno de los perpetradores de violaciones de derechos humanos.

Pidiendo el fin de la persecución

Al menos 94 practicantes en la provincia de Guangdong, y 4313 en toda China, murieron debido a la persecución, según los registros de Minghui. El sitio web señaló, sin embargo, que las cifras reales son probablemente mucho más altas, ya que la información de China tiene que filtrarse a través de un laberinto de encubrimiento y censura del régimen comunista chino, lo que dificulta medir el verdadero alcance de la persecución.

Desde entonces, muchos funcionarios y organizaciones internacionales pidieron que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y que el régimen totalitario respete la libertad religiosa de sus ciudadanos.

“Ya van dos décadas. Y la extensión, el nivel, el volumen, los tipos de persecución, son horribles. Debería estremecernos a todos hasta lo más profundo”, dijo Tina Mufford, subdirectora de investigación y política de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, en una entrevista reciente con NTD, una televisora asociada a La Gran Época.

“El comité internacional no puede ignorar lo que está sucediendo”, dijo Nadine Maenza, comisionada de la misma organización, un organismo federal independiente que asesora al gobierno de Estados Unidos y al Congreso sobre temas de libertad religiosa.

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