El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, ha apoyado la lucha de Georgia contra la demanda del Departamento de Justicia (DOJ) a la ley de reforma electoral de Georgia. Algunos simpatizantes de la ley dicen que mejorará la integridad de las elecciones, pero sus contradictores afirman que busca «suprimir de votantes».
«Como fiscal general de Arizona, otro estado donde el Departamento de Justicia está intentando intimidar a los funcionarios locales, sepa que estamos con usted en esta lucha y haremos todo lo posible para rechazar este ataque descaradamente político e inmerecido», escribió Brnovich al fiscal general de Georgia, Chris Carr, en una carta fechada el 25 de junio (pdf).
Brnovich, que calificó la ley de votación de Georgia como una medida de «integridad electoral de sentido común», dijo que, al presentar su demanda, «el Departamento de Justicia parece más preocupado por apaciguar a los expertos de extrema izquierda y a los activistas radicales que por defender el estado de derecho».
«Todos los estados tienen la autoridad y el deber de garantizar la confianza pública en la integridad de nuestro proceso electoral», escribió Brnovich.
El viernes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Georgia por SB 202, o la Ley de Integridad Electoral de 2021 (pdf), que aprobaron ambas cámaras legislativas estatales sin respaldo demócrata y fue promulgada por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el 25 de marzo.
El fiscal general Merrick Garland, quien anunció la demanda en una conferencia de prensa el viernes, alegó que la ley es una violación a las protecciones de la Ley Federal de Derechos Electorales para los votantes minoritarios.
«Nuestra queja alega que los cambios recientes a las leyes electorales de Georgia se promulgaron con el propósito de negar o restringir el derecho de los georgianos negros a votar debido a su raza o color», dijo Garland.
«Donde creemos que los derechos civiles de los estadounidenses han sido violados, no dudaremos en actuar», agregó.
Kemp, en una declaración a The Epoch Times, criticó la demanda por ser producto «de las mentiras y la desinformación que la administración Biden ha impulsado contra la Ley de Integridad Electoral de Georgia desde el principio».
«Ahora», agregó su declaración, «están armando al Departamento de Justicia de EE.UU. para llevar a cabo su agenda de extrema izquierda que socava la integridad de las elecciones y empuja al gobierno federal a extralimitarse en nuestra democracia».
El fiscal general de Georgia se refirió a los pronunciamientos de Kemp durante una entrevista en Fox News el lunes, calificando la demanda como «constitucionalmente incorrecta» y motivada políticamente.
«Esta acción descaradamente política del Departamento de Justicia de Estados Unidos es (…) constitucionalmente incorrecta», dijo Carr, y agregó que «cualquiera que realmente lea la ley de Georgia ve que fortalece la seguridad, amplía el acceso [a los votantes] y mejora transparencia».
Las reformas piden a los votantes una foto o una identificación aprobada por el estado para votar por correo. También exigen que se coloquen buzones seguros dentro de los lugares de votación anticipada, con vigilancia constante. La ley, además, amplía las votaciones anticipadas en todo el estado, algo que aborda una preocupación clave de los demócratas. La ley también acorta el ciclo electoral para las segundas elecciones, de nueve semanas a cuatro, y requiere un mínimo de una semana de votación anticipada antes del día de las elecciones.
Los partidarios de las medidas de reforma electoral de Georgia argumentan que son mejoras necesarias para apuntalar la integridad y reconstruir la confianza en las elecciones estatales.
Los críticos dicen que la ley hace que sea más difícil emitir un voto y que afecta de manera desproporcionada a los votantes de las minorías.
Jack Philipps contribuyó a este artículo.
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