Fiscales abandonan caso contra empresa acusada de financiar a grupo de trolls rusos

Por Petr Svab
19 de Marzo de 2020 12:12 PM Actualizado: 19 de Marzo de 2020 12:12 PM

Fiscales han abandonado el caso contra una empresa que supuestamente financió un grupo de trolls rusa que se inmiscuyó en las elecciones presidenciales de 2016.

La empresa rusa, Concord Management and Consulting, no tenía intención de someterse a juicio y enfrentarse a la acusación, y en su lugar estaba aprovechándose del gobierno de Estados Unidos para obtener documentos relacionados con el caso, intentando que se desestimara el caso y tratando de “impugnar en general” al gobierno, argumentaron los fiscales en una moción del 16 de marzo.

“Cada vez es más evidente para el gobierno que Concord trata de disfrutar selectivamente de los beneficios del proceso penal estadounidense sin someterse a las obligaciones concomitantes”, dijeron (pdf).

El caso fue presentado en febrero de 2018 por el entonces abogado especial Robert Mueller, quien estaba investigando, entre otras cosas, las acusaciones de que Rusia se había inmiscuido en las elecciones estadounidenses de 2016.

Mueller acusó a la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una empresa rusa, y a algunos de sus empleados de conspirar para socavar los deberes de la Comisión Federal Electoral, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Estado “de prevenir, revelar y contrarrestar la influencia extranjera indebida en las elecciones y en el sistema político de Estados Unidos”.

Supuestamente lo hicieron mediante anuncios en línea y la creación de páginas y publicaciones en redes sociales con el fin de avivar la división de la sociedad estadounidense y socavar la confianza en el sistema democrático antes de las elecciones.

La acusación también se dirigía a Concord y a su fundador, Yevgeniy Prigozhin, alegando que la empresa “controlaba la financiación, recomendaba personal y supervisaba” a la IRA.

Como todos los acusados tenían su residencia en Rusia, había pocas posibilidades de que alguno de ellos fuera juzgado. Sin embargo, Concord contrató a Eric Dubelier y Kate Seikaly del bufete de abogados Reed Smith y a través de ellos se ofreció a enfrentar los cargos.

Dubelier, un fiscal veterano, una y otra vez excusó y ridiculizó a los fiscales, lanzando acusaciones de “argucias”, diciendo que la gente de Mueller en un momento dado sonaba “muy similar” a Piolín, y que Mueller “acusó al proverbial sándwich de jamón“.

Cuando el informe final de Mueller dijo que el trabajo de la IRA era parte de la campaña de “medidas activas” de Rusia, Dubelier protestó, diciendo que la acusación de la IRA ni siquiera alegaba una conexión con el gobierno ruso y el gobierno de EE.UU. estaba prejuzgando el caso. En respuesta, uno de los fiscales dijo: “El informe [de Mueller] en sí mismo no afirma en ningún lugar que el gobierno ruso estuviera detrás de la actividad de la Agencia de Investigación de Internet”. (pdf)

El informe en realidad dice, en parte: “En resumen, la investigación estableció que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a través de la campaña de redes sociales de ‘medidas activas’ llevada a cabo por la IRA, una organización financiada por Prigozhin y las empresas que él controlaba”. (pdf)

El juez de la corte de distrito, Dabney Friedrich, nombrado por Trump y con residencia en Washington, dijo en mayo de 2019 que “parece” que el gobierno violó las reglas de la corte. Prohibió al gobierno hacer “cualquier declaración pública que vincule la supuesta conspiración de la acusación con el gobierno ruso o sus agencias”. (pdf)

Los fiscales reconocieron que gastaron “considerables” recursos de los contribuyentes en el caso, pero sostuvieron que ha habido nuevos acontecimientos que los hicieron reconsiderar.

Uno de ellos son sus objeciones al comportamiento de Concord ante el corte.

Los fiscales dijeron que el demandado hizo caso omiso de las citaciones e ignoró una orden judicial; los abogados de Concord lo han negado con vehemencia. Dijeron que cumplieron oportunamente con cada orden judicial y que fue culpa de los fiscales que el caso se prolongara porque esperaron hasta diciembre para emitir su primera citación y reiteradamente hicieron demandas demasiado amplias de documentos.

De hecho, el juez dijo dos veces a los fiscales que redujeran sus citaciones.

Los fiscales también argumentaron que es poco probable que Concord, que ya se enfrenta a sanciones de Estados Unidos, sufra un “castigo justo” y que la fiscalía se arriesga a “exponer las herramientas y técnicas de aplicación de la ley” utilizadas en el caso. Ambos de esos argumentos parecen haberse aplicado ya hace dos años.

Los fiscales dijeron además que ya no pueden utilizar algunas de sus pruebas después de que se sometieran a un examen de clasificación. No está claro por qué los fiscales no se anticiparon a esta cuestión.

Los problemas con el enjuiciamiento del caso fueron inmediatamente claros para los observadores después de que Concord diera el primer paso.

“Una cosa que nunca quiere hacer es acusar en un caso que no está preparado para juzgar”, dijo el exfiscal federal Andrew McCarthy al Daily Caller en ese momento.

Como parte del descubrimiento, fase en la que ambas partes dan acceso a la otra a las pruebas, el gobierno entregó a Concord millones de documentos, en su mayoría material obtenido de las empresas de redes sociales, pero también correos electrónicos y documentos sensibles no públicos. Más de 1000 de los documentos se filtraron en línea, según encontró el FBI (pdf).

El 16 de marzo, Friedrich concedió la moción de desestimar el caso con prejuicio, lo que significa que no puede ser llevado de nuevo a la corte. La acusación contra los demás acusados, incluidos el IRA y Prigozhin, sigue en pie, pero no serán juzgados a menos que se sometan a la jurisdicción de Estados Unidos o sean detenidos en un país con un tratado de extradición de Estados Unidos. Rusia no es uno de esos países.

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