Fiscal General de DC demanda al comité inaugural de Trump por supuesto sobrepago

Por Zachary Stieber
23 de enero de 2020 1:46 PM Actualizado: 23 de enero de 2020 1:46 PM

El fiscal general del Distrito de Columbia demandó el miércoles al comité inaugural y a la empresa familiar del presidente Donald Trump, alegando que el comité pagó en exceso por el uso del hotel de la Organización Trump en la capital de la nación.

El comité inaugural de Trump, una organización sin fines de lucro, «malgastó indebidamente al pagar en exceso a las entidades demandadas de Trump por el uso del espacio del hotel Trump para ciertos eventos inaugurales», según la presentación judicial (pdf) del Fiscal General Karl Racine.

El comité inaugural presidencial, o PIC (por sus siglas en inglés), abandonó su propósito de apoyar las actividades relacionadas con la inauguración del 2017 «cuando despilfarró aproximadamente un millón de dólares de fondos de beneficencia en sobrepagos por el uso del espacio para eventos en el Hotel Trump, propiedad de las Entidades Trump y controlado por ellas», indica el expediente.

«Una organización sin fines de lucro abandona su propósito público cuando permite que cualquier porción de sus fondos se gaste en formas que están diseñadas para beneficiar a personas o compañías privadas. Este principio sin fines de lucro bien establecido, la prohibición de la corrupción privada, se incluyó específicamente en el acta constitutiva del PIC».

«La ley del distrito requiere que las organizaciones sin fines de lucro usen sus fondos para su propósito público declarado, no para beneficiar a individuos o compañías privadas», dijo Racine en una declaración. «En este caso, estamos buscando recuperar los fondos de las organizaciones sin fines de lucro que fueron inapropiadamente canalizados directamente al negocio de la familia Trump».

El expediente dice que Rick Gates, un exfuncionario de la campaña de Trump que fue condenado a 45 días de cárcel en diciembre de 2019 por fraude financiero y por mentir a los investigadores, era un ejecutivo del comité inaugural y acordó con el director ejecutivo del Hotel Trump y los miembros de la familia de Trump pagar a las entidades de Trump 175,000 dólares diarios para que el comité reservara espacio para el evento del 17 al 20 de enero de 2017.

La gente camina frente al hotel Trump International en la avenida Pennsylvania en Washington
Personas camina frente al hotel Trump International en la avenida Pennsylvania en Washington el 25 de octubre de 2019. (Mark Wilson/Getty Images)

Agregando otros gastos, el comité gastó un poco más de un millón de dólares por el espacio, según alegó el tribunal. El planificador de eventos del comité dijo que los cargos eran por lo menos el doble de la tarifa de mercado, de acuerdo con un correo electrónico publicado por Racine, quien también alegó que el espacio del evento debería haber sido proporcionado gratuitamente porque el comité alquiló un conjunto de habitaciones del Hotel Trump durante la semana de la inauguración. Además, en algunos de los días en que el comité pagó por el espacio, no realizó eventos oficiales y otras organizaciones estaban usando el mismo espacio, según el archivo.

Los funcionarios de alto nivel de las Entidades Trump estaban al tanto de la condición de organización sin fines de lucro del comité inaugural, indica el expediente. Dice que el PIC se involucró en un acto ilegal «al contratar y pagar a sabiendas por servicios diseñados para enriquecer a las entidades privadas».

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Organización Trump calificó de falsas las afirmaciones de la demanda.

«Las afirmaciones del Fiscal General son falsas, intencionalmente engañosas y plagadas de inexactitudes», dijo un portavoz.

«Las tarifas cobradas por el hotel estaban completamente en línea con lo que cualquier otra persona habría cobrado por un evento sin precedentes de esta enorme magnitud y reflejaban el hecho de que el hotel acababa de abrir, poseía instalaciones superiores y estaba situado en el centro de la Avenida Pennsylvania. El intento del Fiscal General de regular qué descuentos cree que el hotel debería haber proporcionado, así como el momento de esta queja huele a política y es un claro truco de relaciones públicas».

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