Todos lo saben pero ninguno alza la voz. Las zonas rurales del centro de México atravesadas por oleoductos sufren desde hace años sistemáticos robos de gasolina, un sabotaje de sobra conocido por los vecinos y del que nadie se hace responsable.
Tras la explosión el pasado viernes de una tubería saboteada que dejó 95 muertos en el central estado de Hidalgo, el mandatario de México, optó por diseñar un programa que desincentive el robo de combustible.
Su objetivo es muy claro: desarrollar económicamente las zonas atravesadas por oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a fin de que la gente no tenga que robar gasolina y revenderla para poder sobrevivir.
«Ha habido mucho, todo el mundo sabe del robo de gasolina», cuenta a Efe Máximo, un campesino de Ixtlahuaca, municipio a dos horas de Ciudad de México que, según el Gobierno, ha sufrido dos sabotajes en las últimas semanas.
Máximo, que asiste a un mitin, dice desconocer «de donde viene esta mafia que estaba robando la gasolina» y considera que el programa del mandatario mexicano para acabar con el robo es «una buena medida para que salgamos todos beneficiados».
Ixtlahuaca se encuentra en el Estado de México, donde el año pasado se registraron 1.268 casos de huachicoleo, palabra con la que se conoce el robo de combustibles, el cual ha provocado pérdidas de 3.400 millones de dólares anuales (unos 65.000 millones de pesos) en todo el país.
López Obrador ha querido combatir este fenómeno desplegando a militares en los oleoductos, pero eso no fue suficiente para evitar la tragedia de Hidalgo, donde centenares de pobladores se arrojaron a la tubería con cubos y garrafas para extraer gasolina.
Pero el huachicoleo no solo lo realizan personas en situación de pobreza, cuenta a Efe Marisol, locataria de un pequeño comercio de Ixtlahuaca.
«No es gente humilde, es gente de poder y de dinero», sostiene la mujer, quien explica que para las grandes operaciones de huachicoleo se utilizan avanzadas tecnologías para perforar oleoductos, extraer el combustible y transportarlo para lucrarse en el mercado negro.
Esta comerciante, que dice haber presenciado sabotajes de oleoductos en Ixtlahuaca, no señala a nadie en concreto pero apunta que los responsables del huachicol son «gente de partidos que ya sabemos».
«Los mexicanos no se habían dado cuenta de toda la corrupción que había, se supone que Pemex es de los mexicanos y no era de los mexicanos. ¿De quién era? Del huachicol», añade.
El apoyo al mandatario mexicano, en cambio, es notable en las calles de este pueblo rural, donde se venden todo tipo de recuerdos como llaveros, peluches, tazas o camisetas del líder.
«Creo que como ciudadanos no hemos tomado ni conciencia ni responsabilidad» sobre el hucachicol, dice a Efe esta vecina de Ixtlahuaca que admite que en el pueblo hay robo de combustible, aunque dice que es «discreto».
Sea como sea, los programas económicos en forma de becas y pensiones impulsados por el gobierno han tenido una buena acogida en este empobrecido municipio, donde se han establecido mesas para que la gente puede solicitar las ayudas.
Es el caso de Perla, una estudiante de Química que descubrió por redes sociales que el Gobierno ofrece becas para el transporte de los universitarios.
«Pues (Gobierno) sí nos está tomando en cuenta a los estudiantes y a las comunidades para que mejoren las condiciones de nuestro municipio», explica ilusionada.
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